Congreso versus la Sunedu: ¿qué buscan varios miembros de la Comisión de Educación sobre la reforma universitaria?

De viernes a martes. Cinco días le tomó a la Comisión de Educación del Congreso para regresar al centro de la discusión pública, debido a una segunda iniciativa que va en la dirección opuesta a la reforma emprendida por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). En ambos casos, planteadas entre gallos y medianoche.

El 12 de junio, un tuit en plena madrugada de la congresista Zenaida Solís (Partido Morado) alertó que se había dispuesto debatir la creación de una instancia superior a la Sunedu, el denominado Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (Conau), que se encargaría de revisar las decisiones de la superintendencia. La propuesta se discutió a primera hora del viernes, pero tras las fuertes críticas –incluso del presidente Martín Vizcarra– fue retirada al día siguiente.

MIRA: Comisión de Educación busca que universidades privadas denegadas puedan acogerse a plan de emergencia del Estado

La segunda sorpresa llegó el 16 de junio. En plena sesión extraordinaria donde se discutía la ampliación de la moratoria para crear nuevas universidades, se sometió a votación un texto añadido con el que se buscaba que las universidades privadas con licencia denegada puedan acogerse a un plan de rescate estatal. Esto, a fin de que puedan seguir operando. Debido a la protesta de varios parlamentarios, se suspendió el encuentro virtual y fue reanudado la mañana del jueves.

Primeras voces disonantes

Estas discusiones tienen su origen en el proyecto de ley Nº 5145-2020, presentado por el Ejecutivo en mayo último para que se prorrogue la moratoria de creación de nuevas universidades por un año (hasta el 26 abril del 2021). El documento ingresó a la Comisión de Educación con el objetivo de que se elabore un predictamen, el cual tenía que ser agendado para su debate y posterior aprobación.

Así, se empezaron a escuchar las primeras voces disonantes. La congresista María Gallardo (Podemos Perú) dijo en sesión del 29 de mayo –cuando se programó por primera vez la discusión de este proyecto del Gobierno– que se debía considerar la posibilidad de constituir una “segunda instancia” para la Sunedu. Esto fue secundado por Johan Flores Villegas (Podemos Perú) y Marcos Pichilingue (Fuerza Popular).

El Comercio confirmó que, antes de dicha sesión, Gallardo había presentado una iniciativa legislativa a sus colegas de bancada, donde se establecían “medidas extraordinarias para el desarrollo y continuidad de los servicios educativos” en las universidades afectadas por la pandemia del COVID-19. Una de estas medidas era suspender el proceso de cierre de las universidades con licencia denegada a la fecha, como Telesup (cuyo dueño es José Luna Gálvez, el presidente de su partido político). Sin embargo, el proyecto no fue respaldado por el grueso de Podemos Perú y nunca ingresó a la comisión.

Después del encuentro del 29 de mayo, por la comisión desfilaron el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, y el propio ministro de Educación, Martín Benavides, para explicar los alcances del proyecto de moratoria presentado por el Ejecutivo.

Golpe madrugador

Para la sesión del 12 de junio, la comisión agendó a última hora la “sustentación y debate” de un predictamen sobre la iniciativa del Gobierno, pero que incluía un texto sustitutorio con tres artículos. En uno de estos se planteaba la creación de una nueva entidad estatal –el Conau– que revisara lo resuelto por la Sunedu en materia de licencias y denegatorias. Era la “segunda instancia” materializada.

El documento –que reducía el plazo de moratoria solicitada por el Ejecutivo de un año a 120 días– también establecía que las universidades privadas con licencia denegada puedan acogerse a los planes de emergencia del Minedu, establecidas en el Decreto Supremo Nº016-2019, que eran exclusivos para las universidades públicas que no alcanzaran su licenciamiento.

Debido a las críticas suscitadas, el presidente de la comisión –Luis Dioses (Somos Perú)– dispuso el retiro del texto sustitutorio en cuestión “para evitar cualquier mala interpretación”. Los reclamos alcanzaron al secretario técnico José Luis Caballero, autor del predictamen, quien en plena sesión sostuvo –en referencia a una supuesta demora de la Sunedu para elaborar normas– que el Congreso “no podía avalar negligencias”.

MIRA: Ejecutivo cuestiona iniciativa del Congreso que busca modificar el rol de la Sunedu

Ante ello, Francisco Sagasti (Partido Morado) solicitó que este funcionario sea retirado del grupo de trabajo. Dioses dijo que analizaría el comportamiento del secretario técnico para determinar una posible sanción o retiro, pero a la fecha no se ha concretado nada.

Caballero fue secretario técnico de la Comisión de Educación durante la presidencia de Tamar Arimborgo (excongresista de Fuerza Popular). Según la revista Caretas, cuando el Congreso fue disuelto en setiembre del 2019, él salió de la sede parlamentaria con una bolsa llena de documentos y, al ser abordado por los periodistas, empezó a lanzar insultos contra Daniel Mora, excongresista y promotor de la Ley Universitaria.

Consultado por El Comercio sobre ese episodio, Caballero dijo que llevaba esos documentos porque era “responsable del acervo documentario” y que respetaba a Mora. Se abstuvo de brindar mayores comentarios sobre su participación en la comisión.

Segundo round

Como no se concretó el debate y aprobación del predictamen, se programó una sesión extraordinaria para el martes 16 de junio con ese único tema en agenda. No obstante, el encuentro empezó con solicitudes para iniciar una investigación contra el ministro Benavides y algunos funcionarios de la Sunedu por presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y de la Universidad Peruano Alemana (UPAL).

Aunque la Sunedu había informado que tales acusaciones eran falsas, varios congresistas acogieron las supuestas denuncias para señalar un “favoritismo” hacia las universidades privadas. Orestes Sánchez (Podemos Perú), por ejemplo, pidió que se envíe una carta al Ministerio Público y que se investigue a la superintendencia porque “la corrupción campea en ese sector”. Flores Villegas y Gallardo, ambos del mismo partido, también se pronunciaron en ese sentido.

Jorge Pérez Flores (Somos Perú), quien estudió en las denegadas universidades Inca Garcilaso de la Vega y Particular de Chiclayo, exigió que se cite a Benavides. Los egresados de la denegada Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Julio Condori (Alianza Para el Progreso) y Gilbert Alonzo (Fuerza Popular), solicitaron la renuncia del ministro y calificaron de “monopolio” la labor de la Sunedu, respectivamente. En tanto, Walter Rivera (Acción Popular) sugirió que se conformara una comisión investigadora desde el Congreso.

En la discusión, reiteraron su postura a favor de que se cree una “segunda instancia” para la superintendencia los parlamentarios Marcos Pichilingue (Fuerza Popular), quien cursó estudios en la U. Telesup; y Rubén Ramos Zapana (Unión Por el Perú). Este último refirió que se había “satanizado” esa propuesta en los medios de comunicación: “[La Sunedu] no es Dios, no es 100% perfecta. Puede tener un error, que una segunda instancia podría revisar”.

Tras este primer intercambio de ideas y propuestas, la Comisión de Educación acordó –por mayoría– citar al titular del Minedu y al jefe de la Sunedu para que brinden explicaciones sobre el proceso de licenciamiento de universidades y filiales. El encuentro ha sido programado para el 19 de junio.

Inmediatamente después, se aprobó –también por mayoría– que se amplíe la moratoria para creación de nuevas universidades por un periodo de dos años.

Lo que no estaba previsto es que el presidente Dioses dispusiera luego la votación de un texto añadido, a solicitud del congresista Grimaldo Vásquez Tan (Somos Perú), que decía: “[Para] las universidades públicas y privadas con licenciamiento denegado, se dispone la inexigibilidad del requisito de cese de actividades y que puedan acogerse al régimen establecido en el D.S. Nº 016-2019-Minedu”.

Esto era lo que supuestamente se había retirado días atrás. Dioses incluso votó a favor de este texto, justo antes de que se suspenda la sesión por los reclamos de varios miembros de la comisión, quienes sostenían que no se podía discutir una iniciativa incluida a última hora.

Dioses explicó a El Comercio que, como el tema estaba en el predictamen anterior, ya había “sido materia de debate” y procedía la votación. “Llevábamos ya tres sesiones [con ese tema]. A veces los congresistas señalan que todo es a última hora, pero no es así. Para ser transparentes y democráticos, a pedido de algunos miembros que requerían más tiempo para analizar el punto, se suspendió la sesión”, agregó.

En la misma entrevista con este Diario, Dioses sostuvo que nunca votó a favor de este texto añadido. Sin embargo, la grabación de la sesión prueba lo contrario. Hoy, jueves 18 de junio, el debate –y la controversia que trae consigo– se reinició desde las 8 de la mañana.

*El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Hay cura para el COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado. La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

¿Cuánto dura el período de incubación del COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días. Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.