Metales raros submarinos, la nueva ‘fiebre del oro’ que enfrenta a las potencias

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Pese al nombre, no son realmente tierras, sino un conjunto de 17 elementos químicos que comparten muchas propiedades y suelen estar juntos en la naturaleza. Puede que en algún momento haya escuchado hablar del escandio, el lantano o el europio, por ejemplo. De lo que no queda duda es de su importancia para la vida moderna y la industria militar.

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Y eso, precisamente, los vuelve tan codiciados.

Actualmente, China domina con amplia diferencia el mercado de tierras raras en el mundo. La guerra comercial que mantiene con Estados Unidos, sin embargo, ha llevado a que los norteamericanas se decidan a disputarle el control de estos preciados minerales.

El principal obstáculo que han encontrado para ello es la inmensa dificultad para hallar depósitos importantes de estos elementos en la tierra. Frente a este panorama, en abril el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la que busca impulsar la explotación del fondo oceánico.

Pero no solo Estados Unidos busca entrar en este juego de profundidades. En enero del 2026, Japón iniciará una misión de exploración minera submarina en la que pretende “extraer 35 toneladas de lodo del fondo marino en unas tres semanas”, esperando que cada tonelada contenga dos kilogramos de minerales de tierras raras.

Para fines del mismo año, la India también planea lanzar Samudrayaan, su primera misión tripulada de exploración profunda que incluirá la búsqueda de tierras raras y nódulos polimetálicos en el lecho marino. Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica y Canadá poseen intereses similares.

Los dos principales frenos que se encuentran al frente todas estas potencias están vinculados entre sí: no hay estudios concluyentes sobre los efectos ambientales de la minería submarina y aún no existe una regulación exacta al respecto.

“En 1994, cuando entra en vigencia la Ley del Mar, que es la Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar [Convemar], se instituye la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos [ISA, por sus siglas en inglés], la cual fija que los estados ribereños tienen que explotar los recursos naturales, hidrobiológicos o de cualquier otro tipo hasta las 200 millas. A partir de ahí empieza altamar, en lo que se denomina el área. Y el área es patrimonio común de la humanidad. Entonces, existe una puerta para que se pueda hacer la explotación de minerales. Pero va a tener un costo alto, porque requiere de tecnología avanzada, así que no todos los países podremos acceder a esta explotación. De los 163 estados miembros de la ISA, menos de 10 van a estar en la capacidad de realizar la extracción”, explica a El Comercio Jorge Moreno, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad de Lima y exoficial de la Marina de Guerra del Perú.

El ingeniero ambiental y docente de la Universidad Nacional de Ingeniería Carlos Alva Huapaya resalta, por su parte, el impacto que estas actividades tendrían en el medio ambiente. “Toda minería, sea metálica o no metálica, genera impacto. Por eso la exigencia de estudios ambientales, porque lógicamente queremos que haya desarrollo, pero de manera responsable”, señala.

Alva explica que este tipo de actividades aumenta el riesgo de contaminación a través de desprendimientos, escapes, fugas, “sin olvidar el ruido que puede perturbar la comunicación y el comportamiento de los mamíferos marinos u otras especies sensibles”. Además, resalta que la huella de estos daños suele ser larga, tal como se ha visto con los provocados por combates, guerras o hundimientos en el pasado.

Ahora los miembros de la ISA se han dividido en dos bandos. Uno con estados como Chile, Fiji o Palau que piden frenar este tipo de operaciones hasta que se emita una regulación oficial.

Y el otro que busca que se mantengan las extracciones y las regulaciones se vayan implementando paulatinamente para no comprometer la cadena de suministros.

Ambos expertos consultados por El Comercio coinciden en que el camino más recomendable sería esperar a una regulación para recién comenzar las extracciones. “Primero, conocer exactamente cuál es el impacto de estas primeras explotaciones submarinas. Y en segundo lugar, contar con una regulación internacional que consiga el balance entre la protección del medio ambiente y la explotación del recurso minero”, señala Moreno.

“Cambiar sobre la marcha no funciona. Si se va a realizar la minería submarina, pues debe hacerse con todas las guías directivas, protocolos y autorizaciones. Tienen que ser reglas muy estrictas en cuanto a prohibición, vigilancia y supervisión las 24 horas, los 365 días”, agrega Alva.

Este lunes 7, el consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos inició en su sede principal en Jamaica una ronda de negociaciones para establecer el código minero con el que busca regular las actividades extractivas submarinas.

El encuentro, que planea extenderse hasta el viernes 18 y que precede a la asamblea que tendrá lugar entre los días 21 y 25 de este mes, es el primero desde que Trump firmara la orden ejecutiva para facilitar la minería en aguas profundas.

Uno de los principales puntos en disputa es si deberá establecerse una moratoria de estas actividades hasta que exista una legislación clara al respecto, algo que expertos estiman podría tardar entre 10 y 15 años.

Por otra parte, organizaciones como Greenpeace alertaron sobre la influencia de la presión corporativa en el debate. “El financiamiento de la ISA no solo depende de los estados, sino también de las empresas que realizan explotación minera. Eso definitivamente se va a reflejar en presiones de uno u otro tipo”, explicó el analista Jorge Moreno a El Comercio.