Los muertos de Palacio y la plaza Bolívar

La verdad es que da igual quién sea ministro del Interior. A estas alturas, ha quedado claro que no se trata de las personas, así vengan con hojas de vida abultadas o llenas de títulos cuestionables. Por eso, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, no se inquieta ante los picos de criminalidad y violencia en las calles, y, muy sereno, defiende la permanencia de Juan José Santiváñez en el Ejecutivo.

Los cambios ya no son importantes porque lo que se ha establecido en el Ejecutivo es, si lo colocamos en términos organizacionales, una cultura de la impunidad y la mediocridad. Esta cultura se ha enraizado en todos los ministerios y se extiende hasta Palacio. Mientras estén amarrados a sus puestos, no pasa nada. Hay indicios y evidencias, que semana a semana revela la prensa, de que el lumpen gravita en estos espacios.

No solo se trata de la ola de homicidios que mantiene sedado al presidente del Consejo de Ministros. Hay una muerte que ronda Palacio, y es la de Nilo Burga, presidente del directorio de Frigoinca, quien supuestamente se habría quitado la vida. Existe toda una hipótesis de que fue asesinado y, mientras más pasa el tiempo, más personajes se ven involucrados: desde la actual cabeza del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, hasta el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y la misma jefa del Estado, Dina Boluarte.

Por eso, es una contradicción que Palacio insista en liderar una batalla contra el crimen organizado, esta vez declarando en emergencia la violenta ciudad de Trujillo, cuando en la oscuridad de sus habitaciones más recónditas se descompone la moral. El delatante hedor se confunde con el que emana desde el Congreso.

En la plaza Bolívar se niegan a cargar con la muerte de Andrea Vidal, una joven asesinada por sicarios y cuya muerte destapó una red de prostitución en el Legislativo. Una atrevida afirmación en la cuenta de X del Congreso, criticada por la misma fiscal de la Nación, daba por terminada la investigación, asumiendo que su muerte fue un daño colateral y que el verdadero objetivo era el taxista.

En ninguno de los casos –el escándalo de Qali Warma en el Ejecutivo y el de prostitución en el Congreso– han rodado cabezas. Nadie se ha hecho siquiera políticamente responsable de los hechos, nadie se ha ruborizado. Todos siguen cómodos, inmutables, tan serenos como el jefe del Gabinete defendiendo a un ministro del Interior que se burla de la justicia al entregar un celular formateado, sin información, en el marco de la investigación fiscal que se inició por protagonizar comprometedores audios. Pero “los muertos tarde o temprano“ y el poder no es para siempre.