La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se encuentra en el centro de un intenso debate debido a la naturaleza de diversos proyectos financiados con fondos públicos de contribuyentes estadounidenses. Un análisis detallado de los gastos más controvertidos revela patrones significativos en la distribución de recursos y levanta interrogantes sobre la efectividad y priorización de ciertos programas. Entre los casos más llamativos destaca un incidente en Siria, donde aproximadamente US$10 millones destinados a programas de alimentación terminaron en manos del Frente Al Nusra, organización vinculada a Al Qaeda. lo cual generó serias preocupaciones sobre los mecanismos de control y seguimiento de los fondos en zonas de conflicto.
Particularmente controversial ha sido el financiamiento de proyectos de infraestructura y desarrollo económico de cuestionable eficacia. El caso más notable es una inversión de US$43 millones en una gasolinera en Afganistán, proyecto cuyos detalles y justificación no han sido completamente aclarados. Por otro lado, el apoyo financiero a organizaciones con agendas políticas generó legítima controversia: US$20 millones al Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y US$53 millones para investigaciones virológicas en Wuhan. Sí, la provincia china desde donde presuntamente se lanzó el virus COVID 19 y que -según fuentes oficiales- causó la muerte de 20 millones de personas, lo cual es algo inexcusable.
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Los programas relacionados con diversidad e inclusión también han sido objeto de escrutinio. USAID destinó importantes recursos a iniciativas y programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en diversos países. Adicionalmente, se han destinado importantes sumas para proyectos de comunicación y transformación digital en varios países, incluyendo 4.5 millones de dólares para “combatir la desinformación” en Kazajistán, 8 millones en Sri Lanka para capacitar a periodistas en evitar el “lenguaje de género binario”, 6 millones para “transformar espacios digitales con principios feministas democráticos”, y la lista sigue con cada financiamiento más singular que el siguiente, pero no prioritarios en muchos de los casos, según la misión para la que fue creada la entidad. Igualmente están los US$32.000 para un cómic transgénero en el Perú, sumando así aproximadamente US$3.65 millones adicionales a los que no se permite -en la mayoría de los casos- acceso a indicadores, resultados y auditorías, por lo que se genera una legítima suspicacia.
Es prudente señalar que este destape no es de ahora. Congresistas republicanos durante el gobierno de Barack Obama pidieron investigar USAID tras recibir informes de financiamiento a organizaciones terroristas y políticas contrarias a los intereses verdaderos de EEUU. Respuestas que jamás llegaron de la Administración Obama a las peticiones y quejas de los conservadores. Ante la negativa, constante y a través del tiempo, hoy el gobierno de Donald Trump, con el asesoramiento de Elon Musk, aboga por el desmantelamiento total de USAID, calificando sus gastos como “despilfarro”.
Un argumento a favor del cambio radical que busca Musk es, por ejemplo, el desvío de fondos y financiación indirecta de grupos proterroristas, lo que representa un riesgo serio para la seguridad nacional. En contraposición, hoy los demócratas y expertos en desarrollo internacional defienden la autonomía de la agencia de financiamiento internacional y argumentan que su cierre requeriría la aprobación del Congreso. Cosa que técnicamente es correcta ya que el Congreso tendría que aprobar una norma que derogue o modifique la Ley de Asistencia Exterior de 1961 y precisaría del apoyo y aprobación de ambos partidos. Lo que pocos ofrecen es propuestas y alternativas de solución o justificación de algunos programas que sí merecen ser continuados bajo el escrutinio y rendición de cuentas adecuadas. Solo que esta vez es una buena idea colocarla bajo la supervisión del Departamento de Estado, tal y como sucede en el Perú, donde la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) se encuentra bajo la gestión y supervisión de la Cancillería peruana.
Para concluir, el impacto geopolítico de todo este destape nos hace pasar por alto que desde el fin de la Guerra Fría, cuando la CIA dejó de tener razón de existir en ciertos países, se delegó en USAID la capacidad de convertirse en una herramienta importante de política exterior y diplomacia blanda y para la defensa nacional de EE.UU. El desmantelamiento o cambio radical podría reducir la influencia estadounidense en regiones estratégicas dejando una ventana de fuga de aliados relevantes para la defensa nacional del mismo país. Mucho que analizar desde varias ópticas. Titánica tarea para el brillante Elon Musk y su jefe Donald Trump.
(*) Irma Montes Patiño es analista en Relaciones Internacionales
