Buenas intenciones, pocas evidencias, por Noelia Bernal

Días antes de que nuestra selección consiguiera la tan ansiada clasificación al Mundial, la Comisión de Protección Social designada por el Ejecutivo presentó sus propuestas de reforma a los sistemas de pensiones, salud y el seguro de desempleo. Pasada la emoción del fútbol, creo que debemos reflexionar acerca de algunas de sus conclusiones.

En cuanto a las pensiones, la comisión plantea crear un nuevo sistema basado en tres pilares. El primero sería una extensión de la actual Pensión 65 a todos los ciudadanos. El segundo integraría a la ONP y a las AFP en una sola institución centralizadora. El tercero propone fortalecer las rentas vitalicias derogando la ley que permite el retiro del 95,5% del fondo de pensiones al cumplir los 65 años. También se propone introducir mayor competencia al proponer la entrada de bancos y fondos del exterior, la afiliación automática al cumplir 18 años, la facilitación del pago de aportes vía recibos telefónicos, el subsidio a los aportes de los jóvenes de bajos ingresos así como un ‘match’ a su ahorro. Esto último financiado por el Estado vía impuestos.

Para la salud se recomienda crear un fondo asegurador que integre al SIS, Essalud, entre otros. Este operaría como único comprador, conectaría al sector a través de un sistema de información y velaría por la efectiva provisión de los beneficios del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). También se prevé que el Estado gaste más, con una consecuente reducción del gasto de bolsillo.

Creo que la comisión ha hecho un gran esfuerzo al estudiar estos temas y brinda un buen diagnóstico. No obstante, la debilidad del estudio es justamente su gran alcance. El informe no analiza de manera aguda varias de las propuestas planteadas. Esto deja para el lector muchas preguntas y la sensación de falta de evidencia. Por ejemplo: ¿Qué es mejor para la sociedad, la ONP como institución centralizadora o un monopolio privado? ¿Con esta nueva organización las comisiones por saldo bajarán (hoy están alrededor de 1,25%)? ¿Hay evidencia de que pagar aportes vía recibos telefónicos funciona?

La comisión parece suponer que gracias a la reforma todo se solucionará. Y que con estas propuestas la entidad centralizadora sería eficiente, las comisiones bajarían, los individuos empezarían a ahorrar, las empresas se formalizarían y la pobreza desaparecería, con lo cual los costos fiscales tenderán a cero en el largo plazo.

Tampoco queda claro que un mayor gasto público se traduzca necesariamente en mejor prestación de servicios y menor gasto de bolsillo. Sobre todo en un sistema de salud que necesita ganar eficiencia. La cobertura del PEAS y planes complementarios es bastante generosa, pero no todas sus prestaciones se brindan de manera efectiva. Pese a estar cubiertos por el SIS o Essalud, muchos pacientes gastan de sus bolsillos para acceder a ciertos servicios o medicinas simplemente porque no están disponibles.

Pero esto no debería sorprendernos. La mayoría de nuestras reformas han sido similares: llenas de buenas intenciones pero con muy pocos resultados. En la década de 1990 se prometió que con la creación de las AFP alcanzaríamos grandes tasas de reemplazo, bajaríamos la informalidad y las comisiones se reducirían. En el 2008 y 2012, se prometieron subsidios a las pensiones y a la salud. En el 2009 se prometió acceso a prestaciones de salud con calidad y oportunidad. Muy pocas de estas promesas se han cumplido.

¿Por qué? Porque hemos venido implementando reformas sin evidencia. Las diseñamos en nuestros escritorios, con supuestos bastante optimistas y sin pruebas de que realmente funcionen. Necesitamos información y evaluaciones. Usemos, por ejemplo, encuestas para recoger las características y preferencias de los agentes cuyos comportamientos queremos cambiar. Luego podemos implementar evaluaciones aleatorias, las cuales ayudan a determinar qué programas funcionan y cuáles no.

Si queremos una sociedad más productiva, con más trabajadores formales, saludables y que ahorren para su vejez, empecemos por diseñar reformas basadas en evidencia que logren los cambios deseados en los comportamientos y eviten incumplir promesas.