:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/cd7b55a7-37cd-470c-b04c-fb10b3aff46a.jpg "Rafael López Aliaga")
Ya no es coincidencia que algunos periodistas defiendan contratos de concesiones que han nacido con evidentes actos de corrupción, tales como los contratos obtenidos por las corruptas organizaciones criminales Odebrecht y OAS con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), casos en los que la exalcaldesa Susana Villarán ha confesado públicamente haber recibido dinero de estas organizaciones.
Estos periodistas invocaron el derecho a la estabilidad jurídica en favor de delincuentes y de sus cómplices en contratos que han venido afectando a la población de Lima más vulnerable que sufre de anemia y de la falta de agua y desagüe, servicios básicos, seguridad ciudadana. Esta población vulnerable fue obligada a pagar un peaje por entrar y salir de sus casas. Pero esta realidad no la ve, o no la quiere ver, un sector de la prensa que solamente protege la estabilidad jurídica de empresas corruptas. Felizmente el Tribunal Constitucional de nuestro país ha emitido sentencia, con la que se suspende el cobro del peaje de Puente Piedra, por clara violación a derechos fundamentales de nuestros hermanos más vulnerables.
Tampoco es coincidencia que este tipo de prensa no quiera ver el daño irreparable causado a casi tres millones de pobladores de Lima Este por la denominada línea 2 del metro de Lima. Casi 10 años de demora y cierres en la Av. Nicolás Ayllón (carretera central) han hecho quebrar a miles de negocios y han hecho perder millones de valiosas horas hombre a toda la población de Lima Este, que no ha recibido, a la fecha, ninguna compensación económica.
Todo este daño, no reparado aún, tiene su origen en un contrato pactado en el gobierno del señor Ollanta Humala, investigado por graves actos de corrupción. El contrato de concesión de la línea 2 del metro es totalmente lesivo para el Estado Peruano y para la población de Lima Metropolitana. El método de construcción es obsoleto y no apropiado para una metrópoli de más de 11 millones de habitantes. Basta con ir a ver el desarrollo de proyectos similares en otras ciudades metropolitanas del mundo, para darse cuenta de que sí se puede desarrollar vías subterráneas sin que la población pague el costo social de este tipo de proyectos de infraestructura vial.
Sería recomendable que estos periodistas visiten a algún oculista urgentemente. Tienen una visión selectiva que solamente ve los intereses de los concesionarios que obtienen contratos corruptos o que son completamente lesivos para el Estado Peruano y para la población más vulnerable de nuestro país.
La corrupción es el peor cáncer de nuestro país que debe ser erradicada de raíz. Las organizaciones corruptas siguen operando en el Perú y cuentan con la protección de fiscales, procuradores, opinólogos, juristas, centrales de medios y periodistas que por ceguera u otras razones, no defienden a nuestros ciudadanos y, más bien, actúan como voceros de la corrupción.
