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La justicia alemana rechaza la demanda de un agricultor peruano contra grupo energético RWE
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Un tribunal alemán rechazó el miércoles la demanda por cuestiones climáticas de un agricultor peruano contra el gigante energético RWE, pero sentó un precedente potencialmente importante sobre la responsabilidad de las grandes empresas por sus emisiones de carbono.
La Corte de Apelaciones de Hamm, en el oeste de Alemania, dictaminó que “si existe una amenaza de daño, el responsable de las emisiones de CO2 puede estar obligado a tomar medidas preventivas” o a compensar los costes “en proporción a su cuota de emisiones”.
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Esto se aplicaría incluso si el daño se produce muy lejos de donde se encuentra el productor de energía, consideró, lo que puede sentar un importante precedente según los defensores del medio ambiente.
El caso empezó con la demanda del peruano Saúl Luciano Lliuya, de 44 años, que sostenía que RWE, una de las mayores emisoras de dióxido de carbono del mundo, debía compartir el coste de proteger su ciudad natal, Huaraz, de una laguna glaciar que amenaza con desbordarse por el deshielo.
El tribunal desestimó la demanda específica de Lliuya contra RWE, que no opera en Perú, argumentando que “la recopilación de pruebas demostró que no existe un peligro concreto para su terreno”, con un riesgo real estimado inferior al 1%.
El agricultor no podrá solicitar una revisión del juicio y deberá pagar los costes judiciales.
Sin embargo, la corte se basó en el código civil alemán para dar la razón al demandante sobre el principio de indemnización por daños climáticos, si estos se demostrarán.
Si se determina que hay un riesgo, “el emisor de CO2 puede estar obligado a tomar medidas” para evitar que éste se materialice, afirmó el tribunal.
Y si el emisor se niega a actuar, “es posible establecer los costes antes de que se materialice” el riesgo y el productor de energía “debe compensar en proporción a su cuota de emisiones”, añadió el tribunal.
La corte desestimó el argumento de la empresa sobre la gran distancia entre el lugar de residencia del demandante y las centrales eléctricas y afirmó que esto “no puede constituir un motivo suficiente para considerar infundado el recurso”.
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Responsabilidad jurídica global
El agricultor y las organizaciones que lo apoyan querían que RWE sirviera de ejemplo de la responsabilidad jurídica global que, en su opinión, tienen las empresas energéticas sobre el cambio climático.
Lliuya y la oenegé Germanwatch exigían que el gigante energético alemán pagase una indemnización proporcional a su parte de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde el inicio de la era industrial, que estimaron en un 0,38% en un estudio.
Afirmaron, sin éxito, que la casa del peruano estaría amenazada por el deshielo de los glaciares que rodean la laguna de Palcacocha, en la cordillera central, acelerado por el cambio climático.
La primera acción legal de Lliuya se remonta a 2015 en el tribunal alemán de Essen, sede de RWE, donde reclamó 17.000 euros a la empresa para proteger a su comunidad de las inundaciones.
El tribunal desestimó la demanda, pero el tribunal superior de Hamm admitió en 2017 un recurso de apelación.
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“Paso adelante”
La decisión suscitó esperanzas entre los defensores del medio ambiente que esperaban que el caso sentara un precedente en cuanto a la “justicia climática global”, un concepto político según el cual el Norte contaminante debe compensar a los países del Sur víctimas de la contaminación.
La abogada del campesino peruano, Roda Verheyen, esperaba que el tribunal confirmase un principio sin precedentes: que una empresa debe responder de las consecuencias de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Es “un mensaje muy importante a los tribunales de todo el mundo” y “un enorme paso adelante”, consideró Noah Walker-Crawford, investigador que asesora al equipo jurídico de Lliuya.
Por su parte, RWE sostiene que los efectos del cambio climático no pueden atribuirse legalmente a emisores concretos.
“De lo contrario, cualquiera podría demandar a cualquiera a causa del cambio climático”, declaró a AFP un portavoz de la compañía energética, añadiendo que esta “ha cumplido en todo momento todas las normas legales relativas a las emisiones de CO2 en el curso de sus actividades comerciales”.
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