Un empleado hace una demostración de la aplicación de IA TalkIt en la feria de innovación y startups tecnológicas Vivatech en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París el 22 de mayo de 2024. (Foto de JULIEN DE ROSA / AFP / ARCHIVO)
Un empleado hace una demostración de la aplicación de IA TalkIt en la feria de innovación y startups tecnológicas Vivatech en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París el 22 de mayo de 2024. (Foto de JULIEN DE ROSA / AFP / ARCHIVO)
/ JULIEN DE ROSA
Agencia EFE

El Gobierno español prepara una reforma del Código Penal para sancionar las ‘ultrafalsificaciones’, la difusión de imágenes o audios falsos de contenido sexual o vejatorio generadas cono cualquier otra tecnología.

Es una de las previsiones del anteproyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales aprobado este martes por el Ejecutivo.

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El documento, que pasará varios trámites antes de ser enviado al Parlamento, prevé órdenes de alejamiento virtual para los que cometan delitos contra menores en entornos digitales.

En rueda de prensa, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, detalló los cambios legales previstos, como agravar las penas cuando el infractor usa identidades falsas en entornos digitales; y elevar de 14 a 16 años la edad para prestar consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal en el acceso a redes sociales.

Además de la reforma penal, el Gobierno incorpora a los pediatras para la detección de adicciones y situaciones de riesgo de los menores en internet, y contempla un plan de alfabetización y educación digital.

Los alumnos recibirán clases desde la etapa de primaria para combatir bulos y hacer un uso responsable de internet.

La norma establece medidas para el sector público y las empresas tecnológicas, como obligar a que los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos incorporen de fábrica un control parental gratuito.

Prohíbe el acceso de los menores a mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas (‘loot boxes’).

Obliga a las plataformas de intercambio de vídeos a establecer enlaces a los canales de denuncias; y a los ‘influencers’, a avisar de que el contenido que están difundiendo es potencialmente perjudicial para el desarrollo físico, mental o moral de niños.

La regulación consagra, por primera vez, los derechos de los menores en el entorno digital como a la intimidad, a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones y la protección de los datos personales y el acceso a contenidos adecuados a la edad.

En España, la edad media de acceso al primer móvil se sitúa en los 11 años. El 94,8 % de los adolescentes dispone de un teléfono con internet y un 90,8 % se conecta todos o casi todos los días, según datos aportados al Gobierno por un grupo de expertos.

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