El Censo 2017 nos deja una fotografía preocupante. Más allá de las deficiencias en su diseño e implementación, lo que nos muestra es la urgencia de repensar nuestra sociedad. En el transcurso de un día, se registraron al menos una violación sexual, una agresión física y reportes de acoso por redes sociales contra mujeres en Lima. Sin contar episodios similares en otras partes del Perú.
Para la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer es uno de los principales problemas en el mundo. Se estima que 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual en algún momento de sus vidas. Esta cifra, de acuerdo a estudios nacionales, llega a 2 de cada 3. Además, el Perú ocupa el tercer lugar en el mundo –luego de Bangladesh y Etiopía– en número de violaciones por año.
Por lo tanto, llevar a cabo el recojo de información para el censo en un país donde cada día 20 mujeres son víctimas de violencia sexual debió incluir al menos una perspectiva de seguridad especialmente enfocada en ellas. Teniendo en cuenta que el 60% de empadronadores fueron mujeres, no prever los riesgos a los que se les exponía al recoger información en zonas urbanas y rurales es una completa negligencia. En especial en Lima, que ha sido calificada como la quinta megaciudad del mundo más peligrosa para las mujeres de acuerdo a la encuesta mundial 2017 de la fundación Thomson Reuters. Los lamentables episodios del domingo no hacen más que confirmar este ránking.
Una serie de acciones podrían haberse implementado para paliar de alguna manera esta situación. Desde el ámbito académico, existe la necesidad de tener especial cuidado al realizar entrevistas y se emplea una serie de medidas desde la capacitación hasta la conducción de las mismas pues se reconoce que, lamentablemente, hombres y mujeres enfrentan grados diferentes de vulnerabilidad.
Tanto es así que gobiernos locales, departamentos policiales e iniciativas privadas diseñan iniciativas a fin de registrar situaciones de riesgo. Un caso especial es la aplicación para celulares ‘No estoy sola’ de la municipalidad de Ciudad Juárez en México, conocida alguna vez como la capital mundial del feminicidio, que envía alertas sin necesidad de usar el paquete de datos.
Por otro lado, las auditorías de seguridad orientadas para mujeres se vienen implementando en ciudades desde Toronto hasta Dar es Salaam. Estas buscan recoger información de las propias comunidades en consulta directa con las mujeres que resultan en alianzas entre las mujeres y los gobiernos locales.
Pero lo que realmente deja el censo es la necesidad de no pensar solamente en las sanciones o medidas paliativas para salvaguardar la integridad y seguridad de las mujeres (ya bastante vulneradas), sino también en la incorporación urgente de una perspectiva de equidad de género. La alta tolerancia a la violencia contra la mujer (54% de acuerdo al último Índice de Tolerancia Social), sumada a las desigualdades entre hombres y mujeres van a minar la eficacia de sistemas de asistencia y justicia existentes. Esto a menos que se reconozca la principal causa subyacente a esta problemática.
La verdadera estrategia es aceptar que el Estado, las aulas y nuestra sociedad en general conciben espacios en los que se construyen y reproducen símbolos, imágenes y discursos que legitiman conductas machistas. Esto se logra incorporando la perspectiva de un enfoque integrado de equidad de género. El uso de esta transversalidad o ‘gender mainstreaming’ a lo largo de nuestras organizaciones y desde nuestros hogares no es más que el paso primordial hacia conseguir la igualdad de oportunidades y no discriminación entre hombres y mujeres que tanta falta hace en nuestro país.