Un país sin voz: ¿por qué la extorsión y el sicariato siguen siendo el pan de cada día en el Perú?

Durante los últimos años, el Perú ha experimentado un incremento alarmante de casos de extorsión y sicariato. Transportistas, comerciantes, emprendedores e incluso artistas han sido víctimas de amenazas y asesinatos vinculados al crimen organizado.

Solo en el 2025, 180 conductores fueron asesinados por negarse a pagar cupos a bandas criminales, mientras que las denuncias por extorsión continuaron aumentando en distintas regiones del país. Al día se reportaron 67,5 denuncias relacionadas al cobro de cupo, extorsión y sicariato. Esta situación ha generado miedo, paralizaciones y cuestionamientos hacia el Estado y su capacidad para afrontar este tipo de crisis.

Esto se puede ver principalmente en un caso que sacudió a toda la comunidad de Sullana. El pasado 5 de junio del 2026, cuando un grupo de sicarios disparó una ráfaga de 60 tiros a cuatro personas miembros de una familia entre los cuales se encontraba un menor de edad. A pesar de los intentos de auxilio, las cuatro personas fallecieron en el acto.

“Él estaba en la casa de su abuela. Yo había salido a comprar. Cuando me llamaron, me dijeron que a mi hijo lo habían baleado”, relató el padre del menor fallecido al medio local Reporteros 365. Según contó, el adolescente se encontraba jugando con un amigo cuando los sicarios irrumpieron en la vivienda y abrieron fuego contra todos los presentes.

Julio Talledo, director del medio digital Noticias 360, advirtió que las organizaciones criminales han ampliado sus zonas de acción. “Todas las modalidades de crimen que se ven en Lima se han expandido al norte”.

La tragedia de Sullana no es un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis que el Gobierno ha intentado frenar con decretos que, para muchos, resultan insuficientes. Así, el peruano de a pie debe decidir entre dejar de trabajar un día (lo que implica que no llevar sustento a su hogar) o arriesgar su vida por negarse a pagar una extorsión.

Según reportes oficiales de la PNP, entre el 1 de enero y el 2 de junio del 2026, se reportaron 1071 homicidios en todo el país.

Como se puede observar en el ‘mapa del delito’ actualizado a mayo del 2026, la zona costa del Perú es la que más se ve afectada por estos delitos, debido también a que la mayor parte de población vive en esta región.

El contraste estadístico revela una realidad compleja. El año 2025 cerró con un saldo devastador de más de 25,000 peruanos extorsionados y un promedio de casi siete homicidios diarios.

Mientras que tan sólo entre el 1 y el 19 de enero del 2026, la Policía Nacional del Perú informó sobre 512 denuncias por extorsión, una cifra que, si bien representa una reducción respecto al mismo periodo del 2025 (1.101 denuncias), resulta apenas menor que la registrada en el 2024 (833) y en el 2023 (597).

¿Qué ha propuesto el Gobierno en el 2026 para reducir el crimen?

• Se reglamentó la Ley 32490.
• Se creó el Subsistema Especializado contra la Extorsión.
• Se busca proteger al transporte público.

“El escepticismo de la población ante los estados de emergencia es un tema que causa revuelo en el ciudadano”. El exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, señala que estas medidas constituyen un fracaso debido a la ausencia de planes de control territorial reales en distritos críticos como San Juan de Lurigancho o San Martín de Porres. “La ineficacia es tal que ha provocado la censura parlamentaria de ministros del Interior por el incontenible avance delictivo“.

Y es que para la mayoría de peruanos el estado de emergencia no es una medida que disipe los robos/extorsiones/delitos, sino más bien una medida tomada para “hacer creer” que el Gobierno esta tratando de luchar contra la problemática. Por el contrario, algunas voces señalan que los políticos buscan beneficiarse mediante las proclamadas leyes “Pro-Crimen“, las cuáles pondrían trabas a la hora de acabar con este problema, aquí un ejemplo:

Los puntos clave que la Ley 32108 incluyen:

• Nueva definición de organización criminal: Eleva el estándar a la hora de considerar a un grupo como tal. Se requiere una compleja estructura, y que su fin sea controlar cadenas de valor de economías ilegales para obtener ganancias.
• Exclusión de delitos: Ciertos delitos (como estafa, colusión, o tráfico de migrantes) ya no pueden ser investigados bajo la figura de crimen organizado.
• Reglas de allanamiento y descerraje: Exige que, durante los allanamientos, estén presentes tanto el investigado como su abogado defensor.

El descontento ciudadano no solo apunta a la presunta ineficacia de los estados de emergencia detallada por el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, sino también a normas del Congreso como la Ley 32108. Al elevar el estándar para definir una organización criminal y exigir la presencia del abogado defensor en los allanamientos, esta ley es percibida por la población como un salvavidas para el crimen.

Los más afectados, los trabajadores informales

En el año 2025 la tasa de informalidad era de un 70.7%; es decir, 7 de cada 10 trabajadores eran informales. Un sector que, según el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, viene siendo afectado “muy intensamente”.

“Si bien los datos del INEI al 2025 muestran una informalidad cercana al 70.7%, análisis especializados en seguridad criminal elevan la cifra actual de la población laboral informal al 84%. Este gigantesco sector desprotegido es el escenario ideal para las mafias que cobran ‘cupos’ de seguridad urbana. Un ejemplo crítico es el sector transporte en Lima y Callao: existen cerca de 300 empresas formales (250,000 vehículos) y 150,000 informales; las redes de extorsión exigen entre 5 y 10 soles diarios por unidad, acumulando sumas millonarias y dejando un saldo de más de 130 muertes entre choferes y mototaxistas”, señala Pérez Rocha.

Esta situación beneficia directamente a los extorsionadores, ya que los trabajadores informales muchas veces no cuentan con protección privada y son más vulnerables ante ataques en plena luz del día.

Es necesario recalcar también que esta problemática no es exclusiva de una sola parte del Perú, como se pudo evidenciar en el mapa anteriormente mostrado, pues este problema evoca en toda parte del país.

Con lo observado anteriormente es más claro que el Gobierno debe reorganizar su intento de lucha contra el sicariato, ya que no se puede observar de manera eficaz el combate directo en contra de los diversos grupos de extorsión.

Por más que existen diversos intentos de combatir al sicariato en la actualidad, ninguna medida presenta realmente las capacidades necesarias para poder afrontar el problema, para el peruano común, el día a día es un azar, ya que debes apostar tu vida por trabajar o incluso solo por movilizarte.