Crece el mal

Durante la jornada del martes 24, ha sido ubicua una imagen que grafica a la perfección la actitud del país hacia el conflicto en torno al destino de la administración de justicia en el país. Al final de cuentas, como bien reza el dicho, una imagen vale más que mil palabras.

Omar Jordán, el periodista de Canal N encargado de reportar las incidencias desde los exteriores de la sede central del Ministerio Público, envía sus despachos teniendo detrás de sí un escueto cordón policial. Al fondo, vehículos y transeúntes continúan su trajinar como si nada pasara. A ratos, una rala concurrencia grita desganadas arengas, que no llegan a distinguirse si son a favor de Delia Espinoza o de Patricia Benavides.

En pantallas televisivas y de celulares, se suceden abogados que defienden la posición de uno y otro lado. Ambos bandos se autoperciben como cruzados: de la institucionalidad, del Estado de derecho, de la lucha contra la corrupción, del combate a la mafia.

Pero, como bien decía el Editorial de este Diario, “ningún observador sensato y honesto podría sentirse a gusto poniéndose del lado incondicional de ninguno de los dos grupos que buscan imponerse en el Ministerio Público” (22/06/2025). En el fondo, más parece una disputa intestina disfrazada de debate público.

En términos jurídicos, la discusión parece interminable. Sobre todo, porque, como gustan decir los abogados, el derecho no es una ciencia exacta. En medio de ello, se hace extrañar alguna guía externa. La claridad bien podría provenir de un Ejecutivo con cierta legitimidad, aunque frente a sus actuales circunstancias más le vale ponerse de lado.

Otra fuente de mediación podría provenir del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, pues ambos entes forman parte del sistema de justicia. No obstante, sus cabezas parecen más interesadas en otros asuntos. De hecho, horas antes del cierre de esta columna, una resolución del PJ suspendió a Benavides por un plazo de 24 meses, abriendo un nuevo episodio en esta comedia del absurdo.

Pero el peor precedente de la situación actual es su eventual reiteración como punto final de un proceso electoral en curso. Algo de ello se vio en el 2021, aunque Pedro Castillo –devenido luego en golpista– pudo juramentar en el cargo. Llegar al 2026 con dos bandos que se crean dueños de la verdad y desconozcan lo que las urnas digan, en abril y junio, arroja sobre nuestras instituciones una proyección particularmente desoladora.

En efecto, la creciente desconfianza en la transparencia de los organismos electorales reportada por Datum en agosto del 2024 ( 63%) crece considerablemente en junio del 2025 ( 73%) (El Comercio, 22/06/2025). Quizás haya que repetir la airada queja de Vallejo que sostiene: “crece el mal por razones que ignoramos”. Aunque, a veces, prefiramos ignorarlas.