La tortura es sistemática y ordenada por Maduro: qué dice el demoledor informe de la ONU sobre los DDHH en Venezuela

Esta semana es trascendental para la defensa de los derechos humanos en Venezuela debido a que se definirá si la misión de observación especial enviada por la ONU desde el 2019 continuará o no con su labor. Esto llega, además, pocos días después de que se conociera el demoledor informe de la misión sobre torturas y delitos de lesa humanidad que podría servir de insumo para el proceso en contra del régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.

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Creada en el 2019 por encargo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM Venezuela, por sus siglas en inglés) se ha dedicado a investigar las “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014″, especifica su portal web.

Con una vigencia inicial de un año, la FFM Venezuela brindó su primer reporte en el 2020, donde señalaba altas probabilidades de que en el país se cometían crímenes de lesa humanidad. Se decidió prorrogar su trabajo por dos años más, hasta octubre de este año.

En el 2021, como parte de su segundo informe, la FFM Venezuela alertó sobre la falta de independencia judicial y la impunidad de la que gozaban los elementos estatales que violentaban los derechos humanos de los venezolanos.

La última semana de septiembre del 2022, finalmente, se dio a conocer el tercer informe de la misión.

TORTURA INSTITUCIONALIZADA

Para elaborar este informe, la misión realizó 246 entrevistas confidenciales a las víctimas de la represión iniciada desde el 2014 y a sus familiares, además de exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.

Los relatos fueron recogidos pese a los obstáculos impuestos desde el régimen de Maduro que incluyeron la prohibición de entrada al país, por lo que los investigadores debieron recurrir a vías como llamadas o videoconferencias protegidas, además de visitas a la zona fronteriza con Colombia.

Dichos testimonios confirmaron las sospechas presentadas por la FFM Venezuela en el 2019, donde apuntaba a que el Estado venezolano disponía de hasta seis agencias gubernamentales para perpetrar torturas y otras violaciones a los derechos. Entre estas destacan el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Según la misión, las agencias gubernamentales “detuvieron a personas disidentes y opositoras al Gobierno” acusándolos de complotar contra el Ejecutivo. Para ello, recurrieron a redes de informantes, infiltraciones en los sectores opositores y vigilancia telefónica o cibernética sin necesidad de contar con órdenes judiciales para efectuarlas.

Además, la DGCIM recurría en actos delictivos como “manipular habitualmente las pruebas para inculpar a sus objetivos” o “asaltaban rutinariamente las propiedades de los objetivos para robar dinero y otros objetos de valor”.

“La Misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la DGCIM”, denuncia la FFM Venezuela.

Estos actos incluían violaciones sexuales, desnudez forzada, tocamientos, descargas eléctricas y golpes en órganos sexuales, amenazas de mutilación, asfixias con bolsas de plástico, posiciones de estrés y torturas psicológicas, lo que provocó lesiones físicas, psicológicas, reproductivas y al menos un aborto espontáneo, según la misión.

Para perpetrar estos actos, las fuerzas gubernamentales venezolanas utilizaban infraestructura oficial como la base de El Helicoide o la sede del SEBIN en Plaza Venezuela; y contaba con una red de centros clandestinos denominados “casas de seguridad”.

LIDERADO POR MADURO

Las órdenes de tortura partían desde las distintas jefaturas de las oficinas gubernamentales y la selección de objetivos, en muchas ocasiones, estaba a cargo de Nicolás Maduro y otros miembros de su cúpula de poder, como el dirigente chavista Diosdado Cabello.

La misión pudo identificar, en base a testimonios recabados, hasta seis individuos que “pueden tener responsabilidad penal en los hechos descritos en este informe y deben ser investigados”. En esta lista, además de Maduro y Cabello, destacan las menciones a los directores generales del SEBIN y la DGCIM como responsables de das las órdenes.

Durante la conferencia de prensa en la que se presentaron las conclusiones del informe, celebrada a fines de septiembre en Ginebra, la presidenta de la misión Marta Valiñas aseguró que lejos de tratarse de hechos aislados esta situación forma parte de un “plan orquestado al más alto nivel político, liderado por el propio Nicolas Maduro”.

“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, denunció.

UN “PANFLETO”

La primera respuesta del régimen de Maduro llegó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que calificó el informe como “un nuevo panfleto”.

“Venezuela expresa su más categórico repudio a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la supuesta Misión Internacional de Determinación de los Hechos, en un nuevo panfleto presentado este 26 de septiembre de 2022 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas”, señala en un comunicado la Cancillería venezolana.

“Venezuela reitera su absoluto desconocimiento a este tipo de mecanismos paralelos, bárbaros e injerencistas que, a través de sus pronunciamientos, aúpa y alienta a los sectores más extremistas a reincidir en la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y la desestabilización del país”, añade.

En paralelo, el embajador venezolano ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Héctor Constant, acusó a la misión de intentar “calumniar” a su gobierno mediante el último informe.

“Rechazamos categóricamente en fondo y forma los supuestos informes”, señaló Constant antes de asegurar que la FMM Venezuela “se ha superado nuevamente en la ficción que construye sobre la realidad de mi país”.

Para el embajador venezolano, la presentación de las conclusiones por parte de la misión pocos días antes de que se celebre un nuevo Consejo de Derechos Humanos en Ginebra solo buscaba “complacer a la canalla mediática transnacional, cuyos buitres sólo pueden complacerse con titulares altisonantes”.

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Sin embargo, lejos de las acusaciones de Constant el informe podría traer graves consecuencias para el régimen de Maduro en el foro judicial internacional.

Las conclusiones de la FFM Venezuela brindan nuevos insumos que pueden ser tomados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, donde se abrió una investigación contra el Estado Venezolano en noviembre del 2021 por acusaciones de violación de derechos humanos.

Aunque el proceso se ha visto suspendido desde abril de este año, el informe podría servir como aliciente para que el nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, cumpla con su promesa de acelerar el proceso.

Este informe, además, debería ser un elemento determinante para que este 6 y 7 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decida si prorrogará el trabajo de la misión independiente en Venezuela, una medida que ya ha sido solicitada en agosto de este año, a través de una carta, por 125 ONG venezolanas y extranjeras que velan por los derechos en dicho país.