Soldados hacen guardia afuera del Consejo Nacional Electoral de Ecuador después de una ceremonia de inauguración del referéndum y consulta popular, el 21 de abril de 2024. (Foto de Rodrigo BUENDÍA / AFP).
Soldados hacen guardia afuera del Consejo Nacional Electoral de Ecuador después de una ceremonia de inauguración del referéndum y consulta popular, el 21 de abril de 2024. (Foto de Rodrigo BUENDÍA / AFP).
/ RODRIGO BUENDIA
Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas de podrán desplegarse en operaciones junto con la Policía para combatir al crimen organizado de manera permanente sin la necesidad de que el Gobierno emita una estado de excepción para que autorice realizar esa función.

Así fue aprobado este domingo en el referéndum celebrado a iniciativa del presidente Daniel Noboa, con un conjunto de once preguntas de las cuales obtuvo el respaldo en nueve de ellas, con las que el mandatario pretende reforzar la lucha contra las bandas criminales, mientras que las dos desestimadas se refieren a iniciativas económicas para atraer inversiones y flexibilización de la contratación laboral.

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El ‘Sí’ a la propuesta para que las Fuerzas Armadas actúen contra la delincuencia organizada obtuvo el 73,05 % de los votos.

De este modo, los militares ecuatorianos quedarán facultados para intervenir contra el crimen organizado junto con los agentes de policía en cuanto se proclamen oficialmente los resultados, que automáticamente modificarán los artículos de la Constitución ecuatoriana que regulan las funciones de las Fuerzas Armadas.

Se volverá así algo rutinario una situación que ya es frecuente en Ecuador, donde en los últimos años se han emitido cerca de una veintena de estados de excepción para desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para recuperar el orden interno, normalmente tras picos de violencia de las bandas criminales.

En el último estado de excepción, emitido a comienzos de año por Noboa, los militares fueron sacados de los cuarteles para tomar el control de las cárceles, consideradas el epicentro de la crisis de violencia de Ecuador, al estar muchas de ellas controladas internamente por las bandas criminales.

La cuestión del rol de las Fuerzas Armadas es una de las nueve preguntas de un total de once donde Noboa obtuvo el respaldo de la población.

Todas las cuestiones en las cuales ganó el ‘Sí’ implican medidas para enfrentar al crimen organizado, mientras que las dos donde venció el ‘No’ suponen reformas económicas, como permitir arbitrajes internacionales sobre inversiones en cualquier jurisdicción, como forma de atraer inversiones, y legalizar los contratos por horas, con la idea de incentivar la creación de empleo.

Ahora el presidente Noboa puede desplegar las Fuerzas Armadas para que controlen los accesos a las cárceles, consideradas el epicentro de la crisis de violencia de Ecuador, al estar controladas por las bandas criminales, si bien en la actualidad ya es así en virtud de que rige un último estado de excepción.

Los ecuatorianos también han aprobado elevar las penas de delitos relacionados con el crimen organizado y eliminar a su vez los beneficios penitenciarios de varias de estas figuras penales, para que los condenados cumplan íntegramente la pena en prisión.

También fue respaldada hoy en las urnas la tipificación del delito de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de la Policía y las Fuerzas Armadas, y que sea destinado para uso de la Policía y el Ejército el armamento incautado a la delincuencia, así como el establecimiento de un mecanismo de expropiación exprés de bienes ilícitos.

El plebiscito contó con la participación del 72 % de los más de 13,6 millones de ecuatorianos convocados a las urnas, y estuvo condicionado por el asesinato del director de la cárcel de El Rodeo, en la ciudad de Portoviejo, y el conato de un motín en la cárcel de Quevedo, que dejó al menos cuatro heridos.

La semana previa a la votación estuvo marcada además por los asesinatos de dos alcaldes de poblaciones donde hay actividades de minería ilegal, y una fuerte crisis energética que ha obligado al Gobierno a ordenar interrupciones del suministro eléctrico de hasta ocho horas al día a fin de racionar el suministro.

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