¿La reducción del IGV para aumentar el Foncomún es positiva?

El Congreso acaba de aprobar la ley que promueve la descentralización fiscal, que le otorga 4 puntos porcentuales (pp) del 18% del IGV a las municipalidades, 2 pp sobre lo que tenían antes. El gobierno, en vez de observar la norma, ha decidido apoyarla y el ministro del MEF ha dicho “que no generará un impacto fiscal”.

Más allá de la inconstitucionalidad de la norma, que viola el artículo 79 de la Constitución sobre que “los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos”, tampoco ayuda a las municipalidades porque dispone que estos recursos “sean destinados únicamente para el financiamiento de proyectos de inversión pública” y tengan que “contar con dos de sus tres instrumentos de planeamiento estratégico”. Es decir, establece condiciones más onerosas que las que tienen que cumplir para acceder a las transferencias que hoy reciben del Gobierno Central. La norma abre un mal precedente difícil de cerrar, pues permite que, en el futuro, las municipalidades y las regiones presionen por una participación mayor del 18% del IGV, que es nuestro impuesto que más recauda. Este podría ser el final de la estabilidad fiscal y, contrario a lo que dice el MEF, sí genera impacto fiscal, porque el Gobierno Central pierde recursos para financiar los gastos sociales, que son la base del efecto distributivo de nuestro presupuesto. La regla dorada de las finanzas públicas es no etiquetar los ingresos porque le quita flexibilidad al Tesoro para asignar sus recursos libremente. Hay que recordar que la estabilidad fiscal ha sido por años lo que nos ha permitido el crecimiento, no el gasto público.

El Congreso, una vez más, se pone del lado del populismo económico y ofrece una mala solución a los problemas de fondo. Lo lógico hubiese sido que se opte por un verdadero descentralismo fiscal, que ayude a los gobiernos subnacionales a desarrollar una base tributaria que les permita financiar sus necesidades fiscales sin tener que recurrir al Gobierno Central. Basta recordar que somos el país en América Latina que menos recauda, aunque en los últimos años gran parte de la generación de riqueza ha sido provincial y regional.

Resulta incoherente que el MEF diga que la ley no tendrá impacto fiscal y, a la par, anuncie que presentará una iniciativa legal para relajar las reglas fiscales. Además, que presuma que esta decisión no afectará la calificación soberana crediticia, cuando el resultado podría ser el encarecimiento del endeudamiento necesario para cubrir el forado.

La posición del MEF va en contra del estándar de la OCDE de no preasignar impuestos a usos determinados, pues colisiona con el concepto de cuenta única del Tesoro. Vale decir: que todos los ingresos fiscales vayan a una bolsa única de recursos que atienda las necesidades de gasto de las entidades estatales.

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso ha sostenido que la ley acelera la descentralización fiscal para lograr el cierre de brechas. Sin embargo, desconoce que uno de los principales problemas que afecta a los tres niveles de gobierno es el divorcio que existe entre los sistemas administrativos de planeación, presupuesto e inversiones. La falta de impacto de la asignación presupuestal no tiene nada que ver con “descentralizar” más recursos públicos. Además, la dependencia de los gobiernos locales a este tipo de transferencias genera incentivos débiles para recaudar ingresos propios (por ejemplo, en materia predial).

Se desconoce también que los gobiernos municipales no han podido gastar todo el Foncomún asignado. El año pasado dejaron sin ejecutar S/4.000 millones. Y ni hablar de los problemas de obras paralizadas, sobrecostos y casos de corrupción que persisten con esta fuente de financiamiento. Además, la supuesta descentralización es relativa: mientras el 11% de los recursos fueron destinados a 10 municipalidades de Lima, el remanente se distribuyó entre 1.881 municipalidades. Mejor política pública sería fortalecer el programa de incentivos municipales que premia a aquellos que mejoran su gestión financiera y que ha probado ser efectivo.

La motivación de esta ley claramente parece ser clientelar en un año preelectoral y con un gobierno que cree que soltando más plata podrá sostenerse en el poder.