Una deuda pendiente con los ciudadanos

La seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos. En calles, plazas, mercados y hasta en redes sociales, el miedo es palpable. La sensación de vivir expuestos a la delincuencia ha dejado de ser una percepción y se ha transformado en una cruda realidad cotidiana.

Los robos al paso, extorsiones, sicariato y mafias organizadas son parte del panorama urbano, especialmente en ciudades como Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura. La criminalidad no solo ha aumentado en número, sino también en brutalidad y descaro. Ya no se roba en la oscuridad, sino a plena luz del día y frente a cámaras que, muchas veces, no graban o no sirven para capturar a los culpables.

El problema, por supuesto, no es nuevo. Durante décadas, las promesas de reforma policial, mayor presupuesto para la seguridad y estrategias integrales han sido parte de todos los discursos políticos. Sin embargo, la ejecución ha sido lenta, desordenada y, en muchos casos, ineficaz. La falta de coordinación entre las instituciones del Estado genera un vacío que la delincuencia organizada aprovecha con habilidad. A ello se suma la corrupción, un cáncer que ha debilitado a nuestras fuerzas del orden y ha socavado la confianza ciudadana.

Para enfrentar el problema de la inseguridad, se requieren más que medidas reactivas o anuncios grandilocuentes. Se necesitan planificación, voluntad política sostenida y ejecución eficiente. En primer lugar, es urgente fortalecer el trabajo de inteligencia policial, no solo para anticiparse al delito, sino para desarticular verdaderas redes criminales que operan como empresas ilegales, muchas veces con vínculos en el Estado.

Además, el sistema de justicia necesita una reforma profunda. La impunidad es el mejor aliado del delito. Es indispensable que fiscales y jueces cuenten con herramientas legales claras, autonomía real y mecanismos de control que aseguren su probidad. Las leyes deben ser aplicables, pero también deben reformularse aquellas que permiten que los delincuentes reincidan o salgan libres por errores técnicos o procesos burocráticos.

Por otro lado, no podemos olvidar la prevención. La lucha contra la inseguridad también se libra en las escuelas, en los barrios y en las oportunidades laborales. Programas educativos con enfoque en ciudadanía, habilidades sociales y cultura de paz, combinados con políticas activas de empleo juvenil y recuperación de espacios públicos, son medidas que apuntan a la raíz del problema. No basta con detener a los delincuentes; hay que ofrecer caminos alternativos antes de que opten por la violencia como medio de vida.

Finalmente, no se puede hablar de seguridad sin abordar la dimensión regional del problema. El Perú está enfrentando fenómenos de crimen transnacional que se infiltran por nuestras fronteras, muchas veces desprotegidas o mal gestionadas. El tráfico de armas, drogas, trata de personas y el ingreso irregular sin control ni antecedentes verificados son desafíos que requieren acción inmediata del Estado.

Los peruanos merecemos caminar sin miedo, abrir nuestras puertas sin sospecha, vivir con dignidad. Es momento de que la seguridad deje de ser una promesa y se convierta en una realidad.