La decisión del ayuntamiento de la localidad costera chilena de Zapallar de prohibir que los menores de edad salgan de noche a la calle sin la compañía de un adulto ha desatado este martes una agria controversia en el país, donde se duda de la legalidad de una medida que castiga a los padres y parece socavar las libertades individuales.
La restrictiva ordenanza fue aprobada este lunes por la corporación, que lidera el alcalde del partido derechista Unión Democrática Independiente (UDI), Gustavo Alessandri, por cinco votos a favor, uno en contra y una abstención, y para que entre en vigor debe ser refrendada por la Controlaría del Estado, en medio de la polémica.
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“Las personas a cuyo cargo se encuentren menores de 16 años deberán procurar que, en caso de que ellos circulen o transiten por el territorio de la comuna entre las 00:00 horas y las 05:00, lo hagan de manera segura, acompañados de una persona mayor de edad que evite su exposición a conductas de riesgo, como es el consumo de alcohol o drogas y otras circunstancias de riesgo”, señala el edicto municipal.
Los adolescentes de entre 16 y 18 años estarán obligados, por su parte, a “portar un número de contacto” que determine “el lugar y la condición en que el menor se encuentra”, agrega.
MULTAS Y RESPONSABILIDAD PARA LOS PADRES
Alessandri, que señaló de forma directa a los padres, a los que la semana pasada acusó de no preocuparse por sus hijos, asegura que “no se trata de un toque de queda” y se justificó argumentando que pretende “proteger los derechos de los niños que están siendo utilizados para delinquir”.
“Es una medida muy cabrona, pero no tenemos más remedio”, afirmó el alcalde de Zapallar, localidad situada a unos 160 kilómetros al noroeste de la capital.
En este contexto, otro de los focos de la polémica es la decisión de la corporación de castigar económicamente a los padres cuyos hijos sean vistos solos de noche por las calles de esta localidad, una de las más concurridas durante las vacaciones de verano.
Según la ordenanza, las familias podrán ser sancionadas con una multa de entre 63 y 189 dólares aproximadamente, según la gravedad, y de 189 a 316 dólares si es reincidente.
Varios expertos legales han asegurado a EFE que la multa es, en realidad, una argucia del alcalde y los concejales para eludir una norma “que atenta contra los derechos individuales, ya que nadie puede ser detenido por el simple hecho de caminar por la calle”.
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