Los activistas voluntarios que buscan los cuerpos de sus parientes desaparecidos han estado bajo amenaza desde hace mucho tiempo en México. Pero esta semana una de ellas dio el inusual paso de emitir una solicitud pública a capos del narcotráfico en el estado de Sonora para que permitan que las “madres buscadoras” hagan su trabajo.
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Algunos de los activistas han sido asesinados, muchos más han sido amenazados y con frecuencia se ve a hombres en vehículos —que se cree son sicarios de los narcos— vigilando las labores de búsqueda. Todo ello obligó a Patricia “Ceci” Flores a huir de este estado del norte de México en julio, después de que otra activista fue asesinada.
El domingo publicó un video en el que les pide a los narcotraficantes que le permitan buscar. Flores tiene dos hijos desaparecidos, y es fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
“He sido amenazada, y he sido desplazada del estado de Sonora”, afirmó Flores en el video. “Al desplazarme de Sonora, me amarraron de pies y de manos, me quitaron la posibilidad de seguir buscando a mis hijos y a todos los desaparecidos”.
Su hijo Alejandro desapareció en 2015, y otro hijo, Marco Antonio, fue secuestrado en 2019. Al igual que muchas madres en México, enfrentó la inacción de la policía, y decidió buscar en el desierto donde los narcotraficantes suelen deshacerse de los cuerpos de sus víctimas en fosas clandestinas.
Armados sólo con palas y barras de acero, los grupos de búsqueda pensaron durante mucho tiempo que no molestaban a nadie. Han dicho repetidas veces que no pretenden que nadie enfrente la justicia por la muerte de sus parientes; sólo quieren recuperar sus cuerpos.
Pero en julio de 2021, otra buscadora de Sonora, Aranza Ramos, fue secuestrada, y su cuerpo acribillado fue arrojado en un camino. Flores comenzó a recibir amenazas, por lo cual decidió huir y se inscribió en un programa gubernamental para protección de activistas. Pero eso significó salir del estado y con ello abandonar cualquier esperanza de encontrar a sus hijos.
“Yo tengo necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual me veo en la necesidad de pedirles a ustedes los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes del cártel, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos”, declaró.
Varios cárteles, incluyendo uno manejado por Rafael Caro Quintero —incorrectamente liberado de la cárcel mientras cumplía una sentencia por el asesinato de un agente de la DEA en 1985_, han estado luchando por el control de Sonora y sus valiosas rutas de tráfico a Estados Unidos. Entre ellos están las dos principales facciones del cártel de Sinaloa, una de las cuales opera a través de una banda local conocida como Los Salazar.
Les recordó a los cárteles cuál es la posición que los buscadores siempre han tenido.
“No buscamos culpables, no buscamos justicia; lo único que queremos es traerlos de vuelta a la casa”, señaló.
México tiene más de 95.000 desaparecidos, según datos gubernamentales. Más de 93.000 de esas desapariciones ocurrieron desde 2006, cuando el gobierno inició su guerra contra el crimen organizado. Se cree que la mayoría han sido asesinados por cárteles del narcotráfico, y que sus cuerpos han sido arrojados en tumbas poco profundas, quemados o disueltos en ácido.
El gobierno ha tenido problemas hasta para identificar los cuerpos que se han hallado. Alrededor de 52.000 esperan identificación.
Cuando el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas visitó México recientemente, concluyó que el problema es una impunidad “casi absoluta, estructural” en lo que respecta a las desapariciones. El comité dijo que las acciones de México para generar seguridad “no sólo son insuficientes, sino también inadecuadas”.
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