Tribunal de Bangladesh imputa a ex primera ministra por crímenes de lesa humanidad por muerte de manifestantes

Un tribunal especial de Bangladesh imputó formalmente este jueves a la ex primera ministra Sheikh Hasina por crímenes de lesa humanidad, en un juicio que ha dado un nuevo giro después de que su exjefe de policía decidiera testificar en su contra y que saliera a la luz una grabación de audio en la que presuntamente ordena “disparar” a manifestantes.

La formulación de cargos por parte del Tribunal de Crímenes Internacionales de Daca, una corte doméstica, da inicio oficial al juicio contra una de las líderes más longevas de Asia, quien gobernó el país durante 15 años consecutivos hasta su derrocamiento en agosto del año pasado.

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La prueba clave de la fiscalía, según el diario Dhaka Tribune, es una grabación revelada ayer por la cadena británica BBC en la que una voz, presuntamente la de Hasina, da instrucciones directas para una represión letal durante las protestas masivas de julio de 2024.

El caso contra la exmandataria se ve reforzado por la decisión de su exjefe de la policía, Chowdhury Abdullah Al-Mamun, de convertirse en testigo de cargo.

Al-Mamun, el único de los tres principales acusados que se encuentra bajo arresto, ha confesado su rol en los hechos, según la fiscalía.

Tanto Hasina como su exministro del Interior, Asaduzzaman Khan, están siendo procesados en ausencia al ser considerados “prófugos”.

El nuevo gobierno interino de Bangladés ha elevado la presión sobre la vecina India, donde se cree que se encuentra refugiada Hasina, para que cumpla con una solicitud de extradición.

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“La India ya no puede protegerla”, declaró el portavoz del gobierno de Daca.

El partido de Hasina, la Liga Awami, ha negado las acusaciones, atribuyendo la “lamentable pérdida de vidas” a “fallas de disciplina” de algunos agentes sobre el terreno y no a una orden directa de la cúpula.

Las acusaciones se centran en la brutal represión de la revuelta popular de julio de 2024. El movimiento, iniciado por estudiantes derivó en protestas masivas en todo el país que culminaron con la caída del gobierno el 5 de agosto.

Según un informe de la ONU sobre derechos humanos, hasta 1.400 personas pudieron haber muerto durante la violencia de esas semanas.