San Isidro: Cuatro irregularidades bajo investigación en el millonario contrato de mantenimiento de áreas verdes

A partir de una revisión de la información y documentación proporcionada por la Municipalidad de San Isidro, y de visitas a lugares consignados en los documentos, el OCI ha identificado cuatro situaciones adversas.

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Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

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El Comercio solicitó a la Municipalidad de San Isidro una entrevista para conocer las explicaciones del caso y las acciones que tomarán luego de las irregularidades expuestas en el informe del OCI. La entidad decidió responder a través de un escrito.

"La comuna adoptará todas las disposiciones que la ley establezca dentro del marco de la ejecución contractual y del debido procedimiento administrativo, a fin de atender cede observación de manera técnica y jurídica. La Municipalidad reafirma su compromiso con el cumplimiento estricto del marco legal en materia de contrataciones públicas y del Sistema Nacional de Control“, menciona.

La institución indicó que se está atendiendo y sustentando ante el órgano de control las observaciones formuladas. “No obstante, es preocupante la reiteración algunos puntos ya absueltos y la posible politización de estos temas en el contexto electoral. Se exhorta a que toda observación se base en hechos objetivos y conforme a lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 29622″, sostiene.

Asimismo, precisó que las siguientes personas continúan laborando en la Municipalidad de San Isidro: Katherine Montes Tuppia, Angelo Paolo Rojas Castillo, Marco Antonio Montero Cortes, Bryan Christian Amasifuen Hidalgo y Fernando Rafael de la Vega Centurión.

Finalmente, la entidad afirmó que reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos.

1)

Mediante el Concurso Público N° 03-2024, la Municipalidad de San Isidro adjudicó el ‘Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes de uso Público en el distrito de San Isidro’ al consorcio Greenworks, integrado por tres empresas: Ecogreen World Servicios Ambientales S.A.C.; Rosa Esther Verástegui Verástegui EIRL; y RJV S.A.C.

El contrato N° 026-2024-MSI con el Consorcio Greenworks se firmó el 4 de septiembre de 2024, con un plazo de ejecución de 36 meses por el importe de S/ 76′ 922.228,52.

El valor estimado se determinó cotizando a 2 empresas: Rosa Esther Verastegui Verastegui EIRL, que ofertó S/ 81′ 000.00,00; y Trans Mariño SAC, que ofertó S/ 79′ 850.000,00. Se eligió la cotización de esta última empresa con un importe importe contractual S/ 76′ 922.228,52 por ser de costo más bajo.

Es aquí donde la OCI halló la primera situación adversa. Al revisar los sistemas de contrataciones y proveedores del Estado, el organismo encontró que Trans Mariño SAC no contaba con experiencia en el objeto del servicio, sino en alquiler de vehículos.

“Esta empresa no representaba una fuente fidedigna para establecer varios ítems vinculados al mantenimiento de áreas verdes por no tener experiencia. Este es un aspecto relevante al momento de determinar el valor referencia”, declaró a El Comercio Guzmán Vera, vocero legal de la Contraloría.

Asimismo, el OCI ha observado el importe final acordado, debido a que supera el precio histórico del mismo servicio. El último contrato que la Municipalidad de San Isidro había fijado para el servicio de mantenimiento de áreas verdes fue de un monto de S/ 48′189.341,20.

En ese sentido, el OCI considera que existe una sobrevaluación del valor estimado del servicio. “Este importe representa un 59.6% (S/ 28′ 732. 887,32) superior a precios históricos en la Entidad de este mismo servicio, así como no es razonable al índice de precios al consumidor en la ciudad de Lima, ni con el régimen tributario para este servicio público en la propia municipalidad“, menciona el OCI.

Vera indicó que esto provocó que no se maximicen los recursos públicos debido al accionar de un grupo de funcionarios municipales. “La Ley de Contrataciones del Estado exige tomar como referencia los precios históricos de los mismos componentes y rubros. El incremento del costo de un servicio no es incorrecto; usualmente los valores no superan el 15%. Sin embargo, hay poca concordancia y lógica en un monto sustentado para un incremento de casi 60%”, afirmó Vera.

Por otro lado, el OCI encontró que el valor estimado se determinó de manera irregular utilizando sólo una fuente. “La documentación que sustenta las indagaciones de mercado del concurso público se determinó el valor estimado de S/ 79 850 000.00, para lo cual se pudo verificar tres fuentes: cotizaciones, precios históricos de la entidad y los precios del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). Sin embargo, las dos últimas fuentes no fueron consideradas válidas bajo el argumento, sin sustento, de que el servicio cuenta con ‘condiciones de ejecución diferentes’”, advierte el OCI.

El organismo afirma que la normativa de la municipalidad establece que se requiere contar como mínimo con dos fuentes, salvo alguna imposibilidad que tampoco fue sustentada.

2)

La auditoría de Contraloría también evidenció que, en la fase de evaluación y calificación de ofertas, el comité de selección solicitó al consorcio Greenworks que subsane documentación ilegible que había presentado. Esto a pesar de que las bases integradas del concurso señalaban que era responsabilidad de cada postor la legibilidad de su oferta, conforme a la normativa de contrataciones, por lo que no correspondía ser subsanado. Según Vera, esto también ameritaba que la propuesta de la empresa quede descartada.

Sin embargo, el consorcio privado no acreditó toda la documentación para el perfeccionamiento del contrato y, a pesar de ello, se le permitió suscribir el contrato.

3)

Asimismo, durante la ejecución del contrato del servicio de mantenimiento de áreas verdes, que comprende 32 actividades de servicios de mantenimiento, el OCI verificó que entre el 26 de setiembre de 2024 y el 23 de enero de 2025 no se cumplió con la frecuencia de tres veces por semana de la actividad de ‘Riego Tecnificado’.

“Pese a ello, el área usuaria de la municipalidad emitió conformidad; además, incluyó en las valorizaciones mayores áreas a las registradas en los formatos de reporte diarios sobre riego tecnificado suscritos por el contratista”, sostiene la Contraloría.

El OCI también identificó que el área usuaria de la Municipalidad de San Isidro no ha aplicado la totalidad de las penalidades respecto a los incumplimientos de la frecuencia establecida de tres veces por semana en los cuatro primeros períodos desde el inicio del contrato. “Ello debido al accionar de funcionarios y servidores del área usuaria que tienen a cargo la supervisión del servicio y brindar la conformidad de este sin observar dichos incumplimientos por parte del contratista”, afirma el organismo.

“Lo que es más grave es que no se le aplicó ningún tipo de penalidad por ese hecho a la empresa”, indicó Vera.

4)

La Contraloría también reveló que, en las Bases Integradas de los Términos de Referencia, se exigía al contratista proveer un local donde operen sus oficinas administrativas y un taller base para verificar su funcionamiento.

El contratista acreditó un inmueble ubicado en Ate como espacio de oficinas administrativas y otro en Surquillo como Taller y Zona de Mantenimiento de los Vehículo y Equipos. Sin embargo, las inspecciones realizadas identificaron que en ambos no funcionaban ni oficinas administrativas ni un taller base.

En el Jirón Dante 1281- 1283 del distrito de Surquillo se constató que no operaba un taller base, pues la mayor área del inmueble era ocupada por una cancha deportiva.

Por todas las irregularidades descritas, la auditoría del OCI identificó responsabilidad en nueve personas de la Municipalidad Distrital de San Isidro, quienes eran funcionarios de la entidad durante el proceso de selección y contratación. Cinco de ellos tienen presunta responsabilidad penal y nueve, supuesta responsabilidad administrativa.

“En ese sentido, recomienda al alcalde de la Municipalidad Distrital de San Isidro adoptar acciones a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, mientras que a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y el Ministerio Público se sugirió iniciar las acciones penales contra los funcionarios comprendidos en las irregularidades”, expresó el OCI.

Son nueve las personas involucradas en las irregularidades observadas por la Contraloría y que fueron funcionarios de la Municipalidad de San Isidro durante el proceso de selección y contratación: Katherine Montes Tuppia, Katherine Montes Tuppia, Ángelo Paolo Rojas Castillo, Marco Antonio Montero Cortes, Wilder Junior López de la Cruz, Walter Crisanto Ayvar Velasquez, Bryan Christian Amasifuen Hidalgo, Fernando Rafael de la Vega Centurión y Vianca Vanesa Madrid Brañes.