Viaductos en Javier Prado: cuando la ciudadanía le ganó al cemento

El reciente anuncio de la Municipalidad Metropolitana de Lima de suspender el proceso de construcción de dos viaductos en la avenida Javier Prado —en el tramo correspondiente a la jurisdicción de San Isidro, así como en zonas de Jesús María y Lince— constituye, sin lugar a dudas, una buena noticia para la ciudad.

No es simplemente una paralización administrativa.

Es el reconocimiento de que la ciudadanía organizada puede corregir decisiones públicas técnicamente débiles y socialmente desconectadas.

La voz de protesta que alzaron los vecinos, sus acciones constantes, sus argumentos técnicos y su legítima movilización fueron determinantes para que la comuna metropolitana entendiera algo esencial: esta obra no representaba el sentir de quienes viven y serían directamente impactados por su ejecución.

Desde su concepción técnica ya se había advertido su inviabilidad. No solo los vecinos levantaron la voz. También lo hicieron especialistas en movilidad urbana y transporte que alertaron sobre lo evidente: los viaductos no son una solución estructural al tráfico limeño.

Son parches. Y los parches no curan enfermedades estructurales. Las maquillan. Y muchas veces las desplazan hacia el siguiente distrito.

La evidencia internacional es concluyente. Aumentar capacidad vial sin modificar el modelo de movilidad genera el fenómeno conocido como “demanda inducida”: más carriles, más autos; más concreto, más congestión futura. Es una ilusión de corto plazo con factura garantizada a mediano plazo.

La solución no está en elevar pistas.

Está en elevar la calidad del transporte público, en ordenar el estacionamiento, en gestionar inteligentemente los semáforos, en fiscalizar la doble fila, en planificar la ciudad con criterios modernos y sostenibles.

No es un debate ideológico. Es un debate técnico.

En su momento, los alcaldes Alberto Andrade y Luis Castañeda ejecutaron importantes intervenciones en la avenida Javier Prado —la Vía Expresa y la ampliación de carriles, respectivamente—, presentándolas como soluciones definitivas al caos vehicular. Décadas después, la realidad es contundente: el problema persiste.

Porque el problema no era solo infraestructura.

Era modelo de ciudad.

San Isidro habría sido uno de los distritos más perjudicados con esta obra millonaria y de eficacia altamente cuestionable. No solo por el impacto urbano y la alteración de su dinámica vial, sino por el grave atentado ambiental que implicaría la afectación de decenas de árboles, palmeras y cientos de metros cuadrados de áreas verdes.

Una ciudad que sacrifica su entorno para ganar minutos temporales de fluidez no está resolviendo nada: está hipotecando su identidad.

Sin embargo, la suspensión del proyecto no debe entenderse como una victoria definitiva. Podría tratarse de una pausa estratégica. Y si la decisión obedeciera más a un cálculo político coyuntural que a una reflexión técnica profunda, el riesgo de reactivación permanece latente. Por ello, los vecinos —junto a autoridades distritales que deben representar genuinamente el sentir de su comunidad— no pueden bajar la guardia. La vigilancia ciudadana no es confrontación; es responsabilidad democrática.

El tráfico de Lima no se resolverá con obras vistosas que prometen soluciones mágicas.

Se resolverá cuando entendamos que la ciudad no es un circuito para autos, sino un espacio para personas.