Cinco regiones del país registran sus peores cifras de extorsión en los últimos años: “La alerta empezó en el 2022″

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Aunque Lima reúne la mayor cantidad de casos (9.750 denuncias en lo que va del año), el analista de datos Juan Carbajal alertó a través de su cuenta en la red social X, además, en cinco regiones del país presentan máximos históricos. “Áncash, Madre de Dios, Piura, Callao y Tumbes ya han superado en lo que va del año 2025 sus registros de denuncias históricas que cualquier año anterior desde el 2018”, reportó el experto.

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“Hay que tener algo claro, este fenómeno no es una explosión repentina, la alerta empezó en el 2022. El crecimiento que la propia policía había expuesto en su anuario estadístico mostraba un crecimiento superior al 150%. Desde entonces ya había una alerta sobre un problema principal: la extorsión”, explica a El Comercio el experto en seguridad ciudadana del Taller de Asuntos Públicos, Enrique Castro Vargas.

El experto agrega, además, que las razones detrás de los aumentos de denuncias en estas cinco regiones pueden ser diversas, pasando desde un crecimiento poblacional en ciudades como Piura hasta la proliferación de mercados irregulares económicamente valiosos como en Madre de Dios.

“Y lo que muestra el Observatorio es solo una parte de lo que en realidad sucede”, advierte a este Diario una fuente de Puerto Maldonado que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias.

Según este testimonio, las autoridades no realizan un seguimiento profundo del tema en la región, un fenómeno que se evidencia aún más cuando dirigimos el foco hacia puntos mucho más conflictivos como La Pampa, el infame territorio dominado por la minería ilegal y el crimen organizado.

“La verdad es que no se conoce ninguna cifra real de esas zonas. Lo que sabemos extraoficialmente es que impera todo lo que te puedas imaginar en cuanto a extorsión, sicariato o ajustes de cuentas. Antes nos podíamos enterar de alguna desaparición, ahora ni siquiera se cuenta porque se ha normalizado terriblemente en los últimos años. Y cada vez está peor”, alerta nuestra fuente.

En agosto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ya advertía que Madre de Dios era la segunda región con mayor número de denuncias por cada 100 mil habitantes en el país y poseía la tasa más alta de denuncias por extorsiones en la macrorregión oriente.

El IPE detallaba, además, que esto se producía a pesar de que la región contaba con un promedio de efectivos policiales por encima del promedio nacional y era la segunda con mayor patrullaje integrado. "No obstante, la capacidad operativa de la policía se ve limitada por los recursos disponibles en las comisarías“, reportaba.

Y esto venía acompañado de una reducción del presupuesto público para orden público y seguridad, siendo el del 2025 la mitad del asignado en el 2019.

“Los dueños de La Pampa no es el Estado, son los grupos criminales liderados por personajes como El Chili o El Bryan. Hubo en su momento una disputa por el poder con el Comando Vermelho, pero acá se disputan varios tipos de controles. Uno es la parte minera clásica, todo lo que tiene que ver con los guardatrochas que son extorsionadores; pero hay diferentes lugares y rubros, otras bandas se disputan el control del combustible, de insumos químicos, muchos de ellos coludidos con fuerzas del orden. El valor del oro ha subido tanto que hay mucha gente metida, se mueve mucho dinero”, explicó la fuente a El Comercio.

Es imposible ignorar que tres de las cinco regiones con este infame récord se ubican al norte del país. Según el Barómetro de Seguridad elaborado por Verisure e Ipsos, el 99% de la población en la macrorregión norte del Perú considera que las extorsiones afectan la tranquilidad y seguridad en su comunidad.

Dicho bloque engloba a las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Áncash.

En el caso de Tumbes, “la situación se ha desbordado entre el 2024 y el 2025″, refiere una fuente de una radio local que también pide no ser identificado por motivos de seguridad.

“En el último año han habido 15 atentados con dinamita y otros cuatro intentos bajo la misma modalidad”, detalla. “Los objetivos principales son las bodegas, las pollerías, las tiendas, pero los delincuentes también se han comenzado a meter a las casas para perpetrar homicidios”.

Según esta fuente, las zonas más peligrosas de la capital regional son el barrio El Progreso y los distritos de Pampa Grande, Las Mercedes y El Milagro.

“Se sabe que acá opera la banda de Los Lobos”, señala en referencia al grupo criminal declarado como organización terrorista por los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador. “Pero a pesar de ello los vecinos denunciamos la inacción de las autoridades y de la policía, el temor se ha apoderado de todos y esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto, pero hasta el momento no tenemos información oficial sobre detenidos o sospechosos en relación a estos casos”.

Castro Vargas, quien también fue director de Seguridad Ciudadana en el Mininter, recuerda además que las cifras oficiales representan “apenas entre el 13% y el 15% de los casos reales”.

“En este contexto, quien no es parte de la solución es parte del problema y la policía, como viene funcionando, lamentablemente es parte del problema. No es un tema de percepción, sino que evidencia participación y complicidad de efectivos”, señala.

El experto aconseja que los primeros pasos para recuperar la confianza del ciudadano en las instituciones de seguridad deben estar dirigidos hacia un trabajo más articulado de los diferentes actores.

“Una persecución adecuada (del delito) pasa por la organización social, que alguien de mi organización sepa que denunciaré determinado delito; que la denuncia no solo pase por la PNP sino también por el Ministerio Público o del Ministerio del Interior, a través del número 1818. Esto permite que si denuncias reportes al fiscal que el efectivo X recibe la denuncia, eso no evitará que el efectivo X termine filtrando la denuncia, pero sí pone los reflectores sobre él”, explica.

En ese sentido, Castro Vargas considera que iniciativas como la Ley N° 32490, promulgada a inicios de noviembre y en la que se establecen medidas especiales para enfrentar a los extorsionadores de transporte, “evidentemente no es la solución”.

“La persecución de la extorsión fue debilitada al modificar la ley de crimen organizado, el periodo de escucha, entre otros. Con ese marco normativo no se puede enfrentar a la criminalidad. El especialista en seguridad pública, crimen y violencia, Desmond Arias, determinó tras investigar lo que pasa en Jamaica, Colombia y Brasil que existe el concepto de gobernanzas criminales. Pueden ser divididas por plazas, colaborativa o escalonada. Nosotros tenemos, lamentablemente, y en términos académicos, un esqueleto de gobernanza criminal donde desde el Estado formal empiezas a pintar una cancha que permite el escalonamiento, la separación y la colaboración de diferentes organizaciones criminales. El Perú no tiene un problema, tiene muchos problemas criminales“, sentencia.