El buffet jurídico fue el único invitado a participar en la convocatoria pública del Mininter. Foto: archivo GEC
El buffet jurídico fue el único invitado a participar en la convocatoria pública del Mininter. Foto: archivo GEC
Redacción EC

El Ministerio del Interior contrató al Estudio Caro y Asociados para que asuma la defensa legal de en la investigación penal que se le abrió desde el Ministerio Público por presunto abuso de autoridad. Por estos servicios, el buffet jurídico está solicitando S/ 120 mil, monto que se divide en dos partes: 60 000 soles por concepto de honorarios y 60 000 soles por comisión de éxito.

El 13 de agosto se confirmó la contratación de este estudio de abogados, que fue el único postor que se presentó en la convocatoria pública que se hizo desde el Mininter.

Se sabe que el Estudio Caro y Asociados asumirá la defensa del ministro Juan José Santiváñez en dos investigaciones preliminares que pesan en su contra: una por abuso de autoridad y la otra por negociación incompatible.

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En este punto es importante precisar que las pesquisas no guardan relación con los últimos audios que se difundieron, donde el funcionario deja entrever que la presidenta Dina Boluarte lo presionó hasta en dos oportunidades para que cierre la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad(Diviac).

“A mí Dina (Boluarte) me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso”, se le escucha decir al titular del Mininter en el extracto de una conversación.

Investigaciones

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima abrió una investigación preliminar por 120 días contra el funcionario y otros implicados por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible cuando era viceministro.

La otra pesquisa preliminar por 60 días surgió luego de que se hiciera público un audio en el que el ministro Juan José Santiváñez pide que “controlen” al periodista Marco Sifuentes de La encerrona. Posteriormente, trascendió que el funcionario abrió un proceso disciplinario contra el policía que habría difundido dicho material.

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