Ministerio de Justicia: Sólo el 0.2% del total de denuncias por extorsión se realizó desde los penales

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) señaló que proponer otorgarle a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) el control de los penales es inconstitucional y, por lo tanto, inviable desde un aspecto legal y operativo.

En un pronunciamiento, dicho sector sostuvo que el grueso de extorsiones denunciadas no proviene de penales y que la propia PNP ha señalado que, en lo que va del 2024, sólo el 0.2% del total de 15,384 denuncias por extorsión fue realizado desde los penales, lo cual derivó en 21 traslados de internos a penales de mayor seguridad.

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Mientras tanto, en el año 2023 sólo el 0.1% del total de 19,305 casos por extorsión se hizo desde los penales, lo cual derivó en 24 traslados de internos a penales de mayor seguridad.

Asimismo, remarcó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantiene el principio de autoridad y el orden en los penales con agentes especialmente capacitados para esa labor.

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Enfatizó que ni la PNP ni las FF.AA. tienen la formación profesional para cumplir con el mandato constitucional de la resocialización, la rehabilitación y la reincorporación de los internos a la sociedad como finalidad del sistema penitenciario, tal como lo manda el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución.

En ese sentido, se sostuvo que los agentes del INPE poseen conocimientos en tácticas de seguridad de penales y desarrollan prácticas de forma permanente bajo la supervisión de instructores.

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Se cuenta además con un Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que su formación incluye el control y disuasión de situaciones de riesgo al interior de penales, develación de motines, conducción y traslado de internos.

Del mismo modo, los servidores penitenciarios están capacitados en la normatividad vigente sobre derechos humanos y uso de la fuerza en el contexto penitenciario.

Centros de resocialización

El Minjusdh anotó que entregarle el cuidado de los penales a la PNP o las FFAA significa revivir los célebres sucesos acontecidos en el penal “El Sexto” en 1984, donde la Guardia Republicana, por entonces encargada de custodiar los penales, fue sobrepasada por un grupo de 10 delincuentes.

De igual forma, se puntualizó que los penales son centros de resocialización y el INPE “hace los mayores esfuerzos para devolver mejores personas a la sociedad”, brindándoles talleres de trabajo, educación básica y técnica, programas como Orquestando, Cero Analfabetismo, Cárceles Productivas, entre otros.

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Finalmente, expresó que insinuar el fracaso del sistema penitenciario no se condice con el trabajo y esfuerzo del INPE, en su rol constitucional de administrar los penales.

“No obstante, nos corresponde reforzar y fortalecer la articulación del trabajo que coadyuve a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”, sentenció.

¿Qué planteó Fuerza Popular?

Como se recuerda, el partido Fuerza Popular había planteado que las Fuerzas Armadas asuman la administración “temporal y exclusiva” de los penales en el Perú y se hagan cargo de la seguridad ciudadana en los distritos y provincias declarados en emergencia.

A través de un comunicado, indicó que la administración de los penales por las Fuerzas Armadas deberá extenderse por un mínimo de 120 días, debido a que un alto porcentaje de los crímenes se planifican desde las cárceles.

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Asimismo, señaló que en los próximos 120 días el Gobierno debe presentar una propuesta consensuada de reforma del sistema de administración de justicia para evitar que “malos elementos” dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público sigan “perjudicando la correcta administración de justicia” en el Perú y terminen liberando a criminales.

Del mismo modo, planteó ejecutar un programa de capacitación dirigido a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la seguridad ciudadana en los distritos y provincias que sean declarados en emergencia.