Michael Abregú tiene 58 años y una vida dedicada a la vigilancia. Ha trabajado como guardia privado en hospitales, entidades del estado, fábricas, y desde hace un año y tres meses es parte del serenazgo del Rímac. Dice que le gusta contribuir con la seguridad del distrito que lo vio crecer en relativa tranquilidad y que ahora enfrenta extorsiones en pequeños comercios. El problema es que hace dos meses no le pagan porque su municipalidad está en quiebra.
Erika Amaya tiene el cargo de supervisora del serenazgo del Rímac. También tenía experiencia en seguridad antes de llegar a este puesto, pero ahora está más cerca de los delincuentes. La han amenazado, cerrado con una moto y hasta la golpearon en una intervención. Aún así asegura que esto le apasiona. A sus cuatro hijos y su nieta, en cambio, los tiene asustados. “No están tranquilos, ni de acuerdo, pero este es mi trabajo. A mí me gusta saber que ayudo mis vecinos”, cuenta. A Erika le deben 3 meses de sueldo.
Jefferson Peña Santillán, 32 años, es sereno del escuadrón motorizado del Rímac. Cuando llegaron las motos donadas por la Municipalidad de Lima, el distrito del Rímac invitó a Jefferson a sumarse al nuevo equipo con serenos conductores. "En el Rímac es la primera vez que ven el escuadrón motorizado y nos ven como de otro mundo. Algunos vecinos se enfrentan con nosotros", dice.
Erika Amaya, de 42 años, se desempeña como supervisora del cuerpo de serenazgo del Rímac.
Bryan Rivas Castro, de 29 años, es paramédico y rescatista. Antes de trabajar en el serenazgo de Rímac. Cada día atiende un promedio de dos atropellos en el distrito, especialmente los fines de semana. Suele ser el primero en llegar al accidente y ayudar en la evacuación de los heridos.
El Rímac no puede pagar a su servicio de seguridad que en el último año se ha reducido a la mitad. El alcalde Néstor De la Rosa explica que en el 2023 contaban con hasta 250 serenos y ahora tienen entre 125 y 130. En diálogo con El Comercio, señala que a la baja recaudación (de apenas el 20%) se suma la insuficiente distribución de recursos del Gobierno Central a través del Fondo de Compensacción Municipal (Foncomun). Este fondo, que se abastece de los impuestos, busca garantizar la prestación de los servicios públicos de municipios del país.
“Distritos como San Juan de Lurigancho y Comas tienen más de mil serenos porque no les cuesta un sol, el gobierno les da el dinero para que paguen por un año a sus serenos. Si ellos buscan contratar pagando 2.000 o 1.800 soles y yo solo puedo ofrecer 1.300 soles ¿A donde se va a ir el sereno?”, dice. Ante la falta de recursos para pagar a los serenos del Rímac, algunos han organizado polladas para cubrir sus gastos.
Esta situación no es exclusiva del Rímac. Jesús Galvez, alcalde de Jesús María, explica que existe una fuerte competencia entre municipios para contratar serenos, en un contexto donde los riesgos a los que se enfrentan estos vigilantes municipales son mucho mayores.
Gálvez explicó que actualmente tienen 440 serenos a quienes les pagan hasta 1.800 soles al mes, dinero que proviene de la tributación de los vecinos. Si bien en Jesús María la recaudación llega hasta el 80%, no pueden subir dichos montos porque de ese dinero también se paga la limpieza pública y mantenimiento de áreas verdes. “Hay una competencia desleal. Yo capacito a mis serenos, los formamos, pero cuando ya están preparados llega una municipalidad que les puede pagar 200 soles más y se los lleva. Lo peor es que a esos mismos distritos les quitan serenos las municipalidades que pueden pagar otros 200 soles más”, explica.
El Comercio consultó previamente a los alcaldes de Miraflores, Carlos Canales, y de Santiago Surco, Carlos Bruce, sobre los procesos para contratar a miembros del serenazgo. En el primer caso, Canales reconoció que existe una alta demanda de personal, especialmente de aquellos que conducen motocicletas debido a que la Municipalidad de Lima ha distribuido cientos de estos vehículos a distintas comunas.
“Hay una alta demanda interdistrital y eso hace que migren los serenos conductores. Lo que hemos hecho es incrementar la remuneración a este personal especializado y vamos a financiar las licencias de conducir con un convenio con el Callao. Con ese incentivo y el aumento salarial esperamos el compromiso de que cumplan el año de servicio en la municipalidad”, dijo a este Diario.
Además, para las convocatorias recurren a las Fuerzas Armadas con charlas en las que invitan a los licenciados a participar en los procesos de selección. “Es complejo porque hay un temor de las personas que antes se incorporaban con mucha facilidad al serenazgo, pero ahora existe un nivel de inseguridad con delincuentes que ahora no dudan en sacar y usar el arma ante un sereno y ante la policía”, dijo el alcalde de Miraflores.
En el caso de Surco, el alcalde Bruce dijo que no tienen dificultades para contratar serenos, pero también coincide en que sus fondos propios no le alcanzarían para incrementar mayor personal. por eso enfatiza en el número de policías en calles debe ser mayor al actual. “No tenemos problemas para contratar serenos, pero tiene un límite. No puedo gastarme todo el dinero del vecino solo en seguridad. Tenemos 1.600 serenos y cada uno cuesta entre 1.400 y 1.600 soles. Por más que quiera subir la cantidad de serenos, si no hay policías en las calles poco podemos hacer”, enfatizó. En mayo pasado, la Municipalidad de Surco presentó un proyecto de ley para autorizar el uso de pistola eléctrica o electrochoque para el serenazgo a fin de que tengan recursos de fuerza ante una delincuencia cada vez más violenta.
En todo el país existen 37.000 serenos, de acuerdo con los resultados del Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 2023. La mayor concentración de efectivos se encuentra en Lima Metropolitana, con el 41,2% del total nacional, seguido de La Libertad (5,5%), Cusco (5,4%) y la Provincia Constitucional del Callao (4,8%).
¿Qué se puede hacer?
El alcalde de Jesús María propone la estandarización de los sueldos del serenazgo para asegurar que la contratación equitativa entre municipales. “Si estandarizamos los sueldos se puede fidelizar a nuestros serenos, eso depende del Gobierno Central. En este contexto de inseguridad necesitamos personal que conozca las calles, a los vecinos de manera directa, no que se les esté cambiando de distrito en distrito”, indicó.
Con él coincide el burgomaestre del Rímac y añade que el trabajo del serenazgo no es suficiente sin estrategias adicionales debido a la competencia de la lucha contra los delincuentes es de la Policía Nacional. Por ejemplo, su gestión ha presentado el Proyecto de Ley 8858/2024-GL para que todos los conductores de vehículos menores de transporte público (mototaxis) usen de forma obligatoria chalecos con códigos QR que incluya datos personales del conductor, antecedentes, SOAT, entre otros, para brindar seguridad a los pasajeros y ciudadanos. Lo que busca es crear una red de cooperantes con los mototaxistas que contribuyan a la vigilancia.
Cecilia Caparachin Puente, especialista en gestión pública e investigadora en seguridad ciudadana y criminalidad, explica que uno de los componentes claves de seguridad ciudadana es la prevención y ahí no solo se necesita reforzar las capacidades de los serenazgos municipales sino involucrar a otros actores locales que ayuden a identificar riesgos a tiempo.
“Es clave potenciar las juntas vecinales, a veces no tienen recursos y no se valora que son personas que voluntariamente deciden organizarse para garantizar la seguridad ciudadana en sus comunidades. El reconocimiento es clave. Medidas como las declaratorias de emergencia no van a ser efectivas si no se articulan todas las instancias y el papel de los gobiernos locales es importante”, explicó a El Comercio.
El último viernes, el Gobierno Central declaró estado de emergencia en los distritos de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador, de la provincia de Lima, departamento de Lima; y en el distrito de Ventanilla, de la provincia constitucional del Callao, por un plazo de 60 días calendario.