Experto independiente analizará documentos incautados a Trump pese a negativa del Gobierno

La jueza estadounidense Aileen Cannon ordenó designar un experto independiente para analizar los documentos que el FBI incautó en agosto tras allanar la mansión de Donald Trump, según un documento judicial difundido este lunes.

Los abogados del gobierno se habían opuesto a la solicitud del exmandatario republicano. Argumentaban que la designación de un experto para analizar el material podría dañar la seguridad nacional y que era innecesaria, dado que un equipo ya había completado una evaluación.

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Trump reaccionó a la decisión de la jueza federal en su red social Truth Social: “Ahora que el FBI y el Departamento de Justicia han sido atrapados en una estafa electoral masiva y determinante, ¿van a cambiar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020? ¡Deberían hacerlo!”

La decisión no solo podría retrasar la investigación sobre el manejo de materiales clasificados por parte de Trump, quien denunció el allanamiento del 8 de agosto como “uno de los ataques más atroces a la democracia” en la historia de Estados Unidos y negó haber actuado mal.

Según la orden judicial, “se designará un maestro especial para revisar la propiedad incautada, gestionar las reivindicaciones de privilegio y hacer recomendaciones al respecto, y evaluar los reclamos de devolución de la propiedad”.

La magistrada dio a ambas partes plazo hasta el viernes para presentar una lista de candidatos para la tarea.

El Departamento de Justicia “está examinando el concepto y considerará los siguientes pasos apropiados en el litigio en curso”, afirmó en un comunicado el portavoz Anthony Coley.

Con este fallo, Cannon accedió a la solicitud del expresidente republicano al prohibir temporalmente a los investigadores utilizar documentos incautados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, aunque pueden seguir la revisión solo “a efectos de clasificación y evaluaciones de seguridad nacional”.

“Se prohíbe temporalmente al gobierno la revisión y el uso de cualquiera de los materiales incautados en la residencia del demandante el 8 de agosto de 2022, con fines de investigación criminal, en espera de la resolución del proceso de revisión del maestro especial según lo determinado por este Tribunal”, dijo la orden.

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Mientras Trump enfrenta una creciente presión legal, el Departamento de Justicia sostiene que los documentos ultrasecretos “probablemente se ocultaron” para obstruir una investigación del FBI sobre el posible mal manejo de materiales clasificados por parte del expresidente.

Ultrasecretos y clasificados

El allanamiento del FBI en agosto se produjo después de una revisión de registros “altamente clasificados” que Trump finalmente entregó a las autoridades en enero, tras meses de idas y vueltas con la Administración Nacional de Archivos y Registros.

Se descubrió que las 15 cajas requisadas de la casa del expresidente contenían 184 documentos marcados como confidenciales, secretos o ultrasecretos. Después de recibir indicaciones del FBI, el abogado de Trump entregó 38 documentos clasificados adicionales y proporcionó una declaración jurada de que representaban lo último del material.

Cuando los agentes registraron la mansión de Mar-a-Lago, encontraron material tan delicado que “incluso el personal de contraespionaje del FBI y los abogados del Departamento de Justicia que realizaban la revisión requirieron autorizaciones adicionales antes de que se les permitiera revisar ciertos documentos”, señaló un expediente judicial del gobierno.

El fiscal general Merrick Garland dijo haber aprobado personalmente el allanamiento de Mar-a-Lago y que, en última instancia, será él quien decida si se acusa o no a Trump de algún delito.

Bill Barr, quien estuvo al frente del departamento de Justicia durante la presidencia de Trump, consideró que al parecer el allanamiento estaba justificado y que sospechaba que las autoridades tenían “buenas” pruebas de obstrucción.

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Una lista detallada de lo incautado también mostró que Trump retuvo más de 11.000 registros gubernamentales no clasificados que, según él, son suyos, pero que legalmente pertenecen a los Archivos Nacionales.

Además del caso de los documentos, Trump enfrenta investigaciones sobre sus prácticas comerciales, por sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 y por el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio por parte de sus partidarios.