Red de prostitución en el Congreso: la cadena de delitos que expone el caso y nuevas relevaciones

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Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, es acusado de encabezar dicha red de prostitución dentro del Congreso y de estar presuntamente vinculado al crimen de Andrea Vidal, quien fue su trabajadora de su despacho. Las otras mujeres en el caso son Alexandra Gil, Karla Ruiz e Isabel Cajo Salvador.

Vidal falleció el pasado 17 de diciembre, tras estar 7 días en la unidad de cuidados intensivos del hospital Dos de Mayo debido al ataque a balazos que sufrió, el último 10 de diciembre, en La Victoria por parte de sicarios cuando se desplazaba en un taxi. Luego de ello, estalló todo el escándalo.

El Congreso de la República inició un procedimiento administrativo disciplinario en contra de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, por la presunta comisión de falta grave laboral. El Parlamento también designó a los miembros de la comisión ad hoc que investigará a Torres Saravia. En este contexto, surge la pregunta sobre la base de qué delitos podrían ser investigados los implicados en este caso y qué penas podrían recibir.

Romy Chang, abogada penalista, explicó a El Comercio que el proxenetismo sería el delito “más fuerte” que se podría hallar en el caso de la supuesta red de prostitución que se habría implementado en el Parlamento. La especialista indicó que se acusa a una persona por el delito de proxenetismo cuando favorece la prostitución, pero aclaró que la prostitución en el Perú no se sanciona.

Chang resaltó que otro delito fuerte que se puede configurar en este caso es el de trata de personas, ya que, según dijo, las mujeres que contrató Jorge Torres Saravia para supuestamente laborar en su despacho podrían haber ejercido el trabajo sexual contra su voluntad. Además, remarcó que el caso muestra que se podrían haber cometidos los delitos de peculado, malversación de fondos, actos de corrupción y tráficos de influencias, contra la administración pública.

“Están todos los delitos contra la administración pública, que sanciona a los que utilizan el dinero del Estado para objetivos que no corresponden a la administración pública. Por ejemplo, el hecho que yo contrate a una persona que sé que no ha estudiado, no se ha preparado para la labor que se requiere en el cargo público y la contrato con otra finalidad. En este caso, el contrato sería a personas que no tienen la calidad legal, ya que todas estarían vinculadas a un tema de asesoría jurídica, en el ámbito jurídico, y si las contrata en esos puestos también cometería un delito porque estaría haciendo un mal uso de los fondos públicos”, expresó.

La abogada penalista indicó que aún no hay “un elemento concreto” que pueda mostrar que existe conexión entre la presunta red de prostitución y el asesinato de la joven Andrea Vidal Gómez. Además, consideró que la tipificación de organización criminal no se podría aplicar a este caso debido a la reciente modificación hecha por el Congreso a la norma.

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“Puede ser que sea incluido (el crimen de Andrea Vidal en el caso), pero el asunto es que se puede probar y, de lo que se ha visto, pareciera que haya alguna conexión, pero no hay un elemento concreto que pueda mostrar que existe esa conexión. Pero si eso se da, de que existe esa vinculación, sí reforzaría el delito de trata de personas”, manifestó.

En el caso de las implicadas en la presunta red de prostitución, Chang señaló que sí podrían ser investigadas por el delito contra la fe pública en el supuesto de que aceptaron un sueldo del Congreso para efectuar una labor que no realizan, ya que, en realidad, realizan otra, sin embargo, el homicidio de Andrea Gómez le hace pensar que serían víctimas.

El abogado penalista Mario Amoretti indicó que en el caso de la presunta red de prostitución que se habría formado en el interior del Congreso y el crimen de una extrabajadora se tendrían que investigar, por el momento, los delitos de organización criminal y homicidio calificado.

“La organización criminal es cuando hay la reunión de más de tres personas para los efectos de cometer delitos, es decir, yo formo una organización criminal, yo dirijo y ordeno que tal o cual persona realice tales actos. Se requiere una jerarquización, tener un jefe y la finalidad es cometer hechos delictivos y, sobre todo, se le asigna a cada uno de los integrantes de la organización, y eso es lo que tiene que llegarse a establecer”, expresó.

En diálogo con El Comercio, Amoretti explicó que, en el caso del delito de proxenetismo y trata de personas, se tendría que comprobar que las mujeres implicadas recibieron un pago por ese servicio y entregaron un porcentaje al cabecilla de esa red. “Tendría que investigarse a ver quiénes estaban ejerciendo la prostitución y ver si alguien obligaba a ellas para que se prostituyan y cobraba un porcentaje de lo que ellas recibían”, expresó el abogado.

"Tendría que investigarse a ver quiénes estaban ejerciendo la prostitución y ver si alguien obligaba a ellas para que se prostituyan y cobraba un porcentaje de lo que ellas recibían"

Mario Amoretti, abogado

“La investigación que se lleve a cabo tiene que llegar a establecer que verdaderamente una persona, un funcionario del Congreso, se dedicaba a vivir de la ganancia de alguien que ejercía la prostitución”, agregó.

Explicó que los sujetos que cometen el delito de proxenetismo reciben una pena de hasta 15 años de cárcel, mientras que el delito de organización criminal es sancionado con 15 años de prisión. En el caso del homicidio calificado, advirtió que la condena podría llegar hasta los 35 años de prisión efectiva. Amoretti indicó que, en este caso, los tres delitos se suman y se aplica una máxima sanción de 35 años de cárcel. Además, cuestionó que sea una fiscalía especializada en trata de persona la que investigue este caso, cuando debe ser, según dijo, una fiscalía especializada en crimen organizado, ya que en medio hay un crimen bajo la modalidad de sicariato.

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“No nos centremos en la trata de personas, lo primordial y lo más importante es que la joven fue víctima de un asesinato, víctima de un sicario. ¿Quién está detrás del sicario, quién ordenó que la mate y quién pagó? Es ahí donde tiene (que actuar) una fiscalía especializada en organización criminal y, sobre todo, en este caso de un homicidio calificado”, manifestó Amoretti.

El abogado penalista Andy Carrión indicó que se configuran delitos como proxenetismo, tráfico de influencia, colusión, nombramiento ilegal, usurpación de funciones y omisión de funciones, entre otros, en el caso de una presunta red de prostitución en el Parlamento.

“El proxenetismo, que es un delito sancionado en nuestro país, implica la participación de más personas para viabilizar esta conducta ilícita. No solo estaríamos hablando de quien eventualmente contrata o recomienda a las personas, sino también de quien gestiona los encuentros con algunas otras, que incluso podrían tratarse de congresistas”, expresó el experto.

“Si lo enfocamos desde el ámbito penal, implican ya serias irregularidades e indicios que, haciendo una construcción indiciaria, podrían incluso acarrear que sea más bien una organización mucho más estructurada porque se está utilizando una institución pública no solamente para favorecer con contrataciones, sino además instrumentalizar a esas personas para unos fines distintos”

Andy Carrión, abogado

“Estas coordinaciones, a través de estos chats (entre Jorge Saravia y sus entonces compañeros de trabajo), lo único que demuestran es que ha habido un contubernio de otras personas. No podríamos estar hablando aquí de un solo investigado porque la forma y el modo en que se producen los permisos, las contrataciones, el filtro para que estas personas sean contratadas implican varias áreas, desde quien presenta la postulación, recursos humanos y otras áreas que podrían estar implicadas”, aseveró.

Carrión indicó que el Ministerio Público tendría que involucrar a más personas en la investigación, pues resaltó que hasta el momento solo hay un implicado, Jorge Torres Saravia, pese a que se trata de una presunta red de prostitución, lo que supone la participación de varias personas, y hay un crimen en el caso. “Por menos la Fiscalía ha abierto investigaciones penales”, argumentó.

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“La Fiscalía, en tanto se anime en algún momento a desplegar actos funcionales, pero tendría que hacerlo la Fiscalía de la Nación, tendría que investigar el efecto más gravoso y dañino que ha sido el asesinato de una de las personas que había trabajado ahí”, expresó.

“Lo que me sorprende es que todavía la Fiscalía no haya tomado cartas en el asunto, en el sentido que pueda también involucrar a más personas dentro de este esquema. Y si estamos hablando de una red de prostitución no solamente está vinculada una sola persona. Lo que tendría que hacer la Fiscalía es comenzar a tomar las indagaciones respectivas”, agregó.

Torres Saravia, conocido como ‘Coqui’, es sindicado de organizar fiestas en las que participaban altos funcionarios del Parlamento y las trabajadoras de su despacho, para lo cual alquilaba departamentos a través de la plataforma Airbnb, según el semanario “Hildebrandt en sus Trece”.

Los dos búnker que utilizaba Torres Saravia para sus fiestas estaban ubicados en la calle El Sol Oeste 385, en Barranco, y en la calle Dean Valdivia 207, en San Isidro. Para no dejar rastro de la presencia de sus invitados, él les aconsejó que no mostraran ninguna identificación al ingreso a los inmuebles.

Los testimonios señalan que Torres Saravia acostumbraba a tomar fotos y grabar videos de los participantes de su reunión, y que luego los compartían entre sus amistades más cercanas. Eso le originó un desencuentro con un alto funcionario congresal, ya que una imagen de este último en paños menores fue compartida en un grupo de WhatsApp.

Otro punto llamativo es que ‘Coqui’ pretendía convertirse en procurador del Congreso y, para tratar de conseguir dicho objetivo, renunció a su puesto y habría enviado a una de sus trabajadoras a la oficina de un parlamentario para convencerlo de respaldar su candidatura. Sin embargo, él no fue elegido y dejó como su sucesor a José Rubio, con quien coordinaba la justificación de las ausencias de las jóvenes.

Además, se conoció que Isabel Cajo Salvador, una joven que ofrecía contenido sexual a través de OnlyFans, habría asistido a una de las fiestas organizadas por Torres Saravia a inicios del 2024 y, tiempo después, consiguió un puesto de trabajo en el Área de Administración de Bienes del Parlamento y luego pasó a laborar con ‘Coqui’.

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Actualmente, ella se encuentra laborando en el despacho del legislador Edwin Martínez, quien explicó que realiza “encargos, oficios y gestiones”.

Alexandra Gil, extrabajadora de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso e implicada en el presunto caso de una red de prostitución en el Congreso, se pronunció a través de redes sociales para afirmar que no tuvo nada que ver con esa supuesta red de servicios sexuales.

Remarcó que no hay razón para que se esconda, pero pidió que ya no se le siga hablando del tema. Aseguró que se presentará ante la justicia para brindar su declaración. “A raíz de las noticias que están circulando en todos los medios, les pido por favor evitar seguir hablándome del tema. Ha sido sumamente difícil aceptar las circunstancias en las cuales se dio el fallecimiento de Andrea y lo seguirá siendo”, indicó.

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“Por mi lado, en su momento daré mi declaración en la Fiscalía acompañada de mi abogado y, vuelvo y repito, como incluso se especificó en el programa, no tuve jamás nada que ver con la supuesta red”, agregó. “Gracias por su preocupación, pero no tengo por qué esconderme o irme por este tema, dado que no escondo nada y no tendría por qué estar involucrada”, aseveró. “Deseo plenamente se haga justicia por Andreíta y que las investigaciones sigan a fin de esclarecer los hechos en su totalidad”, concluyó.