Fiscalía intervino sede policial por presuntos actos de corrupción durante emergencia. (Foto referencial: El Comercio)
Fiscalía intervino sede policial por presuntos actos de corrupción durante emergencia. (Foto referencial: El Comercio)
Carlos Neyra
Carlos Neyra

Unidad de Investigación

Mientras que en Palacio de Gobierno se organizaba la ceremonia de juramentación del nuevo ministro del Interior, , un inusual operativo fiscal se realizó el 24 de abril en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la . La fiscal Mónica Silva Escudero intervino las oficinas de Abastecimiento y Economía de dicha sede policial para incautar documentación relevante ante la presunción de actos de corrupción.

Silva, titular del Sexto despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables por haber adquirido distintos equipos y material de protección y seguridad sanitaria a precios sobrevalorados.

Una fuente de la fiscalía anticorrupción que participó en la diligencia sostuvo a este Diario que Silva ha incautado “toda la documentación sobre los procesos de compra [realizados por la Dirincri desde que inició el proceso de aislamiento social dispuesto por el gobierno]”.

Enfatizó que la investigación se viene realizando en el Ministerio Público para evitar interferencia de los altos mandos de la Policía Nacional.

La fiscalía anticorrupción intervino las oficinas ubicadas en el sótano y el piso 10 de la Dirección de investigación criminal de la PNP.
La fiscalía anticorrupción intervino las oficinas ubicadas en el sótano y el piso 10 de la Dirección de investigación criminal de la PNP.

El operativo

Al promediar el mediodía del último viernes arribó a la zona de estacionamiento de las oficinas de Abastecimiento y Economía de la Dirincri un vehículo tipo combi de placa EAB-730, de propiedad del Ministerio Público, trasladando a cinco fiscales liderados por Silva. De esta forma daban inicio al operativo. El grupo estuvo escoltado por dos camionetas que trasladaban a agentes de la policía anticorrupción. La intervención duró cinco horas.

Los fiscales se dividieron las tareas durante la diligencia. Un grupo se dirigió al sótano donde funciona el almacén y la oficina de Abastecimiento, en dicho lugar procedieron a incautar documentos como órdenes de servicios, los libros de registro de ingreso y salida de mercadería, correos electrónicos, y otros oficios que fueron emitidos durante el periodo de aislamiento social.

Otro equipo se dirigió al piso 10 de la referida sede policial donde funciona la oficina de Economía. Aquí procedieron a levantar actas y realizar entrevistas a los policías que realizan labores administrativas, refirió a El Comercio la fuente fiscal.

Camioneta del Ministerio Público utilizado por la fiscal Silva para trasladar los documentos incautados.
Camioneta del Ministerio Público utilizado por la fiscal Silva para trasladar los documentos incautados.

Sospecha fiscal

El inició de investigación preliminar procedió, luego de que se filtrara un documento de 63 páginas, en el que se consigna información sobre el proceso de contratación de productos y equipos sanitario para ser distribuido entre el personal de la Dirincri. En el oficio se consigna al jefe de la Dirincri, general PNP Juan Carlos Sotil, y otros dos oficiales, así como cuatro suboficiales que trabajan en las oficinas de Abastecimientos y Economía.

Las empresas citadas en la denuncia pública son Finance Group G&P SAC, compañía constituida en el año 2018 y que se dedica a la comercialización de productos médicos, farmacéuticos y el arriendo de inmuebles. Además, se cita a Uniform Sniper EIRL, constituida en el año 2006 y que se dedica a la venta de prendas de vestir, productos cosméticos y farmacéuticos. Ambas empresas se habrían adjudicado una millonaria licitación durante el periodo de emergencia sanitaria. También en el documento se consigna a otras siete empresas más quienes habrían proveído a distintas sedes de la PNP material de protección por un total de S/ 23’425.383.

Este diario consultó la página web del Organismo de Supervisión de Contrataciones con el Estado (OSCE) para corroborar que había suscrito contratos con la empresa Finance Group G&P SAC. El único cliente que registra como proveedora del Estado es la Dirincri y durante el periodo de aislamiento social se suscribieron dos contratos por un total de S/ 248.165 para proveer guantes, mascarillas y equipos de protección sanitario a esta unidad de la PNP.

De igual forma, Uniform Sniper EIRL suscribió durante el mes de abril- el periodo de aislamiento social- dos contratos con la Policía Nacional: Dirincri y Región Policial Lima. Esta última sede policial contrató sus servicios por S/ 203.880. Mientras que la unidad especializada en investigación criminal suscribió un contrato por S/ 1´982.400 con la compañía, representada por Malena Bazán quien habría proveído mascarillas descartables N-95.

La titular del Ministerio Público ha centrado su atención en determinar qué compañía fabricó los productos de sanidad y cuándo fueron adquiridos por ambas compañías los productos que finalmente se vendieron a la Policía Nacional. Además, cuándo fueron internados en la sede policial, porque habría detectado incongruencia en las fechas entre las guías de remisión y el registro de ingreso de los productos adquiridos.

Este Diario se comunicó con Karla Gutti gerente de Finance Group G&P SAC quien sostuvo que “sus operaciones [se hicieron] de acuerdo a ley” y que darán las explicaciones a las autoridades que investigan. El caso. Mientras que Uniform Sniper EIRL no respondió a nuestros reiterados pedidos de entrevista.

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