Un futuro sin combis: lo que cambiará en el transporte con el nuevo Plan Regulador de Rutas

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El documento establece que 364 empresas de transporte convencional operarán 462 rutas de Lima y Callao, con una flota de 22 mil unidades autorizadas. Cuando empiece la renovación de los vehículos, se estima que se contará con 17 mil unidades autorizadas porque se reemplazarán las unidades de poca capacidad por unas de mayor capacidad, ya que se apunta a la macromovilidad.

Este régimen excepcional entrará en vigencia cuando se apruebe la actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la ATU, que está previsto que ocurra en los próximos días, luego del visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

A las empresas que están por vencer sus autorizaciones previsionales y que aún no reúnen las condiciones para acceder al régimen excepcional, se le ha otorgado un plazo de dos meses de adecuación, hasta el 28 de febrero del 2025, para que puedan cumplir con los requisitos que establece la norma, como tener buses con GPS, sistemas de pago sin contacto y conductores en planilla, entre otros.

La ATU indicó que la cantidad de rutas se estableció tomando en cuenta la demanda real de viajes, a fin de mejorar la movilidad de los ciudadanos, reducir la congestión vehicular y promover un transporte más eficiente, seguro y sostenible.

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Esto ocurre en el contexto de que el Banco Central de Reserva (BCR) estimó que cada persona en Lima perdió, en el 2023, S/3.8 mil al año en horas adicionales utilizadas para trasladarse a su centro de trabajo. Tomando en cuenta a la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) urbana, el costo total de esas pérdidas en la capital fue de aproximadamente S/20 mil millones, es decir, alrededor del 2,0% del Producto Bruto Interno (PBI).

Según el Plan de Movilidad Urbana (PMU), al día se realizan 108,802 viajes en hora punta en vehículos que prestan el servicio de transporte público de manera informal, lo que genera congestión, inseguridad y competencia desleal.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, explicó a El Comercio que el Plan Regulador de Rutas busca que las empresas de transporte público se formalicen, tengan un manejo empresarial, accedan a créditos financieros y puedan renovar su flota vehicular gracias a que cuenta con los títulos habilitantes que les pemite circular por las calles de la capital.

“Los últimos títulos habilitantes en Lima y Callao vienen desde el año 2003, estamos hablando de hace 21 años que no se han tenido títulos habilitantes, es decir, las autorizaciones para los operadores de transporte público. Esas autorizaciones es el título valor que respalda la adquisición y la renovación de la flota. Por lo tanto, no es solo un ordenamiento, sino es la posibilidad, la base que va a permitir la renovación, por fin, de la flota transporte público”, expresó.

El funcionario detalló que las autorizaciones serán por 5, 10 y 15 años, pero dependerá del tipo de combustible que utlilicen las unidades vehiculares. Las empresas que opten por buses que funcionan con gas natural vehicular (GNV) tendrán autorización para circular por 10 años, mientras que las que apuesten por unidades eléctricas accederán a autorizaciones de 15 años. Los vehículos a diésel tendrán permisos por 5 años.

“Los operadores tienen la posibilidad de que, cumpliendo las condiciones dentro de los cinco años, al momento de cumplirlas, van a poder llevar sus autorizaciones a 10 y 15 años, ahí sí dependiendo de la matriz energética”, resaltó Hernández.

“El primer año tienen que cumplir todo el tema de organización empresarial y su plan de negocios de cómo van a reorganizar la empresa y cómo van a renovar sus buses. Primero es el cómo. Lo segundo es que a los 18 meses es tener toda su flota completa y vamos a empezar un programa, por 18 meses, para integrar la informalidad. Hay espacio en la formalidad para que los informales se integren, pasen a ser formales, a trabajar de manera ordenada. Vamos a tener las ferias de trabajo con los transportistas para que se integren a la formalidad a los 18 meses”, aseveró.

“Los primeros vehículos comenzarán a llegar a los 3 años. Al cumplir estos requisitos, como los conductores en planilla, más el GPS, el sistema de recaudo, al cumplir todo esto dentro de esos plazos -un año, 18 meses y tres años- en ese momento lograrán tener sus autorizaciones por 10 años (en caso sea a gas) y si eligen eléctrico es por 15 años”, agregó.

Hernández señaló que actualmente las rutas de transporte público “son un tallarín”, por lo que el proceso de reordenamiento ha permitido pasar de 390 a 364 empresas que operarán bajo el nuevo ordenamiento. “Es un tema gradual, pero en principio esas son las rutas (364) que quedarían en la ciudad, en principio esas son. Para que haya algún cambio deberíamos tener alguna medición de lo que se ha hecho no ha estado funcionado muy bien. Eso es posible, hay que recordar que en los corredores hemos ajustado en las rutas y en los servicios, tanto en el Morado, Rojo y el Azul”, argumentó.

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“Esa reducción es con cambio de muchas otras (rutas), fusión (de empresas de transporte) para poder lograr un modelo de competitividad y no al revés, no un modelo de competencia desleal, sino, por el contrario, que sean las rutas que puedan trabajar de manera conjunta en favor del ciudadano”, añadió.

Además, indicó que solamente se darán cinco años de autorización, no renovable y sin posibilidad de extenderla, a las empresas de transporte que operan en donde hay concesiones como el Metropolitano, Corredores Complementarios y Metro de Lima.

“Donde hay concesiones, las autorizaciones, este régimen excepcional, solo se van a dar por cinco años y solamente por cinco años. En estas concesiones hay que tener en cuenta que falta que sean complementadas (los corredores), como el Rojo, varios paquetes del Morado, del Amarillo, todos los paquetes del Corredor Verde, pero ahí viene el tren Lima Chosica”, indicó.

“Ahí donde hay concesiones, nuestros operadores solo van a tener autorización excepcional por cinco años y dentro de esos cinco años, en el año 2027, la ATU va a convocar la licitación de la concesión de los paquetes que faltan. Ahí lo que esperamos que es nuestros transportistas ya tengan las condiciones económicas y de organización empresarial de buses de transportes que les permitan postular a las concesiones”, añadió.

Señaló que la aplicación del Plan Regulador de Rutas ha originado que varias empresas de transporte decidan fusionarse y que, del total de rutas, unas 21 se están eliminando, cuatro están creciendo y dos están postulando para ser trabajadas como “rutas verdes” al operar con buses eléctricos.

David Hernández señaló que, con el reordenamiento de rutas, se extenderá el recorrido de algunas empresas de transporte público, a fin de atender las zonas periféricas de Lima, así como conectar la capital con el Callao.

Remarcó que las combis tendrán que ser reemplazadas por unidades de 9 metros, que vienen a ser las denominadas coaster. En todo caso, según dijo, los propietarios de las combis pueden acceder a créditos financieros al poner como garantía la ruta otorgada y así comprar buses de mayor tamaño.

“En este momento tenemos rutas que se están ordenando, muy pocas se están recortando (su recorrido), pero las demás están creciendo porque la ciudad ha crecido y estamos integrando, por fin, Lima y Callao en rutas ordenadas, eficientes, ya no al ‘correteo’, ya no más un tema de competencia desleal, sino por el contrario, buscar la eficiencia y la rentabilidad de las empresas de transporte”, señaló.

“Las combis van a ir siendo reemplazadas por los servicios de transporte masivo, tampoco es que estén muy lejanos. El vehículo más pequeño que tenemos en el servicio del sistema padrón es el vehículo de 9 metros, lo que todos conocemos como la coaster. El de 9 metros es el modelo de cambio, ahí es donde las empresas que hoy tienen combis, obviamente, se van a convertir a bus y otras sí pasarán a 9 metros, es decir, a tipo coaster”, detalló.

“No necesitan tener recursos en los bolsillos para poder hacer un cambio de vehículo, por el contrario, van a tener ahora, por fin, por 10 o 15 años su ruta, esa ruta es el valor que le permite apalancar todo este esquema financiero para lograr tener las unidades vehiculares del tamaño que necesiten. Es un trabajo en el cual el transporte va a dejar una lógica de subsistencia por un modelo empresarial”, explicó.

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“Las combis van a ir evolucionando porque son el vehículo, y ese vehículo va a ser adquirido por los transportistas ahora sí bajo un modelo de empresa, un modelo formal, un modelo que permita que los conductores estén en planilla, tengan vacaciones, trabajen las horas que deben y sean remunerados de manera adecuada”, agregó.

En una mesa técnica se viene debatiendo varias iniciativas que pueden ayudar a los transportistas a renovar su flota, como la implementación de un régimen especial tributario y de Impuesto General a las Ventas (IGV) para el sector transporte.

El presidente de la ATU, David Hernández, explicó a El Comercio que los operadores de transporte público también pueden hacer uso de los bonos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y de Calidda, los cuales cubren hasta 50 mil soles, y así ayudan a aminorar el costo de un bus.

“Puedan entrar a un régimen especial que les permita usar el IGV, descontarlo como cualquier empresa lo hace como crédito fiscal. Por ejemplo, un operador de transporte público si compra aceite o llantas, con factura o sin factura, realmente no le importa porque no puede descontarlo, en cambio, cuando sea un modelo de empresa, al momento de comprar las llantas, ese 18% le sirve de crédito fiscal para ponerlo dentro de las actividades que viene realizando”, indicó.

“Otro tema es el de la planilla, ya que significa un crecimiento del 33% en lo que es tu fuerza laboral, y la fuerza laboral es muy fuerte, por lo tanto, el impacto tributario también es alto. Entonces, lo que estamos buscando es que, mientras un periodo de adecuación, puede haber un régimen especial que le permita que desde el principio no se le cargue tan fuerte en la mochila a los transportistas y que no se vean atosigados de impuestos o de modelos que ellos no dominan”, agregó.

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Además, se ha planteado que las unidades se pongan en un fideicomiso para que, en caso la empresa de transporte quiebre por problemas administrativos, solo se liquide la razón social y otra empresa se hace cargo de la ruta y el bus sigue funcionando, lo que evitará que se rompa la cadena de pagos.

José Aguilar, expresidente de la ATU, respaldó la aplicación del Plan Regulador de Rutas, ya que las unidades de las empresas de transporte se superponen en diversas zonas de Lima, como en la avenida Abancay y la Panamericana Norte, lo que genera congestión.

“De los datos que se tienen es que de 490 rutas que te menciono, cerca del 60% se superponen en más de la mitad, entonces tenemos esta competencia entre las unidades. Lo que se busca con el plan regulador es ordenar un poco”, expresó.

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“Se busca reducir esa superposición de rutas, de forma que pase una o dos rutas, como máximo, por una misma avenida, y la otra es hacer una apuesta por la macromovilidad, es decir, implica una reducción gradual de los minibuses, las famosas camionetas rurales (combi) y coaster”, agregó.

No obstante, destacó que se aplique una gradualidad en la implementación del Plan Regulador de Rutas, pues remarcó que no se puede retirar de un momento a otro a todas las combis y microbuses de las calles, ya que representan más de la mitad de las unidades que circulan en Lima, es decir, cerca de 11 mil unidades, y se podría generar un desabastecimiento y se encarecería el servicio, pues los pasajeros tendrían que abordar taxi o auto colectivo.

Aguilar planteó que se cree un fondo para que las empresas de transporte más pequeñas puedan acceder a un financiamiento a través del chatarreo obligatorio de sus unidades más antiguas. Incluso, planteó que organismos multilaterales o el propio Estado financien dicho fondo para que los transportistas paguen tasas de interés más bajas.