Diócesis católicas de EE.UU. recibieron ayudas públicas aunque tenían más de 10.000 millones de dólares en efectivo

Cuando el nuevo coronavirus obligó a las iglesias a cerrar sus puertas y prescindir de las colectas dominicales, la Diócesis Católica Romana de Charlotte solicitó más de ocho millones de dólares al programa insignia del gobierno federal para pequeñas empresas.

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La sede de la Diócesis, las iglesias y las escuelas solicitaron la ayuda a pesar de que tenían disponibles cuando menos 100 millones de dólares en efectivo e inversiones a corto plazo en la primavera pasada, según muestran los registros financieros. Y cuando no ocurrió la catástrofe económica que los de la iglesia temían, esos activos sumaron para el verano 110 millones de dólares.

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“Me complace reportar la buena salud financiera de la Diócesis a pesar de las muchas dificultades que ha representado la pandemia del COVID-19”, escribió el obispo Peter Jugis en el informe financiero auditado de la Diócesis el otoño pasado.

Conforme se extendía la pandemia, diversas Diócesis católicas a lo largo y ancho de Estados Unidos recibieron ayuda respaldada por los contribuyentes a través del “Paycheck Protection Program” (Programa de Protección de Pago), aunque tenían bastante más de 10.000 millones de dólares en efectivo, inversiones a corto plazo y otros fondos disponibles, según descubrió una investigación de The Associated Press. Esos recursos, de hecho, han aumentado en varias Diócesis.

Las 112 Diócesis que han compartido sus estados financieros auditados, además de iglesias y escuelas que supervisan, recibieron al menos 1.500 millones de dólares en ayuda procedente de los contribuyentes. Una mayoría de esas Diócesis reportaron suficiente dinero disponible para operar durante seis meses o más sin ningún ingreso nuevo.

Los recursos financieros de varias Diócesis compiten o incluso superan los de empresas que cotizan en bolsa como Shake Shack y Ruth’s Chris Steakhouse, cuya participación temprana en el programa de protección causó indignación. Funcionarios federales respondieron con énfasis que el dinero estaba destinado sólo para aquellos con una necesidad evidente. Muchas corporaciones regresaron los fondos.

En general, las casi 200 Diócesis en los Estados Unidos, dirigidas por obispos y cardenales, y otras instituciones católicas recibieron al menos 3.000 millones de dólares. Eso hace que la Iglesia Católica Romana sea quizás el mayor beneficiario del programa de ayuda, según un análisis de la AP de los datos de la Administración de la Pequeña Empresa de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés), revelados después de una demanda hecha por organizaciones periodísticas para recibir información pública. Esa agencia ha compartido por meses sólo información parcial, lo cual hace imposible un análisis más preciso.

El Programa de Protección de Pago, que es ya uno de los esfuerzos de ayuda federal más grandes de la historia, reanudó el mes pasado con casi 300,000 millones de dólares disponibles más.

Los funcionarios de la Iglesia han dicho que sus empleados eran tan dignos de recibir ayuda como los de cualquier negocio, y que sin ella habrían tenido que reducir su misión caritativa a medida que se incrementaba la demanda por despensas de alimentos y servicios sociales. Además, señalaron que las reglas del programa no exigían que agotaran primero sus reservas de efectivo y otros fondos antes de aplicar.

La creciente evidencia en los estados financieros que algunas diócesis han reportado recientemente muestra que los recursos que tenían se mantuvieron sólidos o incluso mejoraron. El patrón se mantuvo tanto si una diócesis era grande o pequeña, urbana o rural, del Este u Oeste, del Norte o del Sur.

En Kentucky, la AP encontró que el dinero disponible para la Arquidiócesis de Louisville, sus parroquias y otras organizaciones creció de unos 153 millones de dólares a 157 millones de dólares durante el año fiscal que terminó en junio, según el análisis de la AP. Esas mismas oficinas y organizaciones recibieron cuando menos 17 millones de dólares del programa de apoyo. “Las operaciones de la Arquidiócesis no han sido impactadas significativamente por el brote de COVID-19”, según su estado financiero.

En Illinois, la Arquidiócesis de Chicago tenía más de mil millones de dólares en efectivo y en inversiones a corto plazo en su sede y su división de cementerios hasta mayo, mientras que los fieles continuaron donando “más de lo esperado”, según una revisión de la agencia de calificación de riesgo Moody’s. A pesar de eso, las parroquias, escuelas y ministerios de Chicago acumularon cuando menos 77 millones de dólares en fondos de protección de pago.

En la carretera interestatal de Charlotte, en Carolina del Norte, la Diócesis de Raleigh recaudó al menos 11 millones de dólares. Sin embargo, durante el año fiscal que terminó en junio, los donativos habían disminuido solo 5% y los activos disponibles para la diócesis, sus parroquias y escuelas aumentaron de aproximadamente 21 millones de dólares hasta más de 170 millones de dólares, según encontró la AP. En otra medida de salud fiscal, la diócesis no tuvo que recurrir a una línea de crédito por 10 millones de dólares.

Los líderes católicos en diócesis como Charlotte, Chicago, Louisville y Raleigh, dicen que sus parroquias y escuelas, como muchos otros negocios y organizaciones sin fines de lucro, sufrieron financieramente cuando cerraron para reducir la propagación del virus mortal.

Algunos reportaron que sus iglesias más afectadas vieron una disminución de ingresos del 40% o más antes de que los donativos comenzaran a recuperarse meses después, y las escuelas se vieron afectadas porque las familias tenían problemas para pagar la colegiatura. Los recortes salariales e incluso algunas docenas de despidos fueron necesarios en algunas oficinas, dijo la diócesis, aunque investigadores católicos de la Universidad de Georgetown que encuestaron a los obispos el verano pasado encontraron que esas medidas no eran generalizadas. Una encuesta del banco de inversión Goldman Sachs encontró que 42% de los propietarios de pequeños negocios tuvieron que recortar personal o salarios, y que 33% tuvo que gastar de sus ahorros personales para mantenerse abiertos.

Líderes de la Iglesia han cuestionado por qué la AP se centró en su fe. Después de una historia de julio, el cardenal Timothy Dolan, de Nueva York, escribió que reporteros “inventaron una historia donde no existía ninguna y buscó golpear a la Iglesia”.

Al aprovechar una exención especial que la Iglesia en los Estados Unidos cabildeó para que fuera incluida en el programa de protección, las entidades católicas recibieron al menos 3.000 millones de dólares, aproximadamente la misma cantidad que obtuvieron el total combinado de beneficiarios de otras cinco religiones. Los beneficiarios luteranos, bautistas, metodistas, presbiterianos y judíos totalizaron unos 3.000 millones de dólares. Los católicos representan alrededor de la quinta parte de la población de los Estados Unidos, mientras que los protestantes son casi la mitad, según el Pew Research Center (Centro de Investigación Pew).

Las instituciones católicas también recibieron mucho más que otras importantes organizaciones sin fines de lucro con misiones de beneficencia y alcance nacional, como United Way, Goodwill Industries y Boys & Girls Clubs of America. En general, los beneficiarios católicos recibieron cuando menos el doble que 40 de las organizaciones benéficas más grandes y conocidas de los Estados Unidos.

El panorama completo es, sin duda, más desigual. Fueron tantas las entidades católicas que recibieron ayuda del programa de protección que no fue posible identificarlas a todas, incluso después de revisar durante cientos de horas decenas de miles de registros federales.

El Vaticano refirió las preguntas a la conferencia espiscopal estadounidense, la cual señaló que no hablaría a nombre de las Diócesis.

Tras mostrarle los hallazgos de la AP, la vocera de la conferencia episcopal, Chieko Noguchi, dijo de manera general que el Programa de Protección de Pago está “diseñado para proteger los empleos de los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida, independientemente de si trabajan para empleadores con o sin fines de lucro, religiosos o seculares”.

ESCEPTICISMO INTERNO

La evaluación de la AP de las finanzas de la Iglesia en los Estados Unidos es una de las más completas hasta la fecha. Se basa principalmente en estados financieros auditados publicados por las oficinas centrales de 112 de las casi 200 diócesis del país.

La Iglesia no está obligada a compartirlos. Como resultado, el análisis no incluye efectivo y otros activos a corto plazo en poder de algunas de las diócesis más grandes, incluidas las de la ciudad de Nueva York y otras áreas metropolitanas importantes.

Además, los 10,000 millones en activos disponibles que la AP identificó no incluyen pilares financieros importantes de la Iglesia en los Estados Unidos, que incluyen sus amplias propiedades inmobiliarias y, según un estudio de 2019 de la firma de administración de patrimonio Wilmington Trust, con sede en Delaware, los aproximadamente 9.500 millones de dólares en manos de las fundaciones de beneficencia creadas para supervisar las donaciones de las Diócesis.

Algunos funcionarios de la iglesia dijeron que la AP leía incorrectamente sus libros contables y que, por lo tanto, exageraba los activos disponibles.

Para su análisis, la AP consultó a expertos en finanzas y leyes eclesiásticas. Uno de ellos fue el reverendo James Connell, quien fuera contador durante 15 años antes de unirse al sacerdocio y convertirse en administrador de la Arquidiócesis de Milwaukee. Connell dijo que los hallazgos lo convencieron de que las entidades católicas no necesitaban la ayuda del gobierno, en particular cuando miles de pequeños negocios tuvieron que cerrar permanentemente.

“¿Fue deseo o necesidad?”, preguntó Connell. “La necesidad debe ser presente, no simplemente el deseo. La justicia y el amor al prójimo deben incluir el bien común”.

Connell no estaba solo entre los fieles preocupados por la búsqueda de dinero de los contribuyentes por parte de la Iglesia. Los feligreses de varias zonas metropolitanas han cuestionado a los líderes de la iglesia que recibieron dinero del gobierno para las escuelas católicas que cerraron después.

En otro caso, un pastor de un estado occidental contactó a la AP para decir que se rehusó a solicitar los fondos incluso después de que los funcionarios de la diócesis lo presionaron repetidamente. Solicitó el anonimato por la política de su diócesis de no hablar con periodistas y las posibles represalias por hacerlo.

Al igual que la Iglesia en los Estados Unidos en general, el pastor había ahorrado. Cuando llegó la pandemia, usó ese dinero, recortó los gastos y dijo a su oficina central que no tenía planes de solicitar la ayuda. Los administradores hicieron un seguimiento varias veces, dijo el pastor, y un oficial de alto rango preguntó por qué dejaba “dinero gratis en la mesa”.

El pastor dijo que sentía una “sólida convicción moral” de que el dinero estaba destinado más a las tiendas y los restaurantes con dificultades, como los de su comunidad.

“No lo necesitábamos”, dijo, “e intencionalmente quise dejar el dinero para los dueños de los pequeños negocios que sí lo necesitaban”.

ENFRENTAR UNA REDUCCIÓN

Meses después de que la pandemia afectara por primera vez a la economía, las 112 Diócesis que divulgaron sus estados financieros, comenzaron a actualizarlos. Entre las 47 diócesis que lo han hecho, el impacto de la pandemia no fue tan grave.

Las 47 Diócesis que han publicado estados financieros para el año fiscal que terminó en junio tuvieron un incremento promedio de 6% en su cantidad de dinero en efectivo, las inversiones a corto plazo y otros fondos que podrían usar para gastos generales o no anticipados, según encontró la AP. En total, 38 Diócesis incrementaron sus recursos, mientras que nueve reportaron caídas.

“Esta crisis nos ha puesto a prueba”, dijo Russell Elmayan, director financiero de Raleigh, al sitio web de la revista de la diócesis en julio, “pero tenemos la esperanza de que la visión comercial de nuestro personal y consejeros laicos, junto con las reservas financieras estratégicas acumuladas con el tiempo, ayudarán a nuestras parroquias y escuelas a seguir capeando este evento sin precedentes”. Autoridades de Raleigh no respondieron a preguntas directas de la AP.

Los mercados de valores de los Estados Unidos, que recuperaron sus pérdidas de primavera y ganaron algo más, ayudaron a las perspectivas. Pero cuando los mercados se hundían, pocos expertos predijeron una recuperación rápida, y los funcionarios de varias diócesis dijeron que tenían que estirar los activos disponibles.

En Louisville, Charlotte y otras diócesis, los líderes de la Iglesia dijeron a la AP que gastaron parte de ese dinero en préstamos o subvenciones a parroquias y escuelas necesitadas, o para compensar las contribuciones regulares que cobran a sus parroquias. En Raleigh, por ejemplo, la sede usó tres millones de dólares que había reservado para seguros de responsabilidad, y también usó su fondo interno de depósitos y préstamos, donde las parroquias y otras afiliadas ahorran efectivo.

Los funcionarios de la Iglesia agregaron que la cifra total de la pandemia será vista probablemente en uno o dos años, porque algunas fuentes clave de ingreso se basan en las utilidades que las parroquias y escuelas generan.

“Creemos que no conoceremos todos los impactos negativos a largo plazo en las finanzas de la parroquia, la escuela y la arquidiócesis durante algún tiempo”, dijo la Arquidiócesis de Louisville en respuestas escritas.

En las nueve Diócesis que registraron disminuciones en los activos líquidos en el año fiscal que terminó en junio, las caídas fueron generalmente menores a 10% y no siempre claramente ligadas a la pandemia.

Los recursos financieros de algunas de las diócesis más grandes se subrayan por el hecho de que al igual que las empresas que cotizan en bolsa, pueden obtener capital al vender bonos a inversionistas.

Una fue Chicago, donde analistas de la agencia de calificación de riesgo Moody’s calcularon que los 1.000 millones de dólares en efectivo y en inversiones a corto plazo en poder de la sede de la arquidiócesis y la división de cementerios podían cubrir alrededor de 631 días de gastos de operación sin ingresos adicionales.

Moody’s señaló en su reporte de mayo que si bien los donativos disminuyeron, el dinero de protección de pagos lo había compensado y ayudó a dejar a la arquidiócesis “bien posicionada para enfrentar la pérdida de ingresos a lo largo de los siguientes meses”. Entre las razones para el optimismo: “una fortaleza crediticia única” que bajo la ley de la Iglesia le permite al arzobispo gravar los ingresos de la parroquia prácticamente a voluntad.

En un informe separado de Moody’s sobre Nueva Orleans, que se declaró en bancarrota en mayo mientras enfrentaba múltiples demandas por abusos sexuales por parte del clero, la agencia calificadora escribió en julio que la arquidiócesis lo hizo a pesar de tener “importantes reservas financieras, con efectivo e inversiones disponibles de más de 160 millones de dólares”.

Moody’s dijo que los activos líquidos “muy buenos” podían ayudarla a operar 336 días sin ingresos adicionales. Esos activos motivaron a las víctimas de abusos del clero a pedir a un juez federal que desestime la solicitud de quiebra, con el argumento de que la principal razón de la arquidiócesis para buscar la protección legal era minimizar los desembolsos hacia ellos.

Incluso con esos recursos, la arquidiócesis, junto con sus parroquias y escuelas, recaudó más de 26 millones de dólares del programa de protección de pagos. Los funcionarios de la Iglesia en Nueva Orleans no respondieron a las preguntas de la AP.

UNA CUESTIÓN DE NECESIDAD

Sin un trato especial, la Iglesia católica no habría recibido tanto bajo el Programa de Protección de Pago.

Después de que el Congreso permitió que participaran organizaciones sin fines de lucro y religiosas, funcionarios católicos cabildearon con la administración Trump por una segunda auda. Organizaciones religiosas fueron liberadas de las reglas que típicamente descalifican a solicitantes con más de 500 trabajadores para obtener ayuda para empresas pequeñas.

Sin ese tratamiento especial, muchas diócesis habrían sido inelegibles porque entre sus oficinas centrales, parroquias y otras afiliadas, su número de empleados superaría ese límite de personas.

Entre las que cabildearon, según muestran los registros federales, estuvo la Arquidiócesis de Los Ángeles. Las parroquias, escuelas y ministerios recaudaron cuando menos 80 millones de dólares en ayuda gubernamental en un momento en el que la sede reporto 658 millones de dólares disponibles rumbo al año fiscal cuando llegó el nuevo coronavirus.

Las leyes eclesiásticas y civiles le otorgan a los cardenales y los obispos autoridad sobre sus parroquias y los pastores que las dirigen. Los obispos generalmente requieren que las parroquias presenten estados financieros anuales. También tienen el poder de gravar a sus parroquias o perdonar esos impuestos, y pueden requerir que las parroquias depositen el dinero excedente en bancos internos administrados por los obispos o sus ayudantes.

“Los feligreses no puede contratar o despedir al pastor; eso le corresponde al obispo”, dijo Connell, el sacerdote y excontador. “Cada parroquia funciona como una subsidiaria o división propiedad de una corporación más grande: la diócesis”.

Los obispos reconocieron un esfuerzo concertado para utilizar los fondos del programa de protección cuando fueron encuestados por investigadores católicos de la Universidad de Georgetown. Cuando les preguntaron qué habían hecho para abordar las consecuencias financieras de la pandemia, el 95% dijo que sus oficinas centrales ayudaron a las parroquias a solicitar la protección de pagos y otras ayudas. Eso alentó a los feligreses a donar electrónicamente.

Los fondos del Programa de Protección de Pago provenían de préstamos bancarios con intereses bajos por un valor de hasta 10 millones de dólares cada uno, que el gobierno federal pagaría siempre que los beneficiarios usaran el dinero para cubrir alrededor de dos meses de salarios y gastos operativos.

Después de inyectar al programa 659.000 millones de dólares en la primavera, el congreso agregó otros 284.000 millones de dólares en diciembre. Con la renovación llegaron nuevos requisitos para garantizar que los fondos se destinaban a negocios que podían demostrar que habían perdido dinero debido a la pandemia. Los legisladores también limitaron el programa a solicitantes con 300 o menos empleados.

UNA CUESTIÓN DE NECESIDAD

En otros programas de préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas, la ayuda del gobierno se considera como el último recurso. Los solicitantes deben demostrar que no pudieron obtener crédito en otro lugar. Y aquellos con suficientes fondos disponibles deben pagar más de sus recursos para ayudar a reducir los subsidios de los contribuyentes.

El Congreso no incluyó estas pruebas en el Programa de Protección de Pago. Para acelerar las aprobaciones, no se obligó a que los prestamistas realizaran su filtración habitual, sino que confiaran en la autocertificación de necesidad de los solicitantes.

Los estándares más flexibles ayudaron a crear una corrida sobre los primeros 349.000 millones de dólares en fondos para el programa. Los propietarios de pequeños negocios se quejaron de que los excluyeron o que los procedimientos no eran claros; no obstante, docenas de empresas lo suficientemente saludables para cotizar en bolsas de valores obtuvieron una aprobación rápida.

Conforme los resultados adversos aumentaban, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, advirtió en una rueda de prensa que habría “consecuencias severas” para los solicitantes que se habían aprovechado inapropiadamente del programa.

“Queremos asegurarnos de que este dinero esté disponible para las pequeñas empresas que lo necesitan, personas que han invertido los ahorros de toda su vida”, dijo Mnuchin. Los lineamientos del Programa evolucionaron para enfatizar que los participantes con un valor de mercado sustancial y con una cantidad de efectivo significativa probablemente no habían recibido la ayuda “de buena fe”.

El Departamento del Tesoro dirigido por Mnuchin ha dicho que auditará los préstamos que excedan los dos millones de dólares.

Las sedes de más de 40 diócesis y organizaciones católicas afiliadas recibieron préstamos por más de dos millones de dólares. Y todas las diócesis que contactó la AP dijeron que buscarían que el gobierno cubriera los préstamos respaldados por los contribuyentes, en lugar de reembolsar los fondos ellas mismas.

La Arquidiócesis de Boston recibió un préstamo por arriba de los dos millones de dólares. Según el sitio web de la arquidiócesis, sus ministerios centrales recibieron unos tres millones de dólares, mientras que sus parroquias y escuelas recaudaron alrededor de 32 millones de dólares.

La arquidiócesis, junto con sus parroquias, escuelas y cementerios, tenía casi 200 millones de dólares en fondos disponibles en junio de 2019, según su informe financiero auditado.

Más allá de ese dinero, la arquidiócesis también tenía otras fuentes de financiamiento posibles, muchas de ellas dedicadas a la educación. La Catholic Schools Foundation (Fundación de Escuelas Católicas), de la que el cardenal Sean O’Malley es presidente del consejo, contaba con más de 33 millones de dólares en efectivo y otros fondos para operaciones en general al principio del año fiscal 2020. Y la campaña “Inspiring Hope” (Inspirando Esperanza) de la arquidiócesis, anunciada en enero, ha recaudado cuando menos 150 millones de dólares.

A pesar de estos recursos, la Arquidiócesis cerró más de media docena de escuelas en mayo y junio, y citó pérdidas de ingresos debido a la pandemia. Cinco de esas escuelas fueron autorizadas para recibir cerca de un millón de dólares.

Las escuelas cerradas incluyen la Escuela San Francisco de Assis, en Braintree, un enclave de clase media 16 kilómetros al sur de Boston, que recibió 210.000 dólares del programa de protección. Los padres de familia dijeron que les sorprendió el cierre, anunciado en junio cuando terminaron las clases.

“Es un golpe al hígado porque fue un hogar para mucha gente durante mucho tiempo”, dijo Kate Nedelman Herbst, madre de dos niños que asistieron a la escuela primaria allí.

Junto con más de otros 2,000 partidarios de la escuela, Herbst firmó una protesta escrita dirigida al cardenal O’Malley que destacaba los sólidos activos financieros de la arquidiócesis. Después de que O’Malley no respondió, los padres de familia apelaron directamente al Vaticano y subrayaron, además, los miles de millones de dólares que recaudó la iglesia en dinero del Programa de Protección de Pago.

“Es muy difícil reconciliar las grandes sumas de dinero recaudadas por la arquidiócesis en años recientes con esta destrucción total de la infraestructura educativa de la iglesia”, escribieron los padres en la apelación.

En diciembre, el Vaticano rechazó la solicitud de los padres de familia de anular la decisión de O’Malley.

Hoy, los tres hijos de Michael Waterman y su esposa Jeanine estudian en casa. Y todavía no pueden entender por qué la arquidiócesis no transfirió dinero para ayudar a salvar a una escuela amada por los fieles.

“Lo que nos enoja”, dijo Michael Waterman, “es que sentimos que dada la cantidad de dinero que tiene la Iglesia Católica, absolutamente podrían haberla mantenido abierta”.

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