Cinco de cada diez limeños solían acudir a negocios que cerraron por la inseguridad ciudadana en los últimos 12 meses

Cinco de cada diez limeños han presenciado o conocen a alguien que fue testigo del cierre de negocios debido a la inseguridad ciudadana, lo que evidencia la grave crisis que vive el país. Así lo revelaron el BCP y el Banco de Ideas Credicorp, en alianza con Capital Humano y Social (CHS), durante la presentación del tercer reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia en el Perú. Esta iniciativa busca aportar información y análisis sobre la evolución de la criminalidad en el territorio nacional.

Los ponentes, Carlos Basombrío y Ricardo Valdés, expertos en seguridad ciudadana, explicaron a El Comercio las razones de esta problemática y las posibles soluciones a corto plazo.

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La información fue recopilada y analizada a partir de datos obtenidos de diversas fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Censo Nacional de Comisarías y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros.

Impresiones sobre el estado de emergencia

Carlos Basombrío, investigador en temas de seguridad y economías criminales, señaló que el 32% de los encuestados solía acudir o tenía en su barrio negocios como bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias, entre otros, que han tenido que cerrar o restringir sus actividades por la inseguridad ciudadana. Esto equivale a tres de cada diez ciudadanos a nivel nacional. En Lima, el porcentaje sube al 50% (cinco de cada diez), mientras que en el interior del país es de 23%. El estudio evidencia cómo la ola de delincuencia lamentablemente sigue presente.

Ante este panorama, la mayoría de los peruanos considera que la declaratoria de estado de emergencia por inseguridad ciudadana ha sido negativa: un 52% la califica como muy mala, un 39% como regular y solo un 9% como buena o muy buena.

Niveles de ansiedad y preocupación ante la delincuencia y estafas digitales

Durante la conferencia se informó que el 75% de los peruanos considera que los niveles de ansiedad y estrés en su familia han aumentado mucho debido a la criminalidad, lo que ha tenido consecuencias negativas en su salud mental. En Lima, el 89% de las personas siente que se ha visto afectada, mientras que en las provincias el porcentaje alcanza el 68%.

Asimismo, la preocupación crece debido al incremento de mensajes fraudulentos o sospechosos. Las principales modalidades son por SMS (27%), WhatsApp (26%) y Facebook (17%). Uno de los aspectos más alarmantes es que el 70% de los ciudadanos se siente poco o nada seguro de poder reconocer el phishing; es decir, páginas web falsas usadas por ciberdelincuentes para robar dinero a potenciales víctimas.

Homicidios

Basombrío también mencionó que, en comparación con el 2023, las denuncias por homicidio aumentaron en 2024, llegando a 1.250 (frente a 1.246 en 2023). Además, el número de defunciones registradas por el Sinadef subió a 2.065 en 2024, mientras que en 2023 fue de 1.509.

Por otro lado, para comparar lo que ocurre en el norte y sur del país, se seleccionaron las regiones más pobladas: La Libertad y Arequipa, junto con sus respectivas capitales. Según el Observatorio del Ministerio del Interior, basado en el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), los homicidios muestran un incremento sostenido cada año hasta abril de 2025. Además, se observa que Arequipa ha superado a La Libertad en este indicador.

Mototaxistas: el eslabón más débil

Los ponentes explicaron que los transportistas vienen siendo blanco de ataques salvajes por parte de extorsionadores. Decenas de muertos, vehículos incendiados y disparos contra choferes son hechos ampliamente conocidos que han generado paralizaciones con alto impacto social. Sin embargo, advirtieron que hay un sector con aún menos capacidad de respuesta: los mototaxistas.

Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo y exviceministro del Interior, indicó que se ha identificado una tendencia al alza en 2025 respecto al 2024 en asesinatos de mototaxistas y/o sus pasajeros, con un pico de 14 casos en mayo. Desde mayo de 2024 hasta el 15 de junio de 2025 se han contabilizado 101 asesinatos vinculados a este sector.

Sanciones efectivas

Los expositores también advirtieron que, pese a que la extorsión se ha extendido a todas las regiones del país, el número de personas encarceladas por este delito en febrero de 2025 es menor que en febrero de 2018, pese a que la población ha crecido un 16%.

En 2018, frente a 1.471 denuncias, se logró encarcelar a 1.322 extorsionadores (casi el 90% de los casos resueltos positivamente). En contraste, en 2025, ante 3.757 denuncias, solo 1.255 extorsionadores fueron encarcelados, lo que representa apenas un 33,4% de resolución efectiva.

Soluciones

En una entrevista con El Comercio, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, exviceministro del Interior y uno de los expositores, planteó una serie de soluciones ante la ola de crimen y violencia que vive el país. “Primero, se tienen que identificar los diversos tipos de extorsión que existen a nivel nacional y generar una estrategia específica para cada uno. No es lo mismo hablar de cobro de cupos que de secuestro extorsivo o de gota a gota”, explicó.

“Además, hay que aplicar la tecnología y la inteligencia operativa, estratégica y artificial para obtener mucha más información sobre los tipos de extorsión; por ejemplo, los números telefónicos desde los que proceden estos casos, las cuentas bancarias utilizadas, los horarios en que ocurren, entre otros. Estos datos podrían ser proporcionados a la PNP y al Ministerio Público para que cuenten con información más precisa sobre cómo deben actuar, sin atropellar la confidencialidad de los datos personales”, agregó.

Por otro lado, Carlos Basombrío, investigador en temas de seguridad y economías criminales, sostuvo a El Comercio que el Perú atraviesa una etapa complicada, en la que el delito debe combatirse esencialmente con estrategias y megaoperativos. “Estos megaoperativos consisten en utilizar estrategias para erradicar a las organizaciones criminales, tales como policías encubiertos y agentes especiales. De esa manera, se golpeará fuertemente a los delincuentes. Si multiplicamos ese tipo de acciones, obtendremos buenos resultados”, señaló.

En cuanto a la viabilidad de su propuesta, indicó que es posible si se asignan más recursos y si el Congreso impulsa iniciativas como evitar conflictos con la Fiscalía. “Todas las autoridades deben trabajar de manera conjunta. En este caso, si la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial actúan en armonía, se podrán lograr resultados favorables, siempre y cuando se trabaje con tecnología moderna y personal especializado”, concluyó.