Francia: Le Pen busca evitar su inhabilitación en el tribunal y mantiene la presión al Gobierno

La defensa de Marine Le Pen se esforzó este miércoles, en el último día del juicio por presunta financiación irregular de su partido, para evitar una inhabilitación que le impida volver a presentarse a las elecciones presidenciales, al tiempo que la líder de la extrema derecha francesa mantuvo la presión al Gobierno.

El Tribunal Correccional de París fijó en el 31 de marzo del año próximo la fecha en la que comunicará la sentencia por este caso en el que Marine Le Pen se juega su futuro político al término de casi dos meses de audiencias a las que ha acudido de forma muy regular pese a sus compromisos políticos.

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A la salida del tribunal, la jefa de la extrema derecha se esforzó en separar su futuro judicial de su estrategia política al asegurar que el primero no condicionará en nada la segunda en los cuatro meses que faltan de aquí a que se conozca la sentencia.

En declaraciones a la prensa Le Pen insistió en que el proceso tendrá “cero consecuencias políticas” y afirmó que “es falso” que “las decisiones políticas” que habrá de tomar en este tiempo vayan a estar influidas por la posibilidad de ser condenada por malversación de fondos públicos y complicidad de ese delito.

Y eso incluye una posible moción de censura al Gobierno, con la que viene amenazando hace varios días, si no se rectifica el proyecto de presupuestos, lo que haría caer al actual Ejecutivo de Michel Barnier.

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En el frente judicial, su letrado, Rodolphe Bosselut, cargó desde comienzo de su alegato contra la Fiscalía, que ha pedido para ella su condena con una pena que incluye, además de cinco años de cárcel, de los cuales dos firmes (que no cumpliría entre rejas) y una multa de 300.000 euros, una inhabilitación de cinco años.

Sobre todo, Bosselut criticó que el Ministerio Público pretenda que esa inhabilitación sea de aplicación inmediata, es decir, que no quede suspendida ni siquiera en caso de recurso si hubiera una condena.

Bosselut insistió en que el periodo de acusación por los dos delitos, de malversación de fondos públicos y de complicidad en malversación, termina antes de que entrara en vigor en 2016 una ley conocida como “Sapin 2″ que impone con carácter automático una pena de inhabilitación de cinco años para los políticos autores de esas infracciones en el ejercicio de un cargo público.

A Marine Le Pen se le reprocha el cargo de malversación por cuatro asistentes parlamentarios, pagados por el Parlamento Europeo y que, según la acusación, en realidad no realizaban funciones asociadas a su puesto de eurodiputada, sino que trabajaban para el partido, entonces Frente Nacional (FN) y luego rebautizado Agrupación Nacional (RN).

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Para el abogado, la demanda de la Fiscalía de que se le imponga la inhabilitación con carácter inmediato es “injusta” porque tendría “consecuencias irremediables, irreparables, que equivaldrían a una pena definitiva”.

Sobre todo por el alcance político ya que afectaría “como mínimo a 13 millones de electores franceses”, en alusión a los que votaron a su clienta en las elecciones presidenciales de 2022, y que no lo podrían hacer si se le impidiera presentarse de nuevo en los próximos comicios, programados para 2027.

Para Bosselut, el uso que hizo el FN de sus asistentes parlamentarios pagados con el dinero de la Eurocámara en el periodo de acusación, de 2004 a 2016, era el mismo que hacían “todos los partidos europeos equivalentes de oposición” y además estaba “exenta de cualquier intención fraudulenta”.

Ninguno de los acusados, de los 26 los que se han sentado en el banquillo, además del partido Frente Nacional (ahora convertido en Agrupación Nacional) como persona moral, quiso utilizar su derecho a tomar la palabra al término del alegato del abogado de Le Pen, que sí que pidió que a su cliente no se la castigue por el apellido que lleva.

“Quiero que se la juzgue como a los demás, sin ningún trato de favor, pero también sin ningún desfavor”, señaló Bosselut, después de contar que cuando conoció hace una treintena de años a la que se ha convertido en la jefa de la extrema derecha francesa, le advirtieron de las consecuencias negativas que podía tener para su carrera verle junto a la hija del fundador de Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen.