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Medicinas: libre competencia o monopolio, por Javier Velásquez Quesquén

“Creemos en un Estado que regule el mercado para evitar que posiciones monopólicas perviertan la competencia, afecten el desarrollo económico y social y pongan en peligro la democracia”.

Javier Velásquez Quesquén Congresista de la República

Salud

“En el mercado de los medicamentos, la regulación resulta imperiosa, pues no existe competencia perfecta que garantice el acceso y disponibilidad a los mismos y al disfrute del derecho fundamental a la salud”. (Foto referencial: AFP)

Agencias

En nuestro país la economía de mercado, que tiene su fundamento en la libre competencia, ha logrado crecimiento económico y reducción de la pobreza desde hace más de 20 años. Por eso creemos en un Estado que regule el mercado para evitar que posiciones monopólicas perviertan la competencia, afecten el desarrollo económico y social y pongan en peligro la democracia. 

El Estado tiene el deber de regular las actividades económicas en situaciones en las que se afecte la libre competencia. Por eso, en Estados Unidos rigen leyes antimonopolio, conocidas como la Ley Sherman (1890) y Ley Clayton (1914), que obligan a monopolios ya constituidos a escindirse en varias empresas más pequeñas y a sus propietarios a vender sus acciones a terceros, imponiendo sanciones no solo económicas sino también penales a los responsables de conductas anticompetitivas. 

En el mercado de los medicamentos, la regulación resulta imperiosa, pues no existe competencia perfecta que garantice el acceso y disponibilidad a los mismos y al disfrute del derecho fundamental a la salud. Lo impiden los medicamentos únicos, los protegidos por patentes y la asimetría informativa –que no permite a los pacientes conocer los beneficios o contraindicaciones de los medicamentos–. Este panorama se complica cuando la oferta se concentra en pocos laboratorios o cadenas de ‘retail’, pues les da la posibilidad de concertar los precios en perjuicio de los pacientes. Tal situación se agrava cuando se concentran los productores, distribuidores y expendedores, lo cual en muchos países está prohibido.  

En el Perú, hace pocos años el Indecopi sancionó a un ‘cartel farmacéutico’ que se coludió para incrementar artificialmente el precio de las medicinas. Las multas fueron irrisorias con relación al beneficio que estas obtuvieron y solo sirvieron para la burocracia que las cobró. ¿Acaso se devolvió a los pacientes lo que indebidamente les cobraron? ¿Cuántos enfermos perdieron la vida por no tener los recursos para acceder a estos medicamentos con precios ‘inflados’? No debemos dejar en manos de estos ‘carteles’ la regulación de sus precios. Eso es liberalismo salvaje incompatible con los valores que inspira la democracia. 

Recientemente, el Grupo Intercorp, propietario de la cadena Inkafarma, compró las cadenas Mifarma, BTL, Arcángel y Fasa, acaparando el 90% de la oferta de cadenas de farmacias y aproximadamente el 64% de la venta total de todas las farmacias del país. No es poca cosa, considerando que entre el 60% y el 70% del gasto en salud de los peruanos se financia con sus propios recursos.  

Sin duda, existe un inminente riesgo de que esta concentración empresarial facilite el uso abusivo de su posición en el mercado para imponer mayores precios de los medicamentos, afectando el derecho a la salud de las personas. No debemos olvidar que, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, nuestro país tiene en promedio el precio de los medicamentos más caro de esta parte del continente.  

Frente a esto, hemos presentado en el Congreso un proyecto de ley por el cual proponemos la regulación de los precios máximos de las medicinas de uso más frecuente y las utilizadas en enfermedades graves y de alto costo. Esto se hará de acuerdo a criterios y metodologías técnicas y no políticas.  

Medidas similares se aplican en otros países: precios de referencia internacional (España), mecanismo de precio basado en el valor (Australia), o una autoridad competente que determina los “precios excesivos” (Canadá). Con ello nos sumaremos al grupo mayoritario de países (incluidos los de América Latina y la OCDE) que tienen, de una u otra forma, normas que regulan los precios de medicamentos.

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