¿Congreso virtual o fantasma?

La virtualidad no es el enemigo, pero tampoco puede seguir siendo la coartada perfecta para el ausentismo ni para el desgano legislativo. En la era de la transformación digital, modernizar no solo equivale a encender una cámara en la PC, equivale básicamente a ampliar el “ancho de banda” de la transparencia institucional.

Cuando, hace más de una década, la Asociación Civil Transparencia me pidió evaluar el portal web del Congreso para identificar oportunidades de mejora, propuse, entre otras cosas, la creación de una oficina de ciudadanía digital. Era el año 2014, y aunque plataformas de video streaming como Zoom aún no eran verbo ni excusa, ya se vislumbraba que la tecnología podía abrir ventanas al escrutinio ciudadano y a una democracia más participativa.

Hoy, esa promesa se devaluará -más- si el Congreso 2026 —ya bicameral y con infraestructura millonaria en camino— decide usar la tecnología solo para evitarles el tráfico limeño a los futuros parlamentarios. Los siete proyectos de ley sobre propuestas de reglamento general para el Parlamento, presentados por actuales legisladores, proponen formalizar el uso de plataformas digitales para atender las sesiones respectivas. A simple vista, esto parecería sensato. ¡Hasta innovador!

Después de todo, en tiempos de emergencia, paros y marchas una solución digital puede garantizar la continuidad institucional.

Pero el problema es que aquí la excepción se ha convertido en costumbre. Basta con mirar las imágenes de comisiones vacías mientras las sesiones transcurren entre chats, fondos virtuales y micrófonos mal cerrados. ¿Modernización? No. Apenas una sala con sillones muy confortables, además de tener Wi Fi. Eso no es de ninguna manera modernización, ni menos “gobierno abierto”.

No hay peor manera de minar la credibilidad institucional que camuflar el ausentismo con conectividad. La transformación digital de un Parlamento va mucho más allá del uso de Zoom o del Meet. Implica una reforma integral de procesos, cultura y objetivos.

Supone una estrategia que articule la presencialidad con canales de participación ciudadana en línea, apertura de datos legislativos en tiempo real, mecanismos de consulta digital y, sobre todo, una lógica de rendición de cuentas que empodere al ciudadano como fiscalizador activo.

La verdadera transformación digital parlamentaria exige una arquitectura de gobernanza abierta. Exige oficiales de ciudadanía digital, estrategias de interoperabilidad de datos públicos, uso de inteligencia artificial para sistematizar dictámenes y votaciones, canales de retroalimentación ciudadana que puedan ser revisados por cualquier peruano, en cualquier momento. Y sí, también implica sesiones virtuales, pero como recurso complementario, no como escape cotidiano.

Modernizar el Congreso vía la virtualidad no puede equivaler a darles patente de corso a los futuros parlamentarios para que se ausenten sin ton ni son. Definitivamente, nos merecemos un Parlamento del siglo XXI, como el que sugería hace más de diez años, pero eso implica, como siempre decimos, “ampliarle el ancho de banda” a la gente para que vía la tecnología participe, cuestione y se informe con más transparencia sobre lo que ocurre en los vericuetos congresales. Una sesión por Zoom sin eso es solo una curul vacía más en una sala plena cada vez más fantasmal.