Un tribunal declara ilegal el recorte del Gobierno Trump de fondos contra el terrorismo

Una coalición de estados demócratas celebra este martes una victoria en una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por haber recortado millones de dólares destinados a la lucha contra el terrorismo, tras negarse a usar fondos del estado para apoyar la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

Los demandantes alegaron ante un tribunal federal de Rhode Island que el recorte del DHS les colocó en “riesgo de sufrir daños irreparables” por los fondos que se asignaban a gobiernos estatales y locales para mejorar la preparación ante amenazas como el terrorismo, desastres naturales y otras emergencias.

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En concreto, los fondos pertenecían al Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional (HSGP) y fueron reasignados a otros estados.

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“El tribunal no tiene ninguna duda en concluir que los demandantes corren el ‘riesgo de sufrir un daño irreparable’ porque el efecto de la pérdida de los fondos de emergencia y para casos de desastre no puede ser reparado posteriormente, y las consecuencias a largo plazo para la respuesta ante desastres y la seguridad pública son reales e irreparables”, señaló la jueza Mary McElroy.

McElroy ordenó al DHS modificar las adjudicaciones del HSGP emitidas a los estados demandantes para reflejar los niveles de financiación que esta agencia había declarado previamente que asignaría, antes de los cambios de último momento en su decisión.

Igualmente, dictó que otros cambios significativos en los programas de preparación para emergencias, también implementados a última hora al final del año fiscal en septiembre, eran ilegales, y los anuló.

“Dado que el tribunal ha determinado que las acciones de los demandados son ilegales, el interés público favorece la adopción de medidas cautelares, ya que generalmente no existe interés público en la perpetuación de acciones ilegales por parte de una agencia gubernamental”, indica el documento legal.

Los demandantes argumentaron que desde el comienzo de la segunda administración de Trump, el poder ejecutivo ha intentado repetidamente vincular la financiación federal de programas a la colaboración de los gobiernos estatales y locales con la aplicación de las leyes federales de inmigración.

El pasado 20 de enero de 2025, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional que “garantizara que las jurisdicciones denominadas ‘santuario’ no recibieran fondos federales”.

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Otra orden ejecutiva del 19 de febrero ordenó además a todos los departamentos ejecutivos que “garanticen, de conformidad con la legislación aplicable, que los pagos federales a los estados y las localidades no fomenten las llamadas políticas de ‘ciudades santuario’”.

“Dado que los demandantes han prevalecido en sus reclamaciones, dado que se enfrentan a un daño irreparable y dado que el equilibrio de intereses y el interés público les favorecen, el tribunal considera que procede dictar una medida cautelar permanente”, afirmó la jueza McElroy.

La demanda fue presentada por los fiscales de California, Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington, y el gobernador de Pensilvania.