Los derrames petroleros ocurren frecuentemente en la Amazonía y en la costa norte dejando severas afectaciones de largo plazo en la vida de comunidades y los ecosistemas, expulsándolos de sus territorios, de sus derechos y de sus ecosistemas. El reciente derrame de petróleo a manos de Repsol en la capital ha sacado a la luz un severo problema con impactos acumulados que datan desde la década de 1970. Así lo afirma Alejandro Chirinos, vocero de la organización no gubernamental CooperAcción.
“Nuestro país ya tiene una historia de derrames petroleros con finales tan tóxicos como la mancha oleosa de Repsol que ha afectado más de 30 playas en cinco distritos costeros de la costa central. Urge una reforma ambiental y energética en el país, que fortalezca la institucionalidad sancionadora, además”, afirmó Chirinos.
Los gremios de pescadores y representantes de federaciones indígenas amazónicas afectadas por derrames de petróleo en el Perú se reunieron recientemente con el relator de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marco Orellana, y le entregaron un documento con sus demandas con el objetivo de que la ONU pueda hacer llegar sus recomendaciones al Estado peruano.
La reunión se llevó a cabo en el marco de un encuentro de diálogo denominado MARAMAZONÍA. Espacio organizado por el Subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con el objetivo de visibilizar las demandas y propuestas comunes frente a los impactos generados por la actividad petrolera en el país y así establecer una sola plataforma de lucha para incidir en el cambio de políticas ambientales.
“El relator de la ONU ha constatado que el alto nivel de afectación a los derechos fundamentales de las personas ocasionada por el derrame de crudo está relacionado con la respuesta lenta y desarticulada del estado frente a la crisis, pero también con la irresponsabilidad y falta de empatía de la empresa para atender la emergencia ambiental y social durante los primeros días, evadiendo en todo momento su responsabilidad”, indicó Chirinos.
Según el vocero de CooperAcción hasta el momento se calcula que unas 6 mil personas han perdido su empleo, de las cuales poco más 2,500 corresponden a pescadores artesanales, entre embarcados y no embarcados, de acuerdo a datos del padrón de afectados elaborado por Produce y alcanzado a la PCM.
La otra cifra cercana a los 3,500 corresponden a personas dedicadas a actividades económicas relacionadas de manera indirecta con la actividad extractiva pesquera, vale decir, fileteras, lavadores, estibadores, sombrilleros, operadores turísticos, mototaxistas, vendedores y pequeños restaurantes.
“Cada trabajador afectado tiene en promedio cuatro miembros de su familia que dependen de él, lo cual eleva la cifra de afectados a 30 mil personas. Económicamente los microempresarios han quedado en bancarrota. Se han quedado sin medios de vida y pasará mucho tiempo para que vuelvan a faenar, probablemente entre 10 a 20 años hasta que se recupere el ecosistema dañado. ¿Realmente los 800 dólares de indemnización que está ofreciendo Repsol cubren las necesidades de los pescadores? Unos han aceptado, otros no”, concluyó Chirinos.
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