En el Semáforo de este miércoles 12 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: adultos mayores de varias regiones se graduaron luego de haber aprendido a leer y escribir por el proyecto educativo de la Fundación Dispurse. El segundo tema: el Despacho Presidencial aprobó la contratación directa de un servicio de asesoría legal para el expresidente Ollanta Humala, por S/291.600, por el proceso del Caso Gasoducto Sur Peruano. Por último: gran preocupación ha generado el cierre de la filial del Instituto para el Desarrollo Infantil de La Molina por decisión de la municipalidad del distrito.
🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO
🟢 ADULTOS MAYORES APRENDIERON A LEER Y ESCRIBIR
Dieciséis adultos mayores de varias regiones se graduaron luego de haber aprendido a leer y escribir. Ellos fueron parte de “Reescribiendo historias: nuestro compromiso con la educación para jóvenes y adultos”, evento realizado hace unas semanas. Otras 39 personas también se graduaron. Los adultos mayores aprendieron a leer y escribir en el proyecto educativo de la Fundación Dispurse, que también contempló introducirlos al uso de herramientas digitales.
🔴 DESPACHO PRESIDENCIAL PARA S/291.600 POR LA DEFENSA DE OLLANTA HUMALA
El Despacho Presidencial aprobó la contratación directa de un servicio de asesoría legal para el expresidente Ollanta Humala, por S/291.600 (es decir, con fondos públicos), con el fin de cubrir su defensa legal en el proceso penal que se le sigue por el Caso Gasoducto Sur Peruano. El exmandatario, actualmente recluido en el penal de Barbadillo por la sentencia de otro proceso del escándalo Lava Jato, es acusado de los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.
🔴PREOCUPACIÓN POR EL CIERRE DE INSTITUCIÓN QUE ATIENDE A MENORES Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD Y TRASTORNOS
Gran alarma ha generado el cierre de la filial del Instituto para el Desarrollo Infantil (ARIE) de La Molina por decisión de la municipalidad del distrito, que revocó su licencia de funcionamiento. Debido a esta medida, más de 1.000 niños y adolescentes con discapacidad y trastornos han dejado de ser atendidos. Los padres de los menores de edad están muy preocupados, porque sus hijos requieren con urgencia el tratamiento especializado que esa institución brinda.
