El negocio de las grúas: El otro grupo que obtuvo más de S/ 6.8 millones en contratos con municipios creando empresas familiares

Gonzales Rentería es gerente general de la empresa Grúas Triple A S.A.C, la misma que desde el año 2006 ha firmado 26 contratos con el Estado. Además de encabezar esta compañia, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) registra que también es gerente general de S.O.S Vehicular S.A.C., empresa con la que, hasta la fecha, mantiene un consorcio con contrato vigente.

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En su entorno empresarial también figuran sus hijos: Molly Francesca Gonzales Becerra de 19 años y Jonathan Gonzales Becerra de 18 años. Ambos jóvenes fundaron, en mayo del 2025, la empresa Famosa Triple A S.A.C, con la que han conseguido un contrato con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima. Molly Francesca, sin títulos registrados en SUNEDU, ha pasado a ser una figura recurrente en adjudicaciones desde el presente año.

En 2021, la Municipalidad de San Borja convocó un concurso público para el servicio de alquiler de grúas de arrastre por un valor referencial de S/ 756 mil. En el proceso participaron, por separado, Grúas Triple A S.A.C. y S.O.S. Vehicular S.A.C., pese a contar con el mismo socio y gerente general: Juan Gonzales Rentería. La Ley de Contrataciones del Estado prohíbe que empresas de un mismo grupo económico compitan en el mismo procedimiento de selección.

Pese a esa restricción, Gonzales Rentería presentó, el 10 de junio de 2021, una declaración jurada afirmando no tener impedimentos para postular. La revisión posterior de registros públicos confirmó el vínculo societario y derivó en una investigación por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado.

No fue hasta octubre de 2024 que, mediante la Resolución N° 3756-2024-TCE-S6, se impuso a Grúas Triple A una inhabilitación de tres meses para participar en licitaciones, por presentar información inexacta.

En paralelo al proceso de San Borja, ese mismo año se registró otra operación particular en el distrito de Surquillo. S.O.S. Vehicular y Grúas Triple A participaron como empresas separadas, pero luego formaron un consorcio donde terminaron siendo la única oferta presentada. El contrato, por S/ 1’572.480, fue adjudicado al grupo. Al igual que en el caso de San Borja, en Sunat figuraba Gonzales Rentería como gerente general de ambas compañías.

El grupo familiar continuó adjudicándose contratos. En 2024, Grúas Triple A obtuvo un contrato por S/ 120 mil con la Municipalidad de Punta Hermosa, y en el 2025 logró otra adjudicación por S/ 602 mil con la Municipalidad de Magdalena del Mar. En esta última licitación, la empresa se presentó y ganó en consorcio con Molly Francesca Gonzales Becerra, la hija del dueño.

En 2025, Molly Francesca sumó tres adjudicaciones: un contrato con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima por S/ 5 millones en consorcio con Famosa Triple A S.A.C., empresa fundada por ella y su hermano; un contrato con la Municipalidad de San Luis por S/ 776 mil; y su participación en el contrato con Magdalena.

Cabe resaltar que en el caso del contrato con el SAT, en las bases integradas, la entidad solicitó como experiencia del postor un monto de S/950 mil facturados previamente. Las casualidad es que dicha cifra de dinero es la misma que Molly presentó como única experiencia previa, con un monto que facturó para un servicio que le brindó a la empresa de su padre: Grúas Triple A.

Una situación similar se repitió hace dos años cuando Juan Gonzales Rentería postuló con S.O.S Vehicular S.A.C a un concurso público en el SAT por un contrato que superaba los S/ 2 millones.

En ese entonces la entidad solicitó para el contrato millonario una experiencia de S/600 mil. Es así que el hombre presentó una experiencia de S/649 mil que obtuvo en un contrato que previamente generó con la misma entidad. Su competidor, por el contrario, demostró una experiencia mayor al S/1.5 millones.

Entre otros de los datos a tener en cuenta sobre el operar de las empresa de Gonzales Rentería, es que tanto durante el concurso público que se realizó en San Luis como en el del SAT, su hija Molly Gonzales Becerra presentó en su oferta las mismas grúas.

Esto es algo que también se advirtió en el caso del grupo de Orlandini Racing S.A.C., que viene operando en los municipios de Lima.

En una entrevista concedida a este Diario, Juan Gonzales Rentería destacó que es un empresario con 27 años en el rubro de grúas. En esa línea, defendió que sus hijos, Molly (19) y Jonathan (18), sean representantes de la empresa Famosa Triple A S.A.C., contratada por el SAT y municipalidades. “Si bien es cierto tienen una corta edad, ¿y qué mejor patrimonio que dejarle a los hijos?”, afirmó.

Si bien sus hijos figuran como máximos representantes de su empresa, el patriarca de la familia reconoció que él decide y ejecuta todo lo relacionado al control del negocio. “Todo lo que ella (Molly) firma es lo que yo le digo. Yo manejo todo”, expresó Gonzales Rentería.

Sobre grúas repetidas en licitaciones, dijo: “A la hora de presentarse se presenta con las placas que usted desee siempre y cuando cumpla con los términos de referencia”, agregó.

Sobre el origen de Famosa Triple A, afirmó que un gran porcentaje fue financiado por él con una grúa valorizada en casi S/100 mil soles que otorgó a nombre de su hija y que su hijo aportó S/1.000 con un celular, además de un capital de S/5.000. Admitió que él decide con qué empresa postular “dependiendo de los términos de referencia”.

Molly, quien también estuvo presente durante la entrevista que se realizó en las instalaciones de la empresa Grúas Triple A S.A.C, reconoció y aceptó que su padre usa su nombre y documentos: “Sí, totalmente de acuerdo”. Sobre su independencia empresarial comentó que su “papá lleva todo el manejo de las finanzas”, pero que está presente viendo la parte logística.

El empresario aprovechó la entrevista para mencionar los conflictos con sus competidores y las anulaciones de procesos en el Tribunal de Contrataciones. Gonzales Rentería criticó la recurrencia de requisitos restrictivos para las nuevas licitaciones con el Estado. “Si ponen un requisito que solo una empresa tiene, eso es un amarre”, dijo tras señalar que en la actualidad un grupo empresarial tendría la supremacía de las contrataciones con un grupo de municipios. Esto en clara alusión al grupo liderado por Orlandini Racing S.A.C.

En tanto, reafirmó que dentro de sus empresas y la de sus hijos no se realizan actos de corrupción y aceptó que en los recientes años ha bajado su flujo de trabajo debido a la aparente competencia desleal en el sector. Asimismo, señaló que, desde 2024, se encuentra en un proceso judicial con la Municipalidad de San Isidro donde brindó servicios, pero los detuvo porque, según denunció, un trabajador le solicitó una coima.

“No acepté la corrupción. Me penalizaron por S/333 mil y me quitaron la garantía del 10%”, acusó.

Además, Gonzales Rentería explicó que antes de que se ejecutara la penalización, resolvió el contrato y llevó el caso a arbitraje. Posteriormente, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga firmó una resolución para iniciar una conciliación, lo que él interpretó como un reconocimiento implícito.

El abogado especialista en contrataciones públicas, José Trelles Trelles, señaló que es evidente que el empresario utiliza distintas personas jurídicas e incluso personas naturales, sus hijos, para inscribir proveedores y ganar procesos. El riesgo principal sería “presentar dos ofertas de empresas distintas con la intención de evidenciar una supuesta competencia”, lo que constituiría una infracción ya sancionada antes por el Tribunal de Contrataciones.

Indicó que podría tratarse de fraude a la persona jurídica, creando ficticiamente experiencia mediante contratos internos. El contrato clave, por S/ 950 mil, que la hija firma con el padre entre sus empresas, según el experto, carece de detalles técnicos mínimos y podría evidenciar que se estaría fraguando un contrato para crear una experiencia que no habría existido.

Resaltó que la única experiencia presentada por Molly debe ser fiscalizada, pues además los mismos vehículos fueron ofrecidos en contratos del SAT y de San Luis, lo que podría implicar duplicación de servicios o cobros.

De igual manera, consideró llamativo el contrato del SAT de más de S/ 5 millones. “La experiencia mínima que requieran sea 950 mil soles, igual a la experiencia que tiene esta señorita (...) Eso podría significar un indicio de favorecimiento”, argumentó.

Sobre la defensa del empresario de que puede cambiar las grúas después de ofertar, el experto advirtió que eso refuerza la necesidad de fiscalización.

Por su parte, al abogado penalista Aaron Aleman, socio del estudio Aleman & López, destacó que, en el concurso del SAT, el consorcio vinculado fue el único postor, lo que, junto con la reiteración de bienes ofertados —por ejemplo, las mismas grúas con los mismos números de placa— en contratos simultáneos, sugiere una posible falta de libre concurrencia y transparencia.

Advirtió que si se usaron documentos que no reflejan la realidad para cumplir con los términos de referencia, ello podría configurar delitos como falsedad genérica o colusión agravada, especialmente si hubo funcionarios que omitieron evaluar la idoneidad y antecedentes de los adjudicatarios. Señaló que “aunque sea el único postor, si no se cumplen los principios de libre concurrencia, transparencia y buena fe contractual, la licitación podría haberse declarado desierta”.

Finalmente, indicó que corresponde a la Procuraduría Pública Anticorrupción y a la Fiscalía Especializada revisar de oficio todos los contratos adjudicados al grupo familiar, verificando la documentación, las condiciones materiales de prestación del servicio y posibles incrementos patrimoniales injustificados de los adjudicatarios y de los funcionarios involucrados.

En tanto, el SAT explicó a El Comercio que el contrato de S/ 5.3 millones adjudicado al Consorcio Famosa Triple A S.A.C. y Molly Gonzales se realizó mediante el Concurso Público N° 002-2025-SAT, convocado el 1 de abril de 2025 y publicado en SEACE. Señalaron que, aunque se registraron cinco participantes, solo uno presentó oferta, y que el procedimiento estuvo abierto durante 35 días para fomentar mayor participación.

Respecto a la experiencia y vínculos familiares, la entidad indicó que la edad o títulos profesionales no son factores de evaluación en consorcios y que la normativa no prohíbe relaciones familiares o que una misma persona sea representante legal de varias empresas. Añadieron que se verificó que el consorcio no tuviera sanción vigente, y que no existieron contratos simultáneos con S.O.S. Vehicular, Grúas Triple A y Famosa Triple A, ya que los contratos se firmaron en períodos distintos y conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

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