Amplían estado de emergencia: los distritos que involucra, las restricciones que regirán y otras medidas en materia de seguridad

Tomando en cuenta la inseguridad ciudadana y criminalidad que impera en diversas partes del país, el pasado 20 de setiembre, el Gobierno implementó el estado de emergencia por 60 días en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, así como en siete distritos de la provincia de Sullana, en la región Piura. Próxima a vencerse (18 de noviembre), el ministro del Interior, Vicente Romero, anunció este miércoles, la extensión de dicha medida en las jurisdicciones mencionadas.

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Romero indicó que esta ampliación de la medida excepcional tendrá algunas modificaciones, como lo es dejar sin efecto la restricción de las actividades comerciales en el horario de medianoche hasta las 4 de la mañana. Esto, con el fin de no afectar la campaña navideña y de fin de año.

“Va a haber una ampliación. Una prórroga por 60 días más. Además, vamos a levantar esta restricción de las 00 horas hasta las 4 am, entendiendo que se vienen las fiestas navideñas, a pedido de muchos alcaldes y obviamente respaldado por un análisis que ha hecho la Policía Nacional”, señaló el ministro desde la sede del Ministerio del Interior (Mininter).

El funcionario también se tomó un tiempo para resaltar el impacto que ha tenido el estado de emergencia establecido desde setiembre pasado y aseguró que sí ha dado resultados. Esto se ve reflejado, dijo, en una disminución de la delincuencia en las jurisdicciones donde rige la medida.

“Ha dado resultados porque, hasta el momento, en todos los distritos de la provincia de Sullana, han bajado en promedio un 30% los robos, hurtos callejeros, homicidios. De manera, que esto nos ha dado un entendimiento claro de que sí ha funcionado la estrategia y sigue funcionando”, expresó.

Vale precisar que el 11 de octubre de este año, el Gobierno extendió oficialmente el estado de emergencia a los distritos de Lince y Cercado de Lima. En el caso de estas dos jurisdicciones, la medida excepcional vence aun en la quincena de diciembre. En tanto, se conoce que el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, y los distritos de Sullana se extenderá hasta el 17 de enero del 2024, según el calendario proporcionado por las autoridades..

El último viernes, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, rechazó la posibilidad de que el Ejecutivo extienda el estado de emergencia en su distrito debido a que la situación delictiva en sus calles no ha variado. Señaló, además, que solo hubo una importante presencia policial y militar durante los primeros días que empezó a regir la medida.

“Si van a ampliar el estado de emergencia con las mismas características que tenemos hoy, yo digo que no amplíen nada. Estamos en la misma situación que antes de la declaratoria. No tenemos la presencia de las Fuerzas Armadas, ni el número de policías que teníamos al inicio. No existe una presencia muy fuerte de dominio territorial por parte del Estado”, detalló.

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En San Juan de Lurigancho, los casos de sicariato no han cesado pese al estado de emergencia. En el ultimo mes se ha registrado un total de 39 casos de homicidio.

Por su parte, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, no concuerda con Maldonado. La semana pasada, el burgomaestre sostuvo que el estado de emergencia en su distrito sí había incidido en la reducción de delitos, por lo que consideró necesaria la ampliación de esta medida para seguir en esa ruta.

“Estamos prontos a acabar el estado de emergencia y lo que vamos a solicitar es que haya una prórroga más. Sabemos que los vecinos quisieran que el delito se extinga, pero eso es prácticamente imposible”, comentó la autoridad.

De acuerdo a información de la Policía Nacional, en solo un mes con el estado de emergencia, se han registrado ocho casos de homicidios en San Martín de Porres.

En tanto, en Sullana, el alcalde Marlem Mogollón solicitó también la ampliación del estado de emergencia. Esto, pese a que a inicio de noviembre había dicho que los delitos no habían cesado por completo en su jurisdicción. Sin embargo, se mostró preocupado ante la posibilidad de que los índices de delincuencia aumenten nuevamente en caso la medida sea levantada.

“Si lo vemos desde el punto de vista de de atentados contra la vida, por sicariato, homicidio, esto sí ha bajado, pero la la sensación de la población en cuanto a inseguridad ciudadana se mantiene”, indicó.

La medida del estado de emergencia faculta a la Policía Nacional contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para realizar labores de control del orden interno que permitan recuperar la tranquilidad de la ciudadanía acosada por la delincuencia, la cual ha aumentado notoriamente en los últimos meses.

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Asimismo, por el tiempo que dura esta disposición la Policía Nacional tendrá el apoyo de los gobiernos regionales y locales durante la fiscalización en los transportes públicos, vehículos menores, lugares de diversión y hospedajes. Además, otras acciones que podrá ejecutar será el patrullaje integrado, videovigilancia y actualización de los mapas del delito y riesgo.

Un estado de emergencia también implica la restricción o suspensión de derechos fundamentales. En tal sentido, en el Decreto Supremo inicial que estableció el estado de emergencia se señala la supresión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Según una encuesta realizada por Datum Internacional para El Comercio, apenas el 5% considera que el estado de excepción decretado por el Gobierno sí ayudó a reducir los altos índices de delincuencia que se vienen registrando en el Perú. Asimismo, un 94% de los encuestados (nueve de cada diez peruanos) en todo el país cree que no hubo ningún cambio con esta medida.

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El norte del país fue el que más inconforme se mostró con el estado de emergencia, ya que el grado de rechazo subió hasta el 96%. Vale decir que en ninguna parte del territorio nacional la cifra es inferior a 92%.

En tanto, un 83% desaprueba en general la gestión frente a la inseguridad ciudadana de la presidenta Dina Boluarte, siendo la zona sur del país la que concentra en mayor medida esta opinión, con un 87%.

El ministro Vicente Romero también anunció la eliminación de las macrorregiones policiales, a fin de consolidar solo las regiones policiales para que tengan una mayor eficiencia administrativa.

“Estamos desapareciendo las macrorregiones policiales; quedarán únicamente las regiones policiales. (Las macrorregiones) eran entes burocráticos administrativas. De manera que esta recuperación de personal va dirigido especialmente para los servicios policiales”, declaró.

Las macrorregiones policiales son órganos desconcentrados de carácter técnico y operativo. Entres sus funciones están las de comandar, coordinar y establecer líneas de acción conjunta para la ejecución de la función policial en el marco de los Planes Generales de Operaciones, de acuerdo al ámbito de su competencia. Bajo su mando se encuentran las regiones policiales, órganos que ejercen función en una región específica.

Se sabe que en el Perú existe 15 macrorregiones policiales. En tanto, en el caso de las regiones policiales, estas son 25, una por cada región del país.

En otro momento, Romero anunció la incorporación de 4.500 nuevos efectivos policiales que se destinarán a los servicios de calle. Este aumento de personal, resaltó, tiene como objetivo potenciar la seguridad en el país y mejorar la capacidad operativa de la policía.

“Hasta fines de año, debemos tener un promedio de 4.500 policías más, que se irán a los servicios de la calle y van a potenciar la seguridad en todo el país. Este rediseño va apalancado, sin duda, con la informatización de los recursos humanos de nuestra policía. Obviamente, este personal policial sale de las diferentes unidades administrativas”, destacó.

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Por otro lado, Romero hizo entrega de una flota de 180 vehículos a la Policía Nacional del Perú, compuesta por modernas camionetas, motocicletas, automóviles y minibús. Esta adquisición tuvo una inversión que supera los 20,5 millones de soles.

El ministro del Interior destacó que estos vehículos potenciarán la labor operativa policial, mejorando las condiciones de servicio del personal en operaciones tácticas, patrullajes en carreteras y el control del orden público en situaciones de conflictos sociales.