“Álvaro Uribe ya no goza de tanta popularidad como hace algunos años”: qué le espera al expresidente de Colombia tras la histórica condena en su contra

MIRA: Petro reitera a EE.UU. que no se entrometa en justicia colombiana tras fallo contra Uribe

Uribe, quien dirigió el país entre el 2002 y el 2010 y sirvió como senador en dos periodos (1986 - 1994 y 2014 - 2020), podría recibir una sentencia de entre cuatro años y ocho años de cárcel, aunque la Fiscalía solicitó que la pena sea de nueve años.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Recíbelo

Sandra Heredia, jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, será la encargada de definir la pena este viernes 1 de agosto. Sin embargo, la noche del lunes 28 la magistrada ya adelantó que debido a su edad podría purgar la condena en arresto domiciliario “como sustitutiva de la pena de prisión”.

La defensa del político de 73 años, dirigido por el abogado Jaime Granados, reservó sus comentarios para el 11 de agosto, fecha máxima para que puedan presentar una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, aunque anticipó que buscarán que Uribe “siga en libertad” hasta que se emita un fallo concluyente.

Luego del 11 de agosto, la parte denunciante también contará con cinco días hábiles para presentar sus argumentos contra la apelación.

El abogado penalista Marlon Díaz explicó al diario “El Tiempo” de Colombia que el Tribunal Superior de Bogotá tendrá dos meses para emitir un fallo en segunda instancia y que, en caso el proceso vuelva a ser apelado, este llegará a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual “tendrá 5 años para proferir un fallo que será el definitivo”.

Apodado como el juicio del siglo en Colombia, el proceso contra Uribe inició en el 2012 cuando el expresidente demandó al entonces congresista de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que el legislador recogiera testimonios que lo vinculaban con grupos paramilitares.

El máximo tribunal colombiano, sin embargo, rechazó la denuncia presentada por Uribe e inició en el 2018 una investigación contra el expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.

Los primeros años del proceso estuvieron marcados por los enfrentamientos que Uribe y la Corte arrastraban desde su mandato, lo que llevó a que el político renunciara a su escaño en el Senado en el 2020 para que el caso regresara a la justicia ordinaria.

Desde entonces, la Fiscalía pidió cerrar el caso contra Uribe en tres ocasiones argumentando que no existían méritos para acusarlo, pero los jueces negaron las peticiones. El caso dio un nuevo giro tras el nombramiento de Luz Adriana Camargo Garzón como Fiscal General de la Nación en marzo del 2024.

Dos meses después del nombramiento de Camargo, la Fiscalía acusó formalmente a Uribe por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno simple, siendo absuelto únicamente de este último por la jueza Heredia.

“El momento más cercano que habíamos tenido a este fue cuando en agosto del 2020 el propio Uribe fue enviado a prisión domiciliaria como medida preventiva. En el país se sintió una atmósfera bastante tensa porque era el expresidente más popular de las últimas décadas y el más influyente desde Gustavo Rojas Pinilla”, comenta a El Comercio el periodista de la Unidad Investigativa de “El Espectador” de Colombia, David Escobar.

El comunicador refiere, sin embargo, que si bien el expresidente sigue siendo una figura sumamente polarizante en el país, “Uribe ya no goza de tanta popularidad como la de hace algunos años, las encuestas demuestran que el proceso penal generó un desgaste en su imagen”.

En consecuencia, Escobar no ve muchas posibilidades de que el veredicto del viernes vaya a generar movilizaciones importantes en el país. “En Colombia la derecha no es muy juiciosa para marchar, la última vez que se dio fue a raíz del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe”.

En contraparte, sin embargo, destaca que los críticos del exmandatario celebran el fallo como “un mensaje fuerte por parte de la rama judicial, de la Fiscalía, de que la justicia no se va a amilanar ante los poderosos. Era un rumor a voces en la sociedad colombiana que la justicia no se iba a meter con altos dirigentes y un ejemplo de ellos es que, a diferencia del Perú, acá en Colombia hubo mucha impunidad con el caso Odebrecht”.

En cuanto a la defensa de Uribe, algunos de los argumentos clave en su apelación serán, por una parte, las interceptaciones al celular del expresidente que se hicieron en la Corte Suprema de Justicia, “que deben ser excluidas por haber sido obtenidas de manera irregular cuando interceptaron a Uribe Vélez cuando creían que estaba escuchando a un senador”, explicó a “El Tiempo” el analista Pedro Medellín.

Y, por otro lado, Medellín agrega que la jueza “tampoco debió haber incluido la grabación del llamado testigo estrella con el reloj espía”, en referencia a una prueba presentada durante el proceso.

Escobar explica que “los abogados que hemos consultado dicen que la valoración que se hace de esas pruebas es un poco irregular”, sin embargo “la fiscalía asegura contar con otros elementos probatorios”.

Además, “hay precedentes judiciales en los que se hacen escuchas aleatorias y en algunas ocasiones han sido usadas para abrir procesos judiciales. Es un debate bastante ácido entre juristas en Colombia”, agrega.