Qué sanciones levantó EE. UU. a Venezuela tras el acuerdo político entre la oposición y el gobierno de Maduro

Estados Unidos levantó el miércoles de manera temporal las sanciones al petróleo, gas y oro de Venezuela como respuesta al pacto entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en el denominado Acuerdo de Barbados. Tras ello, el régimen chavista liberó a algunos presos políticos. Pero Washington ha precisado que espera también la liberación de tres estadounidense presos en Venezuela y está a la espera de que para antes de diciembre se anulen las inhabilitaciones políticas a varios líderes de la oposición, que este domingo 22 de octubre celebrará elecciones primarias presidenciales.

Todas estas medidas tienen su origen en el denominado Acuerdo de Barbados, firmado el martes entre el Gobierno de Maduro y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), bajo el auspicio del gobierno de Noruega. El pacto fue denominado “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos”.

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Cabe precisar que estos diálogos entre el Gobierno y la oposición se iniciaron en México en el 2021.

Esto es lo que dice el Acuerdo de Barbados y las primeras consecuencias tras su rúbrica:

El Acuerdo de Barbados fue firmado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, y por el exalcalde opositor Gerardo Blyde.

Además, el pacto cuenta con el respaldo de una veintena de miembros de las partes negociadoras, que dialogaron en presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Barbados, Jerome Walcott, y de representantes de Noruega como país facilitador, además de otras naciones acompañantes como Países Bajos, Rusia, México, Colombia y Brasil.

En el acuerdo se precisa que las elecciones presidenciales en Venezuela serán el segundo semestre del 2024.

Se establece que esas elecciones tendrán observación electoral de la Unión Europea, del Centro Carter y del panel de expertos de las Naciones Unidas, entre otras instituciones.

En cuanto a las garantías electorales, se acordó la actualización y depuración del registro electoral. Para ello, habrá jornadas especiales con el fin de promover la inscripción de nuevos votantes en todo el país y en el extranjero, de acuerdo con un reporte de la agencia EFE.

Las partes también se comprometieron a facilitar todas las auditorías previstas en el sistema electoral y a la promoción de un discurso público que contribuya con un clima político y social que favorezca el desarrollo pacífico de los comicios “sin presiones externas”.

Se reconoce el derecho de los actores políticos a disponer de mecanismos de financiación trasparentes. También las partes se comprometieron a promover un equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados en pro de la igualdad de acceso para todos los candidatos presidenciales.

Además, los firmantes rechazaron cualquier forma de violencia en el ejercicio político y acordaron requerir a las autoridades que se garantice la seguridad y libertad de circulación a todos los candidatos presidenciales, quienes, además, serán escogidos libremente por cada formación.

Sobre la participación electoral, existe un punto clave en el documento que no resuelve el tema de las inabilitaciones a líderes opositores con chances para enfrentarse con Maduro en las elecciones. Es la parte que dice que “se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”.

Con respecto a este tema, tras la firma del Acuerdo de Barbados la Plataforma Unitaria Democrática dijo que lo pactado debe constituir una hoja de “ruta” para que se levanten las inhabilitaciones políticas.

En respuesta, el representante chavista Jorge Rodríguez remarcó que el acuerdo no contempla el levantamiento de las inhabilitaciones impuestas a políticos opositores.

“Si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde (...) pues tampoco puede ser candidato”, dijo Rodríguez.

En la noche del miércoles fueron liberados de la cárcel el exdiputado opositor Juan Requesens y el periodista Roland Carreño, cercano colaborador del expresidente interino Juan Guaidó, además de otros otros tres presos políticos.

Requesens, que en el 2015 fue elegido diputado para la Asamblea Nacional, cumplía en arresto domiciliario una pena de ocho años de cárcel por “conspiración” después de la explosión de dos drones cerca de una tarima donde Nicolás Maduro presidía un acto con militares, hecho ocurrido el 4 de agosto del 2018 en Caracas.

El diputado Requesens fue detenido tres días después de la explosión junto a una treintena de personas, entre ellas un concejal que murió en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), al caer desde el décimo piso de una de las sedes de ese cuerpo.

Hasta el 10 de octubre

había 273 presos políticos en Venezuela, según la ONG Foro Penal.

Carreño estaba detenido desde el 2020 y acusado de terrorismo. Él era coordinador operativo del partido Voluntad Popular y cuando lo detuvieron fue señalado de haber actuado como “operador financiero” de “planes conspirativos y terroristas” contra el gobierno de Maduro.

“Estoy un poco aturdido porque después de tres años de tanta espera, de tanta angustia, especialmente que llegue en esta hora la libertad me llena de mucha esperanza de que también llega la libertad de Venezuela”, dijo Carreño al salir de la cárcel de El Helicoide, sede de los servicios de inteligencia de Venezuela.

Los otros liberados son Marco Garcés Carapaica, estudiante universitario detenido en el 2020 por estar en el mismo vehículo de un exmarine estadounidense; Mariana Barreto, presa por protestar en el 2019 por irregularidades en el suministro de gasolina en el estado de Trujillo; y Eurinel Rincón, que era secretaria en el ministerio de Defensa y fue imputada por traición a la patria y fuga de información tras aparecer en una foto con un dirigente opositor, detalló la agencia AFP.

El miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la suspensión temporal de algunas sanciones comerciales a Venezuela.

“Estados Unidos acoge con beneplácito la firma de un acuerdo de hoja de ruta electoral entre la Plataforma Unitaria Democrática y representantes de Maduro”, indicó el comunicado del Departamento del Tesoro. Agregó que “en respuesta a estos avances democráticos” decidió suspender algunas sanciones.

Ahora el régimen de Maduro podrá hacer transacciones por seis meses en el sector energético de petróleo y gas.

El Departamento del Tesoro remarcó que extenderá ese permiso solo si el régimen de Maduro cumple con sus compromisos en materia electoral y otros acuerdos sobre personas injustamente detenidas.

Estados Unidos también autorizó transacciones con la empresa estatal minera Minerven, lo que según el comunicado ayudará reducir el mercado negro en el comercio del oro.

Asimismo, Estados Unidos modificó dos licencias para eliminar la prohibición de negociaciones secundarias sobre ciertos bonos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La agencia AFP recordó que el embargo petrolero estaba vigente desde abril del 2019 y limitaba la comercialización, vital para la economía de Venezuela.

Maduro expresó su satisfacción por las medidas anunciadas por Estados Unidos. “Venezuela entra con fuerza al mercado petrolero y gasífero nuevamente, de manera progresiva”, afirmó.

Maduro también dijo que espera recibir “pronto” la visita del diplomático estadounidense Francisco Palmieri, designado por Washington como jefe de Misión de la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, con base en Bogotá.

Estados Unidos todavía mantiene vigentes varias sanciones contra el régimen de Venezuela y una orden de captura contra Maduro por el supuesto delito de narcotráfico. Ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

En Estados Unidos, el secretario de Estado, Antony Blinken, emitió un comunicado donde señaló que su país espera que antes de que finalice noviembre Venezuela defina un cronograma y un proceso específico para la habilitación de los candidatos.

“Todos los que quieran presentarse a las elecciones presidenciales deben tener la oportunidad de hacerlo, y tienen derecho a la igualdad de condiciones electorales, a la libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física”, señala el comunicado de Blinken.

El documento remarca que “el incumplimiento de los términos de este acuerdo llevará a Estados Unidos a revertir las medidas que hemos adoptado”.

Blinken también señaló que su país confía en que el gobierno de Venezuela comience a liberar a “todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente” en el país.

En entrevista con la agencia EFE, Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden, dijo el jueves que se deben levantar las sanciones a los políticos inhabilitados, incluida María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos y es la favorita para derrotar a Maduro en el 2024.

“Nuestra expectativa es que antes de fines de noviembre se habrá definido un camino para la rehabilitación de candidatos y se comience a liberar a los americanos detenidos injustamente y a los prisioneros políticos”, explicó González.

Estados Unidos señala que en Venezuela hay actualmente tres estadounidenses “encarcelados injustamente” porque “no han cometido ningún crimen”.

Uno de ellos es Eyvin Hernández, un abogado estadounidense detenido en Venezuela desde el 2022 por presuntamente cruzar de forma irregular la frontera durante unas vacaciones en Colombia.