El presidente Martín Vizcarra participa en la ceremonia por el aniversario 31 de la Policía Nacional, el pasado 6 de diciembre. (Foto: Presidencia Perú)
El presidente Martín Vizcarra participa en la ceremonia por el aniversario 31 de la Policía Nacional, el pasado 6 de diciembre. (Foto: Presidencia Perú)
Federico Salazar

“La lucha contra la corrupción y la impunidad es el eje central de nuestro gobierno”, ha dicho el presidente en de la Policía Nacional.

¿A qué se refiere? ¿Al cierre inconstitucional del Congreso? ¿A la devolución de más de S/500 millones en favor de Odebrecht? ¿Al año de gestión de César Villanueva como presidente del Consejo de Ministros?

El Ejecutivo no realiza ninguna lucha contra la corrupción. Se trepa, eso sí, a los avances de las investigaciones fiscales y de los medios que las publicitan.

La corrupción política es lo que más indigna a la población. Y todos celebramos cuando se conoce la verdadera personalidad de los estafadores.

Es triste pero importante saber sobre César Villanueva y sus reuniones para alterar la investigación que se le sigue. No menos, saber sobre Luciana León y sus visitas al MEF, una de ellas con el entonces gerente de la Municipalidad de La Victoria, hoy detenido.

Las investigaciones son conducidas por los fiscales. La policía aporta el uso de la fuerza y colabora con los trabajos de inteligencia. El Ejecutivo carga la bandera, pero no lidera la lucha contra la corrupción.

El gobierno puede tener una política anticorrupción. Pero, ¿han hecho, siquiera, un estudio sobre la corrupción y sus mecanismos institucionales? ¿Cuáles son las propuestas de reforma de la administración pública de este gobierno?

La corrupción no es solo la de ayer. Es la de hoy y la de mañana. Se debe partir de un estudio de las leyes, los procedimientos y los procesos administrativos que la favorecen. La corrupción florece en la oscuridad, en los meandros de la burocracia, en los recovecos del reglamento, en la opacidad de las normas.

La tarea no es fácil, y no la emprendió ninguno de los gobiernos anteriores. El actual, tampoco.

Una política anticorrupción seria, además, debe realizarse dentro de la ley. Un gobierno que cierra el Congreso contra la ley no puede proclamarse luchador serio contra la corrupción.

La corrupción rompe la ley. ¿Cómo podríamos perseguirla si no cerramos ese hueco hecho a la ley?

No se trata solo de dotar de más recursos al Ministerio Público. Eso es necesario, pero no suficiente.

El fiscal supremo Tomás Gálvez contra el fiscal José Domingo Pérez. El fiscal José Domingo Pérez , sin mayor fundamento de su vinculación con el caso.

El Ministerio Público, lamentablemente, no da una imagen de orden y ecuanimidad. No solo eso, sino que los avances en las investigaciones sobre corrupción y sus éxitos han sobregirado a los funcionarios.

El mismo José Domingo Pérez declaró que una resolución del Tribunal Constitucional (hábeas corpus de Keiko Fujimori) no es legítima. Agregó entonces que “el único criterio que debe primar es la anulación del fallo”.

Los fiscales que investigan no deben decirle al Tribunal Constitucional cómo debe actuar. No deben entrar en el debate constitucional como una parte más. Al hacerlo, se convierten en parte de un litigio, no en encargados de una investigación.

Las personas investigadas por autoridades que salen de sus fueros, obviamente, tienen derecho a reclamar. La falta de independencia y profesionalismo genera sospecha. Esta sola sospecha enturbia la investigación y mella su legitimidad.

El Ejecutivo no tiene que ver en esto, pero sí en la falta de profesionalismo, por ejemplo, de la Policía Nacional. Un coronel PNP . Trabajaba en la secretaría del Estado Mayor de la PNP.

¿Quiere el presidente luchar contra la corrupción? Averigüe los antecedentes del coronel. En el 2000 fue , fue separado de la PNP, pero repuesto por el Poder Judicial.

¿Quién lo repuso? ¿Por qué? ¿Se hizo acusación fiscal? ¿Se hizo bien? ¿Cómo llegó a la secretaría del Estado Mayor de la PNP?

Si no sabemos eso, no podremos cerrar los huecos que hace la corrupción en todas las instituciones del Perú.

La bandera de la lucha anticorrupción ya no da resultados. Sobre todo, si flamea en el vacío de la mera propaganda.