El Congreso de la República aprobó, en segunda votación, una ley que permitirá procesar a los adolescentes de 16 y 17 años como adultos, si cometen delitos graves. Esta medida, que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, responde a los proyectos de ley 618/2023-CR, 6080/2023-CR, 7771/2023-CR y 8166/2023-CR, que buscan permitir que los menores sean juzgados en el sistema penal regular y cumplan sus condenas en centros penitenciarios de adultos.
Proyectos de Ley incluídos.
La ley establece que los adolescentes podrán ser procesados como adultos si cometen delitos como parricidio, sicariato, feminicidio, trata de personas, violación sexual, homicidio calificado, entre otros. Sin embargo, aún persiste la incertidumbre sobre cómo y dónde serán internados, ya que la propuesta indica que, en principio, serán separados de la población penitenciaria adulta y ubicados en un grupo que incluiría a jóvenes de hasta 21 años.
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Pese a que la propuesta ha sido calificada como inviable por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial, la medida obtuvo el respaldo de una mayoría parlamentaria. Sin embargo, los congresistas Flor Pablo Medina, Roberto Sánchez y Víctor Flores Ruíz presentaron un pedido de reconsideración a la votación.
“Una clase política dispuesta a crear más cárceles que escuelas está solo reconociendo que no son capaces de resolver el grave problema de inseguridad y que han fallado al país y a los adolescentes, dejándolos en absoluto abandono”, señaló Flor Pablo Medina en sus redes sociales.
Más de 600 internos pueden vivir dentro de un pabellón que solo soporta 200.
Foto: Archivo/Alonso Chero/GEC
/ CHEROA diferencia de Pablo Medina, uno de los propulsores de la norma, el congresista José Luna Gálvez declaró que en la actualidad los criminales están preparando a los jóvenes de 16 y 17 años para convertirlos en sicarios. “Aprovechan que los menores son inimputables. Debemos parar esto ahora”, afirmó.
Bajo análisis
El debate sobre esta ley se complica aún más cuando se considera la grave situación de hacinamiento en el sistema penitenciario del país. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a junio de 2023, 48 de los 69 penales del país estaban hacinados. El E.P Callao y E.P Castro Castro de Lima, funcionan con una sobrepoblación que supera el 400% de su capacidad. En este contexto, expertos en derechos humanos advirtieron que la medida podría agravar aún más la situación, ya que el sistema penitenciario carece de recursos y personal capacitado para tratar adecuadamente a los adolescentes.
El documento señala que “el tratamiento penitenciario de carácter individualizado, científico e integral comprende acciones y actividades terapéutico-asistenciales. Está diseñado para abordar situaciones problemáticas vinculadas a aspectos históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, que han influido en la personalidad o conducta delictiva de la persona privada de libertad de dieciséis a veintiún años”.
El Comercio buscó entrevistas con los autores de la presente propuesta legislativa, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición para conocer a detalle el argumento de la posibilidad de colocar a menores de edad dentro de establecimiento penitenciarios de adultos.
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Sobre la latente posibilidad de cambios hacia los resintos penitenciarios, Percy Castillo, abogado experto en derechos humanos, precisó a El Comercio que en la actualidad las cárceles cuentan con altos niveles de hacinamiento, sumado a un gran déficit de personal calificado para brindar tratamiento dentro de ellos.
“Conociendo la realidad del sistema penitenciario, que tiene muchas carencias, sería imposible que separen a internos. No pueden hoy separarlos, no tienen espacio. Carecen de personal para tratar a los que ya están, ahora recibir y dar un trato preferente a los adolescentes con el mismo equipo es absurdo”, declaró el experto.
El abogado penalista Aarón Alemán coincidió con Castillo sobre el grave problema de hacinamiento en los penales. Él resaltó que en el año 2020 el Tribunal Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto del hacinamiento de los penales y las severas deficiencias en la calidad de su infraestructura y servicios básicos a nivel nacional.
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“Al momento de querer introducir esta ley con todo ese listado de delitos contemplados, es totalmente contradictorio porque vas a generar que se mega-hacinan las cárceles”, declaró Alemán, quien también señaló que es importante que se trabajen iniciativas preventivas para una correcta orientación para los adolescentes.
Por su parte, Castillo explicó que de promulgarse la ley podrían presentarse acciones de amparo contra los posibles traslados que se buscarían hacer de los menores a centros penitenciarios de adultos.
“En teoría, cuando un adolescente cumple los 18 años y se encuentra cumpliendo una medida privativa, podría -en circunstancias de representar una peligrosidad elevada- pasar a un penal. De hecho, en Ancón hay pabellones donde están internados adolescentes infractores donde se los ha mantenido por la edad y peligrosidad no podían estar en contacto con otros. La aprobación de esta ley podría dar pie a estos intentos de traslados masivos hacia centros penitenciarios, lo que generaría una tremenda afectación de derechos”, concluyó.
Interior del E.P Castro Castro. (Foto: Minjusdh| Archivo)
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En esa línea, Aarón Alemán precisó que si bien es positiva la separación de los internos que tienen entre 16 a 21 años, lamentablemente en la actualidad no se cumplen las separaciones internas en los penales, es decir, los internos de 18 a 21 años y los demás están mezclados en diversos pabellones, incluso hacinados.
“¿Qué garantías hay realmente de que se cumpla en la actualidad con esta modificación? Desde mi punto de vista, ninguna. Va continuar siendo la misma realidad que enfrentamos: ni siquiera hay diferencia entre reos preventivos y condenados, ahora mucho menos por la edad. Los menores de edad estarán expuestos a crímenes o sujetos que hayan cometido crímenes más peligrosos, lo que podría generar la creación de una universidad del crímen”, finalizó el abogado penalista.
