Vista del Boeing 747-300 registrado con el número YV3531 de la aerolínea de carga venezolana Emtrasur en el aeropuerto internacional de Córdoba, Argentina, el 6 de junio de 2022, antes de despegar hacia Buenos Aires. (Foto por SEBASTIÁN BORSERO / AFP)
Vista del Boeing 747-300 registrado con el número YV3531 de la aerolínea de carga venezolana Emtrasur en el aeropuerto internacional de Córdoba, Argentina, el 6 de junio de 2022, antes de despegar hacia Buenos Aires. (Foto por SEBASTIÁN BORSERO / AFP)
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Agencia EFE
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La Corte del Distrito de (EE.UU.) pidió este martes a las autoridades argentinas la confiscación del avión - retenido en desde junio y objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.

El tribunal accedió así a la petición formulada por el Departamento de Justicia de EE.UU., que solicitó una orden para que la aeronave Boeing 747-300M sea entregada al Gobierno del país norteamericano.

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La justificación de la reclamación por parte estadounidense es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio de EE.UU. la que transfirió el avión a un tercero, algo prohibido precisamente a efectos de la sanción.

Los cinco tripulantes del avión, que todavía no habían regresado, llegaron el pasado viernes a Venezuela, tras cuatro meses en Buenos Aires, mientras la aeronave permanece en el país austral.

El juez federal Federico Villena consideró que no existió evidencia suficiente para procesar a los tripulantes del avión de Emtrasur por el delito de financiación de actividades terroristas.

Estos cinco tripulantes eran los últimos de una lista de 19 personas, -5 iraníes y 14 venezolanos- que el 6 de junio pasado ingresaron a Argentina en la aeronave Boeing 747-300 de matrícula YV3531.

La primera docena de liberados llegó a Venezuela el 16 de septiembre y dos más el pasado día 30, en medio de peticiones para que el resto pudiera salir de Argentina.

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La aeronave, propiedad de Emtrasur -filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa)-, fue retenida en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, en la localidad de Ezeiza, el 6 de junio, para ser investigada.

Desde entonces, el Gobierno venezolano rechazó la retención, que calificó de “secuestro”, y exigió la puesta en libertad de la tripulación.

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