Ilusiones y realidades en las percepciones ciudadanas

La encuesta de opinión de mayo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ofrece información útil para entender un poco mejor las expectativas ciudadanas y el peculiar entrampamiento político en el que nos encontramos.

El gobierno del presidente Pedro Castillo ciertamente es muy débil y se deteriora cada vez más, aunque mantiene todavía una base de respaldo que lo sostiene a pesar de todo. En mayo, la aprobación a la gestión del presidente cayó nuevamente, llegando al 21% de los encuestados, mientras que la desaprobación llega al 70%. Con todo, más preocupante para el Gobierno es el aumento en la percepción de que este será aún más corrupto que los anteriores, que pasó del 21% al 32% de los entrevistados entre abril y mayo, mientras que el porcentaje de quienes pensaban que terminará siendo menos corrupto cayó de un 39% en diciembre a un 20% en mayo. Al mismo tiempo, encontramos que el porcentaje de ciudadanos que considera que la mejor salida a la crisis política es la realización de nuevas elecciones generales pasó del 48% al 67% entre diciembre y mayo, mientras que quienes consideran que el presidente Castillo debe mantenerse como presidente cayó del 38% al 24% en el mismo período.

Pero el presidente cuenta también con ciertos elementos que lo ayudan a sostenerse. En primer lugar, la debilidad de las alternativas. La mayoría de encuestados no aprueba al presidente, pero tampoco aprueba al Congreso, dominado por la oposición. La aprobación al Congreso sigue una tendencia declinante y es aprobado apenas por el 10% de los entrevistados, mientras que el 87% lo desaprueba. Decisiones recientes del Congreso despiertan un rechazo mayoritario en la población: por ejemplo, preguntados sobre quiénes deberían supervisar a las universidades, un 74% considera que deberían ser profesionales externos a las mismas, seleccionados por concurso, como funcionaba la Sunedu antes de la ley que cambió la composición de su consejo directivo, incorporando representantes de las propias universidades (esquema aprobado por el 19%).

El deterioro tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso a ojos de la ciudadanía es muy preocupante, podría abrir la puerta al discurso facilista de “que se vayan todos” y alienta la noción de la necesidad de una suerte de “borrón y cuenta nueva” que se expresaría en la demanda de una nueva Constitución Política. Preguntados los encuestados sobre la propuesta del presidente Castillo de convocar a elecciones para una asamblea constituyente, si bien un 49% se muestra en desacuerdo, un importante 47% declara estar de acuerdo, especialmente en el ámbito rural, en el sur del país y entre los más pobres.

Claramente, estos porcentajes no se explican por el respaldo al Gobierno, muy por debajo de ese nivel. Esto, a pesar de que quienes piensan que debemos tener una Constitución enteramente nueva son el 31% de los encuestados, frente a un 49% que prefiere “hacer algunos cambios a la actual”. Es decir, hay algunos que, prefiriendo cambios parciales, prefieren una asamblea constituyente, muestra elocuente del escepticismo que genera un proceso de reformas encabezado por el actual Congreso.

Ahora, esto último no implica en absoluto que los ciudadanos tengan claro qué es lo que esperarían de una nueva Constitución. Un 42% reconoce que no ha leído la Constitución vigente y apenas un 4% declara haberla leído completa. Más de la mitad solo “ha leído algunos artículos”. En parte está la ilusión de que establecer algo por ley implicaría su cumplimiento (mejorar el acceso o la calidad de la educación y de los servicios de salud, por ejemplo), en vez de priorizar el fortalecimiento de las capacidades estatales o pensar que lógicas punitivas (penas más duras por delitos, incluyendo la pena de muerte) contendrán la delincuencia, la violencia sexual o la corrupción.

En conclusión, si los actores principales del juego político no ofrecen alternativas, se incuban y desarrollan sentimientos antisistema que constituyen saltos al vacío. Y no estamos para más incertidumbre.