Sin rumbo ni liderazgo

“Si es que esto no funciona, tendremos que dar un paso al costado” fueron las declaraciones de Juan José Santiváñez, ministro del Interior, cuando se le consultó cuál sería su respuesta si el estado de emergencia que anunció el gobierno de Dina Boluarte a finales de setiembre no funcionaba.

Si las promesas se cumplieran, hace una semana que hubiera dejado el cargo.

La realidad, no solo la percepción –porque esa no parece ser del agrado del ministro–, es que los robos, amenazas, atentados y las decenas de muertos en este período evidencian la poca eficacia de la medida puesta en marcha.

¿Está funcionando el estado de emergencia para combatir la ola criminal? La respuesta es clara: no. Hoy en día, cada cuatro horas y media se asesina a una persona en el Perú, según información del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Mientras el país, hasta el momento, ya superó en 20% el número de homicidios que se registraron en el 2023, para el ministro Santiváñez solo se trataría de un incremento del 7% u 8%. Lo que sigue sin estar claro es de dónde salen esas cifras que menciona, porque la realidad nos muestra que si esta tendencia se mantiene al alza, como evidencia cada día el Sinadef, podríamos cerrar el año con una diferencia del 30% respecto del 2023.

Al término de los primeros 60 días del estado de emergencia no hubo un balance de los resultados –como hubiera correspondido– en el que el Gobierno presente un reporte real de cómo encontró la situación de inseguridad, qué se logró en ese período y por qué era necesario ampliar la medida por 45 días más. En cambio, solo hubo un anuncio sobre la ampliación.

A este contexto, sin duda, debemos añadir los problemas que aquejan a la Policía Nacional del Perú y de los que nadie quiere hacerse cargo: de infraestructura, de formación y de corrupción.

De las 18 escuelas de formación que hoy existen, muchas no cuentan con infraestructura adecuada, eso sumado a que ha caído la calidad de los docentes y los contenidos del programa de formación, según me comentan desde la propia institución. Y sobre la corrupción solo basta con revisar las recientes denuncias de ruleteo de armas, operativos falsos, encubrimiento a efectivos, robos entre suboficiales, cobro de coimas. Y todo esto solo en las dos últimas semanas.

Cada cierto tiempo vuelve al debate público la necesidad de una reforma a la institución policial, pero queda solo en eso, en debate. Si no se llega a concretar, no es porque falten recursos o capacidad para ejecutarla, sino porque no existe decisión política ni mucho menos liderazgo.

Hoy somos, lamentablemente, un país que reúne las condiciones para la proliferación del crimen organizado: corrupción, incumplimiento de leyes, un sistema de justicia sosegado que no resulta eficaz ni justo, cárceles hacinadas y un poder político que es indiferente a todo lo antes mencionado.