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Alternativas del momento, por Gonzalo Portocarrero

“Incluso si fuera solo en calidad de consultor, lo más serio no sería el dinero que podría haber recibido el mandatario, sino el hecho de haber mentido, reiteradamente, al país”.

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"Es hora de intentar un nuevo camino, no sin riesgos pero diferente y prometedor". (Ilustración: Giovanni Tazza)

La lógica del apresuramiento fascina al fujimorismo. Sin un programa claro se trata de hostilizar al Ejecutivo hasta que, por una razón u otra, se pueda plantear en el Congreso el tema de la vacancia presidencial. Se abriría así el camino que podría adelantar las elecciones para que finalmente Keiko Fujimori sea elegida la nueva presidenta del Perú.

Hay varios pasos para que este escenario se concrete. El primero sería que el presidente Kuczynski estuviera implicado en el Caso Odebrecht. Incluso si fuera solo en calidad de consultor, tal como sostiene el ex presidente de la empresa brasileña, lo más serio no sería el dinero que podría haber recibido el mandatario, sino el hecho de haber mentido, reiteradamente, al país. Se podría poner en duda su solvencia moral para continuar dirigiendo los destinos del Perú.

Lo mismo ocurriría si esas presuntas consultorías hubieran sido pagadas por empresas de fachada, filiales de Odebrecht. Con una baja popularidad y arrastrando el sambenito de ser un gobierno débil que rehúye los enfrentamientos, a Kuczynski le sería muy difícil resistir la presión mediática y parlamentaria para forzarlo a renunciar. En todo caso, la clave aquí sería consagrar la imagen de un presidente deshonesto, incapaz de abordar una obra de envergadura.

Un segundo paso sería que el fujimorismo logre controlar los arrestos fiscalizadores del Ministerio Público. Especialmente en el caso de Joaquín Ramírez, el ex secretario general de Fuerza Popular y proveedor de fondos en las campañas de Keiko Fujimori. Pero esta tarea no parece sencilla, pues para la opinión pública Ramírez se habría dedicado a ‘blanquear’ dinero y no podría explicar el financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori.

Ese asunto se tapó con la ayuda de otros fiscales que desestimaron la acusación por el delito de lavado de activos contra Ramírez (quien denunció que toda la información contable de sus empresas había sido extraviada, por lo que no podía hacer las cuentas respectivas). La reapertura del caso por otro fiscal representa una amenaza para los fujimoristas, que se verían forzados a decir mucho más sobre el origen de los fondos de sus campañas.

Dadas estas condiciones, una ‘solución’ sería dejar de investigar estos dos casos. Un ‘desescalamiento’ que alejaría el fantasma de la vacancia presidencial y la investigación sobre el origen de los fondos fujimoristas. Y, ya comprometidos en esta especulación, podríamos imaginar otra transacción, esta vez con el Tribunal Constitucional, para retroceder en su decisión respecto del voto del ex magistrado Juan Vergara Gotelli en el Caso El Frontón. Con lo cual, nuevamente existiría un pronunciamiento del tribunal declarando que los asesinatos de los internos senderistas ya rendidos nunca fueron crímenes de lesa humanidad.

Algunos podrán decir que estos arreglos son favorables al país, pues evitarían que el Perú ingrese a una vertiginosa confrontación que terminaría perjudicando a casi todos los políticos y a muchos ciudadanos. Otros insistirían en que debe primar la verdad y la lógica de la justicia para sancionar a todos los culpables. Yo me afilio a esta segunda posición, porque en nuestro país siempre ha primado la lógica de la componenda o enjuague, del borrón y cuenta nueva. Y, a decir verdad, nos ha ido muy mal siguiendo esta opción tan fácil y seductora.

Entonces, es hora de intentar un nuevo camino, no sin riesgos pero diferente y prometedor. No creo que el costo pueda ser excesivo en relación con el antecedente que el triunfo de la justicia vendría a fijar.

En este momento se puede decir que todo pasa por la fiscalía. La opción del fujimorismo es desbaratar al Ministerio Público mediante una acusación constitucional que dé lugar a la destitución de Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación que, aparentemente, está respetando las voces de los profesionales de su sector que aspiran a hacer justicia.

Me parece que todos los peruanos debemos vernos en el espejo mexicano, pues ese parece ser el país de América Latina en el que las instituciones están más carcomidas por la corrupción, el narcotráfico, la violencia y la inoperancia del sistema judicial que todo lo tapa, de manera que cunde el mal ejemplo. No se podrá decir que es una cuestión de pobreza, pues el Perú es mucho menos violento y corrupto que México, que es una sociedad mucho más rica pero con menos respeto por el valor de la vida humana.

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