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Fue conocida como la ‘bestia’ de Petit Thouars en marzo del 2019. Se trata del vehículo de placa B1B-741, que era parte de una flota de 40 coasters ‘piratas’ que invadían la ruta del corredor azul, generando millonarias ganancias ilícitas, transportando sin SOAT a pasajeros ni revisión técnica y sin que alguien pueda controlar sus operaciones.
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Esta situación ocurría, en parte, porque en los últimos años, el servicio de transporte público ha sido controlado únicamente por los inspectores municipales de transporte, no por la Policía Nacional, luego de que a esta última entidad se le recortaran las facultades para hacerlo.
El problema radica en que las multas que imponen los inspectores (conocidos como ‘chalecos amarillos’) no restan puntos en la licencia de conducir, a diferencia de las papeletas de la Policía de Tránsito que, al acumularse, el historial del chofer se perjudica y puede conllevar a la suspensión del brevete.
Las multas de los inspectores son solo económicas, pero no afectan el historial del chofer. Por eso, incluso los peores conductores del país tienen el brevete sin puntos en contra, como si fueran conductores ejemplares.
-Otra historia-
Como parte de la lucha contra la inseguridad ciudadana, el Ejecutivo dispuso que la policía sea la encargada de fiscalizar, supervisar y controlar los vehículos en materia de tránsito y transporte, imponiendo el reglamento de tránsito (que sí afecta el historial del chofer).
Así lo indica el Decreto Supremo 022-2019-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1216.
Con esta nueva norma, promulgada el 30 de setiembre, la interrupción del viaje de una unidad de transporte público, la retención del vehículo y su envío al depósito, competencias que también estaban en manos de los municipios, serán tareas de la policía.
En junio de este año, el coronel PNP Guillermo Llerena, jefe de la División de Tránsito de Lima, dijo a El Comercio que tener facultades para fiscalizar este tipo de transporte permitiría hacer operativos diarios para erradicar las combis piratas y los taxis informales.
La policía ejercerá estas competencias a través de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, sus unidades orgánicas especializadas y los Departamentos de Unidades Especializadas de las Regiones Policiales.
El decreto también establece que el Ministerio Público deberá implementar el Registro Forense de Víctimas de Accidentes de Tránsito, en un plazo máximo de 60 días.
