Desde que ganó las elecciones el 19 de junio, Gustavo Petro se ha concentrado en calmar las aguas, generar pactos y consensos y fotos en busca de la ansiada gobernabilidad en Colombia.
La posibilidad de que el economista de izquierda no pueda gobernar es enorme. Le pesa la historia: ser el primer presidente de izquierda y un exguerrillero. Le pesa la desconfianza en los cuarteles, los mercados, la prensa y el equilibrio del Congreso.
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Como se vivió durante su alcaldía en Bogotá, entre 2012 y 2016, Petro tiene cierta capacidad de poner al establecimiento político y económico en su contra.
Su historial es el de un caballo de batalla: el expositor de la corrupción y las violaciones de los derechos humanos por parte de la política tradicional. Pero ahora, como presidente a partir del 7 de agosto, quiere ser un moderador, un estadista, el anfitrión y propulsor de un cambio de fondo que incluya a todos los colombianos.
Este Petro ecuánime, parece decir el presidente electo en cada movida desde su victoria, es distinto al polarizante y contencioso alcalde o congresista del pasado.
Y, para dar cuenta de ello, ha hecho simbólicos y meticulosamente anunciados nombramientos en ministerios y embajadas. Con ellos pretende reactivar la agenda de paz, parcialmente archivada por Iván Duque, y moderar la figura del izquierdista.
A los nombramientos simbólicos se añaden otros de connotaciones más típicas, asociadas a la política tradicional, que dan municiones a aquellos —incluso dentro de su bancada— que cuestionan la autenticidad del cambio prometido por el Pacto Histórico, la coalición petrista.
El ascenso de Petro al poder se ha destacado por las "primeras veces": el primer candidato de izquierda favorito, el primer presidente antisistema, la primera vicepresidente afro, el primer Congreso con mayorías progresistas...
Pero también se está apoyando en importantes referentes de la clase política tradicional colombiana.
Los nombramientos más simbólicos van en esa doble línea de reformista y tradicional, de ruptura y continuismo. Veamos.
Pesos pesados para una agenda de paz
Petro anunció a tres veteranas figuras de la política colombiana en carteras que serán clave para su gobierno: Defensa, Exteriores y Agricultura.
Este viernes anunció que en la primera estará a cargo Iván Velásquez, un jurista de 67 años que se ha destacado, no solo en Colombia, por la lucha contra la corrupción y la violación de derechos humanos.
A cargo de las Fuerzas Armadas, aquellas que no han sido reformadas tras el proceso de paz con la guerrilla en 2016, estará un exmagistrado de la Corte Suprema que investigó a los políticos vinculados con el paramilitarismo, denunció los asesinatos extrajudiciales de militares y, en el plano internacional, fue comisionado de la ONU responsable de la comisión contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, que llevó a la destitución por corrupción del entonces presidente de ese país, Otto Pérez Molina.
Ese mensaje de compromiso con la paz y apego a los derechos humanos —sobre todo hacia Estados Unidos, el principal aliado de Colombia— también lo quiso dar Petro con su designación en la Cancillería: Álvaro Leyva, de 79 años, es un conservador nato que ha llevado la contraria dentro de la derecha colombiana al defender las negociaciones con los grupos armados ilegales.
Y también va en una línea similar haber elegido a Cecilia López, una liberal, exministra y académica de 79 años, en la entidad encargada de llevar a cabo la esperada y compleja reforma rural: el ministerio de Agricultura.
Son tres nombramientos de peso para dar la idea de que Petro no vino a patear el tablero, sino a liderar un cambio responsable de la mano de consagrados miembros de la institucionalidad.
Un consagrado académico para dar confianza económica
Quizá el obstáculo más grande que superó Petro durante la campaña fue la llamada “Petrofobia”: la desconfianza de millones de colombianos por una agenda de izquierda que habla de justicia social, asistencialismo a los vulnerables y altos impuestos a los ricos.
Esa desconfianza se mantiene, sobre todo, en los mercados internacionales, usualmente gustosos de mandatarios ortodoxos que no proponen cambios drásticos a los modelos neoliberales instalados en América Latina en los años 90, sino austeridad presupuestal, estabilidad macroeconómica y complicidad con el sector privado.
El historial de Petro, que incluso pleantea acabar con la exploración petrolera en el futuro, muestra un antagonismo férreo con esa corriente ortodoxa de las economías occidentales. Para un país que nunca modificó su modelo económico, Petro, en teoría, representa no solo un sacudón, sino también una amenaza para algunos.
Por eso su nombramiento en Hacienda era clave. Y para ello escogió al economista colombiano de mejor reputación mundial: José Antonio Ocampo, un profesor de 69 años de la Universidad de Columbia, en Nueva York, que ya fungió como ministro en los 90 y ha hecho parte de casi todas las entidades que crearon el modelo económico colombiano.
Si la principal promesa de Petro es la “paz total”, en un segundo renglón está acabar con la pobreza y la exclusión en uno de los países más desiguales del planeta. Para eso, sobre todo en un momento de crisis global, necesita estabilidad económica, confianza en los mercados y una reforma tributaria consensuada.
Ocampo es la carta de Petro para buscar ese cambio de modelo comprometido con la ortodoxia fiscal.
Tan diversos como el país
Una de las razones por las cuales Petro logró convertirse en el primer presidente alternativo de la historia de Colombia es que se alió con los grupos históricamente marginados.
Su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, una abogada afro y feminista que viene del activismo medioambiental en el Cauca (en el suroccidente), fue un acierto electoral que trajo votos de las zonas más pobres del país, históricamente abstencionistas y de mayoría negra.
Márquez, de 40 años, dirigirá al naciente ministerio de la Igualdad y la Mujer.
Petro prometió un gobierno apegado a la diversidad cultural de Colombia, uno de los países con más poblaciones étnicas del mundo. Y por eso ha hecho nombramientos clave en ese sentido.
En la embajada de Estados Unidos, el principal socio comercial y militar, nombró al ingeniero negro Luis Gilberto Murillo, un experto en medio ambiente que se educó en prestigiosas universidades internacionales y fue gobernador del Chocó, el departamento de mayoría afro.
Y en la embajada ante la ONU nombró a Leonor Zalabata, una lideresa social de origen arahuaco, una comunidad del norte del país, que ha dedicado gran parte de sus 64 años de edad a defender los derechos sociales, ambientales y ancestrales de las comunidades indígenas.
Petro también nombró líderes indígenas en entidades clave para la implementación de los acuerdos de paz, como la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras.
Asimismo, se ha cumplido a su promesa de paridad: además de Agricultura, los ministerios de Salud, Cultura y Medio Ambiente serán dirigidos por mujeres.
Son nombramientos que tienen contenido simbólico, pero no certezas sobre el buen funcionamiento de un Estado en crisis presupuestal. Los desafíos son enormes, la situación mundial es compleja y las promesas, ambiciosas. El reto será pasar de lo simbólico a lo real a partir del 7 de agosto.