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Con la impunidad que le otorga un sistema de justicia que no atendió la primera denuncia, Hialmar Laynes Sánchez lleva 18 meses acosando a –por lo menos– cinco mujeres. Las ha amenazado de muerte, se ha jactado de conocer sus datos personales, el lugar donde estudian sus hijos, qué hacen sus familiares. Les ha mandado fotografías pornográficas e insultado con todos los agravios posibles. Lo detuvieron una vez y lo soltaron. Se pronunció el Ministerio de la Mujer y el Ministro del Interior y nada pasó. El viernes, luego de dos semanas de la última vez que estuvo en manos de la policía, se ordenó su captura. Pese a todo, hasta ahora sigue libre.
El Cuarto Juzgado Investigación Preparatoria La Molina ordenó su ubicación y captura inmediata por haber incumplido las reglas de conducta que se le impuso tras ser denunciado por acoso sexual. La jueza Martha Carranza revocó la anterior sentencia de prisión suspendida, emitida el 2 de agosto por desacato de medidas de protección a favor de la víctima, debido a que volvió a amenazar y enviar contenido pornográfico a Manuela Camacho, una de las agraviadas.
Han pasado 4 días y aún no han hecho siquiera la solicitud de mis medidas de protección. HOLA @MimpPeru @Poder_Judicial_ @PoliciaPeru @FiscaliaPeru cinco mujeres venimos siendo acosadas sexualmente y amenazadas de muerte por el mismo sujeto y NADIE nos ayuda!! pic.twitter.com/NhG12AqajV
— Manuela Camacho (@ManuCamacho) June 14, 2024
Aunque la orden de prisión efectiva es un respiro para las víctimas, mientras no se ejecute se mantiene el riesgo a su tranquilidad e integridad. “La sentencia se emitió a las 10 a.m. y hasta las 8 p.m. seguimos esperando que el fiscal Julio Mamani solicite el allanamiento. La policía está afuera de su casa desde hace horas, pero no pueden ingresar”, contó Camacho el día de la sentencia a El Comercio.
El caso tampoco se cierra ahí. Laynes Sánchez, de 55 años, tiene dos procesos abiertos por acoso sexual. Su violento modo de actuar se repite sistemáticamente con las cinco mujeres agraviadas, todas periodistas de diferentes medios de comunicación: a través de cuentas de Instagram y Facebook envía cientos de mensajes amenazantes e imágenes con contenido sexual. También crea grupos de chat donde añade a otras mujeres periodistas para enviar masivamente las mismas amenazas. Insulta, amedrenta, revela que conoce detalles personales de sus víctimas y cierra sus cuentas temporalmente. Desaparece unos días y luego la pesadilla se repite. Para tener una idea de la magnitud del hostigamiento, solo Manuela Camacho ha recibido un promedio de 80 mensajes cada día.
Las primeras denuncias datan de marzo del 2023, cuando la periodista Trilce Reyes puso en evidencia el acoso del que era víctima. Pese a las evidencias, su caso se archivó. “Lo que pasó fue una negligencia. Ordenaron que Trilce pase por cámara Gesell, pero el agresor iba a estar presente. Obviamente, no fue porque se moría de susto y por eso archivaron el caso. Las otras denuncias siguen, pero están estancadas”, explica Manuela.
No hay momento de paz después de que Hialmar saliera en libertad. Como cada día ayer fuimos a denunciar desacato por cuarta vez a mis medidas y desacato a su sentencia. La PNP lo busca en su domicilio de madrugada y él me envía este mensaje 1 am de hoy 15 de agosto . Mientras 👇🏽 pic.twitter.com/q4MUFE6ncO
— Manuela Camacho (@ManuCamacho) August 15, 2024
Para Camacho, además del acoso cada vez más agresivo viven un desgaste emocional por la falta de protección por parte de los operadores de justicia. “Sus amenazas son explícitas y más violentas. Lo peor fue que el Poder Judicial publicó la primera sentencia completa sin proteger mis datos. El acosador tiene mi dirección y mi teléfono. No hay empatía con nosotras. Les advertimos que si lo dejaban libre iba a seguir acosándonos y así sucedió”, lamentó.
Ayer, Hialmar Laynes se declaró inocente y dijo que lo han suplantado, pese a que en la audiencia anterior se acogió a la terminación anticipada.
Cinco casos de acoso al día
El acoso sexual es delito en el Perú desde el 12 de setiembre de 2018 y no fue hasta el año siguiente que el Poder Judicial emitió la primera condena por acoso sexual (la única de ese año). Desde entonces, suman en total 435 sentencias por el delito que se sanciona con una pena no menor de 3 ni mayor de 5 años, y hasta 8 años en caso de existir agravantes.
Aunque los fallos han aumentado diez veces (en el 2020 fueron 15 sentencias y el 2023, 157), aún son insuficientes para la cantidad de casos. Solo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reporta 2.638 atenciones por acoso sexual entre el 2023 y junio de este año en los Centros de Emergencia Mujer. Son casi cinco denuncias al día.
La abogada Shely Cabrera, responsable de Incidencia del Programa Sexualidad y Autonomía Física de Manuela Ramos, explica que uno de los principales problemas para atender a tiempo estas denuncias es que no se toman con la misma seriedad que otros delitos como el feminicidio o las agresiones físicas, aunque el acoso sea el primer paso de la cadena de violencia.
“El acoso es una medida de alerta y el primer paso para normalizar la violencia. Si se ignoran las amenazas, la violencia crece. Además, no se está cumpliendo con la poca normativa para proteger a las víctimas. Esto pasa en un caso mediático, pero se repite con víctimas que no quieren llevar sus denuncias a la prensa”, dijo a este Diario.
Esta trivialización del delito también lo vivieron las periodistas denunciantes. Manuela Camacho resume la pesadilla así: “Desde que empezamos a denunciar la respuesta era que ‘perro que ladra no muerte’, ‘el que avisa no lo hace’ ¿Recién será un delito cuando nos agreda o nos mate?”
Jueza aclara su fallo
Emma Tambini, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Molina, quien emitió la primera sentencia de pena suspendida, atribuyó a la fiscalía la responsabilidad de haber dejado libre a Laynes. El acosador había sido detenido en flagrancia el 29 de julio y liberado el 2 de agosto al ordenarse en su contra cinco años de prisión suspendida sujeta a reglas de conducta y una reparación civil de 3 mil soles.
“No podía detenerlo ni de oficio ni con fines de investigación porque el fiscal no hizo el requerimiento. La fiscalía y el investigado llegaron a ese acuerdo [prisión suspendida] por terminación anticipada”, dijo a este Diario.
Sobre la carta notarial que envió a Camacho, quien calificó el mensaje como revictimización y amedrentamiento, la jueza asegura que solo quería que se precise que el pedido provenía del fiscal Julio Mamani.
