Se reduce el número de conductores en empresas de transporte público y una de las principales razones apunta a la extorsión | EXCLUSIVO

En un informe obtenido por acceso a la información pública del 2024, en julio de ese año habían 56 mil choferes de transporte público habilitados por la ATU. El mismo pedido de información fue realizado este año, en agosto del 2025, donde habían 22 mil choferes habilitados. Si bien la diferencia es notoria, no es posible determinar si la reducción de conductores haya sido únicamente debido al tema extorsivo u otras razones de índole laboral.

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Por otro lado, es importante tener en cuenta que existen miles de choferes que no se encuentran registrados oficialmente o que trabajan en el transporte informal, lo cual dificulta tener un número preciso.

Martín Ojeda, director de la Cámara de la Industria del Transporte, dijo a El Comercio que hay cerca de un 30% de flota de transporte urbano detenida, debido a la falta de conductores. “No hay programas de apoyo, hay una falta de fiscalización en el tema de jornadas de conducción en el transporte urbano y a ello se suma el estrés y miedo que tienen por las extorsiones“, señaló.

Ojeda mencionó que esta cifra se condice con el balance que maneja el propio Observatorio de Seguridad Vial, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Al respecto, las empresas de transporte denuncian que las bandas organizadas los han convertido en un un blanco constante. Indican que el cobro de cupos y las amenazas están obligando a las compañías a reducir su flota operativa.

La empresa Santa Catalina, conocida por sus colores característicos rojo y verde, en principio llegó a tener más de 200 buses en circulación, sin embargo, hoy apenas logra movilizar unas 70 unidades. Sus paraderos inicial y final permanecen cerrados y los vehículos lucen estacionados. Solo un reducido grupo de choferes se atreve a salir a trabajar. Registra una caída sostenida en sus ingresos diarios, alcanzando pérdidas que superan los 100 mil soles al mes.

En el caso de la empresa Evipusa, de color naranja con rayas blancas, los mensajes extorsivos obligaron a detener gran parte de su flota. Aunque cuentan con 70 vehículos, actualmente ponen en marcha menos de la mitad. Los propios choferes reconocen que salir a trabajar implica exponerse a un ataque armado. “Chofer que sale, chofer que se va”, advierten los extorsionadores en mensajes que circulan entre los transportistas.

En tanto, la empresa Etuchisa, conocida como “El Chino”, también enfrenta la crisis actual de la falta de choferes. Esto se ve evidenciado con la presencia de un letrero en sus paraderos que anuncia la necesidad de personal. Los pocos buses que aún circulan lo hacen en medio de la incertidumbre, pues sus conductores saben que ejercen una labor que ahora se considera de alto riesgo.

Por su parte, la Asociación Nacional de Conductores confirmó que varias compañías ya no operan al 100% de su capacidad. Precisó que algunas alcanzan con tener el 90% de sus buses en circulación, mientras que otras apenas llegan al 50%. El temor a ser atacados ha cambiado las rutinas de los transportistas, que evitan horarios de mayor riesgo y priorizan su seguridad antes que las ganancias.

Indicó que antes los transportistas podían llevar a casa alrededor de S/500 por semana, pero ahora el monto fluctúa entre S/300 y S/350. “Hasta un 40 % se ha reducido el ingreso. Una sola empresa pierde tranquilamente más de cien mil soles mensuales”, explicó.

Además, con menos unidades en las calles, los usuarios también resultan afectados. En Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y otros distritos de Lima Sur, por ejemplo, las rutas habituales han quedado recortadas, generando largas esperas y un servicio limitado.

La falta de conductores tiene que ver con una crisis global en el sector logístico, agudizada por el envejecimiento de la fuerza laboral, condiciones laborales precarias y una dificultad para atraer nuevo recurso humano.

Ojeda indicó que esta problemática de falta de conductores no solo sucede en el Perú, sino que es de carácter mundial. En países como Bélgica, dijo, se ha reducido la edad inclusive a 17 años para manejar vehículos profesionales o tener licencia profesional.

“Hemos luchado por un proyecto de modificación de decreto supremo para lograr la profesionalización de los conductores. Pero la PCM lo ha rechazado, a pesar de contar con el visto bueno del Ministerio de Transportes y de la Dirección de Seguridad Vial”, señaló.

Ojeda precisó que el tema de la extorsión en el sector transporte ha originado que se desdeñe la labor que realizan los conductores, así como su experticia, originando que busquen emigrar a otros países donde pueden recibir un mejor sueldo y son más valorados, como España. “En común ver por las calles buses y cústers con letreros atrás que dicen ”se necesitan conductores"“, comentó.

Agregó que en el Perú, existe una falta de fiscalización en el transporte urbano, los conductores no tienen contratos adecuados, trabajan a destajo, sin descansar y encima los matan. “¿Crees que sus hijos, la próxima generación, querrán ser conductores? Ya no. Esa generación se está perdiendo a nivel mundial. Y encima en un país con el peor tráfico, con la peor siniestrabilidad y maltrato a conductores, esa profesión ya no causa interés“, manifestó.

En tanto, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, dijo a El Comercio que la disminución del número de conductores se debe a dos razones esencialmente. Primero, a la modificación desde el año 2009 del Reglamento Nacional de Tránsito, implementándose la acumulación de puntos. Es decir, al incurrir los conductores en infracciones de tránsito, adicional a la multa, también reciben una sanción administrativa sobre su licencia de conducir.

“Las infracciones acumulan puntos. Desde 5 puntos hasta 70 puntos si son infracciones muy graves. La norma dice que si el conductor completa los 100 puntos se le suspende la licencia por 6 meses. Si reincide con otros 100 puntos, se le suspende 1 año, y si continúa la licencia es cancelada de por vida”, detalló.

En ese sentido, Quispe explicó que esa sanción gradual no ha sido suficientemente interiorizada por los conductores ni difundida en su magnitud por parte de las autoridades. Entonces, los conductores han seguido manejando, recibiendo multas, pagando, pero silenciosamente ha ido avanzando la cancelación de la licencia de conducir. “Estoy convencido que debe haber por lo menos 800.000 conductores con la licencia suspendida o cancelada. Por ese por esa razón han disminuido los conductores de transporte público, no hay”, dijo.

Y la otra razón es que ya en ciertas empresas ya no resulta resulta muy económico, porque antes, el conductor al ser cobrador y conductor siempre tenían un pago, mejores condiciones económicas. No obstante, ahora, con el ingreso del control electrónico, ya no hay forma de evadir el control y evidentemente su economía se ve mermada. A esto ha que sumarle el asesinato a los conductores, agregó.

Para Ojeda, lo primero que deben hacer las autoridades es garantizar lo más importante para el conductor: su vida. “Nadie quiere que su padre, hijo o esposa sea conductor, por el peligro que representa hoy en día. Hay un tema de protección a la vida que no se está dando en el Perú“, dijo.

Asimismo, indicó que no hay facilidades para cubrir con la norma actual la profesionalización del conductor y hay muchas barreras burocráticas por el exceso de seguridad vial. “No puede ser que para ser conductor profesional se tenga que cumplir dos pasos y tener un promedio de edad entre 28 a 30 años, cuando en otros países se ha reducido la edad porque no hay conductores", señaló.

Otro punto importante para Ojeda es fomentar la participación de la mujer en la conducción, como han hecho en Argentina y otros países. “Además, no puede ser que el Estado luche contra el Estado, no puede ser que se haya trabajado una norma para mejorar la profesionalización, apoyada por el Ministerio de Transporte y la PCM diga que no nos conviene. Todo lo expuesto es clave para resolver la situación”, expresó.

Por su parte, Quispe Candia dijo que, en general, la emisión de licencia del conducir en nuestro país es completamente laxo. “En nuestro país se pretende ser riguroso en la emisión de licencias, pero en la práctica no es así. Además, en todas las instancias del Estado donde se emite licencia de conducir, lamentablemente está inmersa la corrupción“, sostuvo.

A ello añade que también hay 200 preguntas del examen para licencia que están publicadas en la página del MTC. De estas, aleatoriamente se escogen 40 preguntas, de las cuales 35 tienen que ser aprobadas por los aspirantes para poder pasar.

“Entonces, en un par de días ya tienen las preguntas del examen aprendidas. Igualmente el examen de manejo es un circuito cerrado y con solo practicar en el circuito ya pueden dar con el examen, aunque no sepan manejar en la vía pública. Ese es el problema. Hay que tratar de balancear esa medida", indicó Quispe.

Para el experto, el conocimiento debe de ser integral, no solamente del reglamento, sino también abordar el manejo emotivo, el control de emociones.

El último vieres, una serie de ataques a mano armada contra buses de transporte público dejó 3 personas heridas en San Juan de Lurigancho. Según información preliminar, los ataques están vinculados al cobro de cupos por parte de bandas criminales.

El primer atentado ocurrió en en un vehículo de la empresa Huáscar (línea C), donde Jorge Rubén Dueñas López, conductor de 45 años, fue baleado mientras circulaba por la avenida José Carlos Mariátegui. Fue un sujeto que minutos antes había abordado el bus quien disparó varias veces contra el chofer. Las balas impactaron en la pierna y el brazo de la víctima.

Un pasajero, quien era menor de edad, también resultó herido por un proyectil. Ambos fueron trasladados al Hospital de Canto Grande para que sean atendidos. Se conoció por declaraciones de familiares y la PNP que ambos se encuentran fuera de peligro.

En el interior del vehículo, la policía halló una nota extorsiva firmada por un grupo identificado como ‘Cártel de los Soles’. El mensaje exigía comunicarse de inmediato con los extorsionadores y advertía “no estar jugando”.

Poco después, un segundo ataque afectó a un bus de la empresa Las Flores (la línea 57), a la altura del paradero 16 en la avenida Las Flores. Demetrio Osorio Villegas, conductor de la unidad, fue herido de bala por otro falso pasajero que, tras el ataque, descendió del bus y escapó junto a un cómplice en una motocicleta.

El chofer fue auxiliado por usuarios y vecinos antes de llegar a la Clínica San Juan Bautista, donde permanece bajo vigilancia médica. Las autoridades manejan como hipótesis que ambos ataques responden a la misma modalidad de extorsión y habrían sido ejecutados por la misma red criminal.

En tanto, la madrugada del 24 de septiembre, la empresa de transporte 41 S.A. fue blanco de un ataque armado en Villa El Salvador. Delincuentes dispararon tres veces contra un bus estacionado y dejaron una carta extorsiva en el parabrisas. El mensaje exigía el pago de un cupo y advertía que la seguridad de los trabajadores no estaba garantizada si no recibían respuesta. Incluía un número telefónico.

Ningún pasajero ni conductor se encontraba en el bus durante el ataque, registrado por cámaras de seguridad. Tras el hecho, los vehículos de 41 S.A. fueron retirados de circulación. Los trabajadores de la empresa señalaron que no habían recibido amenazas previas y expresaron temor ante nuevos atentados.

Similar escenario vivió la empresa Santa Catalina el mismo día. Marco Antonio Huamán Cosco, conductor de 47 años, fue baleado mientras esperaba abastecer combustible en San Juan de Lurigancho. Sujetos en motocicleta llegaron, uno subió al bus y disparó, hiriendo a la víctima en la pierna y el abdomen. Fue trasladado al hospital de Canto Grande y se encuentra fuera de peligro. Este es el quinto atentado contra Santa Catalina en los últimos meses.

La inseguridad en el transporte público permanece y sigue amenazando la vida de los conductores y cobradores en toda Lima Metropolitana. De acuerdo con datos de la Policía Nacional del Perú, un total de 65 choferes de empresas de transporte han sido asesinados solo entre enero y julio del 2025.

Las amenazas de grupos extorsivos y los ataques de sicarios se producen a cualquier hora y lugar. Se dispara contra los conductores, como ocurrió el pasado 15 de agosto en San Martín de Porres; o se atenta contra el vehículo, como ocurrió el pasado 12 de agosto en Carabayllo, cuando se usaron explosivos contra un bus lleno de pasajeros.

Se recuerda que la iniciativa del Gobierno para instalar cámaras de seguridad en las unidades de transporte público ante la ola de ataques contra los choferes se truncó, ya que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) declaró nulo de oficio el proceso de selección debido a deficiencias en los términos de referencia del concurso público, por lo que el proceso regresa a la etapa de convocatoria.

“El 21 de agosto de 2025, la Subdirección de Servicios de Transporte Regular emite informes y advierte la falta de componentes que no fueron considerados dentro de los términos de referencia en su elaboración tales como certificaciones, que resultan necesarias para una correcta satisfacción de la necesidad requerida; en consecuencia, concluyen que se evidencia deficiencias en las características técnicas desarrolladas en los términos de referencia”, indicó la entidad en su resolución 256-2025-ATU-PE, emitida el pasado 25 de agosto.